La Comunidad de Madrid fraccionaba contratas para la red Gürtel y eludir la ley

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz señala en un auto que Alberto López Viejo, exconsejero del Gobierno de la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre, eludió la ley de contratas públicas fraccionando el importe de numerosos actos y adjudicaciones que irregularmente recibió la trama Gürtel de distintos departamentos de la Comunidad de Madrid. Ruz afirma que la red habría efectuado "cuantiosos pagos" al exconsejero madrileño de Deportes López Viejo como consecuencia de adjudicaciones irregulares. Cada vez que Esperanza Aguirre realizaba un acto público, el escenario lo montaba la red que dirigía Francisco Correa por encargo de López Viejo.

Según el auto de Ruz, la Comunidad fraccionaba el precio de los actos en cantidades inferiores a 12.000 euros para eludir la ley y poder adjudicar a dedo, a la trama, los actos y contratas. En muchas obras López Viejo, en connivencia con la red, simulaba la invitación de varias empresas al concurso: es decir, concurrían firmas con distinto nombre, aunque todas ellas pertenecían al conglomerado Gürtel. Y no solo eso: había otras sociedades también compinchadas con la red, como el Grupo Rafael, que percibían comisiones de hasta un 11% por colaborar con la trama en el desarrollo de algunas contratas. Los informes policiales revelan, además, que se inflaban los precios de los actos públicos hasta en un 100% respecto a los del mercado. De ahí salían las comisiones. Y todo ello con "conocimiento de Alberto López Viejo", según Ruz.

Un informe encargado por el juez, del que extrae parte de estas imputaciones, señala que la Comunidad de Madrid fraccionó entre 2004 y 2007 adjudicaciones por importe de 3,1 millones de euros en 104 contratos menores (de menos de 12.000 euros) para evitar que se sometieran a concurso público. Según Ruz, “los informes emitidos por la Fuerza policial actuante así como por las Unidades de Auxilio Judicial, y en lo que respecta al imputado en las actuaciones Alberto López Viejo se desprende indiciariamente que desde el entorno u organización del también imputado Francisco Correa Sánchez se habrían efectuado cuantiosos pagos a aquel, como consecuencia de la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad Autónoma de Madrid.

El juez Ruz ha ampliado la lista de imputados en relación con las contratas irregulares de la Comunidad de Madrid. El próximo 20 de junio ha citado a cuatro imputados y tres testigos relacionados con estas adjudicaciones presuntamente irregulares. A partir del día 20 declararán como imputados, por colaboración con la trama, a Juan Ignacio Hernández, vinculado al grupo Elba; Antonio Martín Sánchez, de la también sociedad pantalla MQM, así como Carmen Moreno Crespo y Carmen García Moreno, administradoras de distintas sociedades pertenecientes al grupo Rafael.

La que fue jefa de secretaría de López Viejo, Carmen García, declarará como testigo. Ella firmó una propuesta de adjudicación para el Parque Forestal del Sur. También declarará el exdirector de Servicios Generales de la Academia de Policía Local de Madrid Javier Peña. López Viejo", a quien se le atribuyen los delitos de prevaricación, cohecho, malversación, fraude y contra la Hacienda Pública.