Riesgo de desapego

En vísperas de la renovación del Tribunal Constitucional, la actual Sala ha decidido mantener en prisión a Arnaldo Otegi y sus compañeros para no condicionar la futura decisión del próximo tribunal en un asunto tan sensible como la revisión o reafirmación de la condena del Supremo por colaboración con banda armada a algunos de los principales dirigentes de la izquierda abertzale. El actual Constitucional ha decidido pasar la "patata caliente" al próximo tribunal ante un asunto que levanta pasiones encendidas.

Otegi había pedido la excarcelación al haber cumplido más de la mitad de la condena que el Tribunal Supremo le había impuesto, de seis años y medio, por colaboración con banda armada, al ser una práctica habitual en los casos de condenas no muy altas.

Personalidades relevantes como Baltasar Garzón, instructor del caso Bateragune; el juez Javier Gómez Bermúdez, uno de los padres de la doctrina Parot, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, han cuestionado la continuidad en prisión de Otegi por el delito de colaboración con banda armada.

El fiscal del Tribunal Superior del País Vasco, Javier Calparsoro, ha pedido al Constitucional que se pronuncie rápidamente sobre el fondo de la cuestión para no prolongar la estancia de Otegi en prisión indebidamente. La misma reclamación han hecho el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el líder del PSE, Patxi López, en coincidencia con la opinión mayoritaria en Euskadi favorable a su excarcelación.

Se da la paradoja de que la reorganización de Bateragune por la que se le acusa a Otegi de colaborar con banda armada fue para crear Sortu, un partido en cuyos estatutos se condena la violencia de ETA y que es legal desde hace más de un año. Para mayor abundamiento, Otegi fue decisivo en el logro del cese definitivo de la violencia de ETA en octubre de 2011. El propio auto del caso Bateragune recoge las tensiones existentes entre la banda y Otegi durante la etapa que se juzga.

La Constitución española ampara la reinserción de los condenados, como ha puesto de relieve la democracia española en sus mejores años, y el de Otegi es un caso de libro. Una rápida resolución del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión puede paliar la decisión de ayer de rechazar la excarcelación. De lo contrario, el riesgo de un incremento de la desafección social en el País Vasco hacia las instituciones españolas está servido.