El 15-M de los intelectuales indignados

Viene a ser una especie de 15-M de los intelectuales, entendido como la movilización de la sociedad civil para cambiar la agenda de los partidos políticos e incluir en ella reformas de regeneración de la democracia.

Obviamente, no salen a la calle para protestar y su movilización se produce en forma de manifiestos, iniciativas legislativas, foros de debate y recogidas de firmas. Difiere también del 15-M en el fondo porque a diferencia de aquel movimiento que nació hace dos años, no cuestiona el sistema ni busca sustituirlo, sino que lo que pretende es modificarlo y reformarlo para conservarlo. Especialmente, su objetivo es el funcionamiento interno de los partidos, porque entienden que de ahí procede la corrupción y la falta de decisiones frente a la crisis. Por eso, el bucle en el que entran estos movimientos es que, precisamente, que son los propios partidos los que tendrían que tomar las medidas que les afectan y que limitan su margen de maniobra.

Del 15-M y de movimientos similares como el de resistencia a los desahucios pretenden imitar la capacidad de situar en la agenda política asuntos que, inicialmente, no estaban entre los manejados por los principales partidos. Por ejemplo, esos movimientos lograron mover al Gobierno del PP de su posición inicial y terminar por cambiar la ley hipotecaria, de forma limitada, pero al fin y al cabo con cambios desde la inicia posición de un código de conducta de libre adhesión para los bancos.

Sevilla: “Aquí no hay movimientos populistas sino de más democracia”

Difiere también en que tiene caras reconocibles que lideran y dan visibilidad a las iniciativas que han proliferado en los últimos meses. También en que la voluntad de la mayoría de estas iniciativas es terminar concretándose en textos articulados o proyectos de ley, siempre dentro del sistema. Solo en el caso de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) el proceso terminó con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, después de aceptarse a trámite, fue diluida en el Congreso.

Se enfrentan a la dificultad de que la Constitución impide ejercer la ILP para asuntos que afectan a leyes orgánicas, es decir, a derechos fundamentales. Por eso, buscan otras vías como el derecho constitucional de petición.

Tiene en común con aquella protesta que es transversal porque participan personas de ideología heterogénea, con vocación transversal. Por ejemplo, uno de los promotores y agitadores de Foro más democracia es Jordi Sevilla, pero junto él y otros muchos hay exministros del PP, intelectuales sin adscripción política y hasta el presidente de Coca Cola en España, Marcos de Quinto. En este caso, el objetivo es también la reforma de la ley de partidos, pero como foro de debate para hacer una propuesta concreta. “Los partidos son necesarios, pero no con este funcionamiento y algo hay que hacer para cambiarlo”, asegura Sevilla.

Según el exministro de Administraciones Públicas en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, “si en la dictadura luchamos, ¿por qué en la democracia no lo vamos a hacer para mejorar la democracia?”.

Sevilla explica que “a diferencia de otros países como Italia o Grecia, en España no nacen propuestas populistas como la de Grillo o neofascistas, sino de mejora de la democracia”.

César Molinas, economista y promotor del manifiesto Por una nueva ley de partidos asegura que “ante la falta de diagnostico de los grupos políticos, la sociedad civil se mueve. El 15-M era antisistema y nosotros regeneracionistas del sistema para conservarlo”. Su reproche hacia los intelectuales es que hasta ahora no se hayan movilizado, como se hizo en la transición.

Todos estos movimientos se apoyan también en nuevas tecnologías, sin discutir la democracia representativa, pero en lo que la abogada del Estado Elisa Nuez califica como la “nueva democracia”, que permite la participación en foros de debate, en recogidas de firma y en altavoz de las propuestas. Por ejemplo, la plataforma www.change.org que sirve de vehículo a iniciativas como la que se impulsó contra las tasas judiciales. Hace un año se creó también la Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos.