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El Gobierno retira su capacidad de sanción sobre autonomías y municipios

El ministro de Hacienda no podrá decidir la sustitución de un alcalde como le exigía CiU y PNV

El Gobierno da muestras de no querer estar solo en la aprobación de la futura Ley de Transparencia y del Buen Gobierno. Así, en las últimas horas, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha eliminado escollos relevantes que han permitido que CiU y el PNV retiren las enmiendas de devolución que habían presentado. Antes ya logró que el PSOE ni siquiera la presentara a la espera de que la norma mejore ostensiblemente y se atiendan sus demandas esenciales. La mayoría absoluta del PP se basta por sí misma para rechazar las enmiendas de devolución - que el texto vuelva al Gobierno y lo rehaga - defendidas hoy por Izquierda Plural, UPyD, ERC, Compromis-Equo, BNG y Amaiur .

La Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a cuyo frente iba a estar una persona elegida por el Gobierno, era uno de los escollos para que el PSOE y la mayoría de los grupos apoyaran la ley. “No queremos que al controlador lo controle el ministro de Hacienda”, habían proclamado los socialistas. Esto ya no será así. La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que el supervisor del cumplimiento de la ley será un Consejo "independiente", elegido por "mayoría absoluta".

También se abren las puertas al acuerdo con tres grupos -PSOE, CiU y PNV- por el compromiso de la vicepresidenta de "revisar" el régimen sancionador para las Administraciones autonómicas que en el proyecto inicial del Gobierno podía terminar con la destitución de alcaldes y concejales desde el Ministerio de Hacienda de Madrid. Los nacionalistas dan por seguro que el Gobierno lo retirará por completo y ya no será el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien sancione a las Administraciones autonómicas y locales, sino sus propios órganos.

En las últimas horas la vicepresidenta y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes han mantenido una intensa actividad para que la andadura de esta futura ley -puede estar aprobada a últimos de este año- comenzara con buen pie, esto es con pocas enmiendas de devolución. Con el PSOE el acuerdo se alcanzó hace días y con CiU y PNV en las vísperas del debate. También el PSOE está en contra de la arbitrariedad que podría suponer dotar al ministro de Hacienda la capacidad sancionadora de conductas que considere inapropiadas de las administraciones autonómicas y locales. "Una sanción que puede traducirse en la sustitución de un alcalde por no se sabe muy bien qué conducta; inasumible de todo punto", ha señalado el diputado de CiU Jordi Jané al congratularse de que eso ya no vaya a ser así. Pero queda mucho por andar aún para que la futura ley se adecúe a la legislación autonómica y municipal, y la respete. Aún quedan otros artículos que al menos los nacionalistas pelearán para que se eliminen. "Debe desaparecer de la ley que los Presupuestos del Estado establezcan el baremo retributivo de los alcaldes", ha pedido Jané. Sobre esto aún no hay compromiso de la vicepresidenta.

Sí lo hay respecto a quien controla al controlador, también de forma verbal. Esa persona elegida por el ministro de Hacienda para supervisar el cumplimiento de la ley, será sustituida por un consejo "independiente", petición de todos los grupos parlamentarios. Todos quieren ver cómo queda la regulación de la Casa del Rey, y de los demás entes incluidos de los que aún no se ha precisado como quedarán aunque en fuentes gubernamentales se precisa que el acceso a su funcionamiento tendrá diferencias. No se podrá exigir a los partidos políticos, a los sindicatos y a las patronales que den cuenta del contenido de sus reuniones, pero sí de sus cuentas en tanto que reciben subvenciones del Estado, Tampoco a la Casa del Rey se le podrá exigir que explique al detalle lo que gasta el jefe del Estado de su retribución. Pero entre el folio escaso que ahora se presenta como cuentas de la Casa Real y lo que la ley le exigirá hay un trecho ancho y largo por recorrer, explican las mismas fuentes. El escrutinio de la Casa  Real se equiparará al del Congreso, el Senado y el Tribunal de Cuentas.

No da margen de confianza, de momento, Izquierda Plural, como ha explicado su portavoz en este proyecto, Josep Joan Nuet. Tampoco Olaia Fernández Dávila del BNG, Alfred Bosch de ERC y el representante de Amaiur, Rafael Larreina, hoy ausente de la Cámara como el resto de diputados de ese grupo por seguimiento de la huelga convocada en el País Vasco. Quien ha expresado más reticencias sobre los planes del Gobierno ha sido el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán. "Bastante fe han metido ustedes en la Ley de Educación como para introducirla también en la Ley de Transparencia; no, yo no tengo fe, porque no tiene que haberla en una democracia y en una ley de transparencia".  Primero, quiere ver cómo se regula todo lo comprometido verbalmente, que hasta ahora, solo es "bla bla bla", ha dicho en tono despectivo el portavoz adjunto de UPyD.

A medida que el debate ha avanzado algunos portavoces han endurecido su discurso. En el caso de Martínez Gorriarán de UPyD se ha producido al escuchar a los portavoces nacionalistas dar por seguro que el Gobierno ha cedido a sus demandas y el régimen sancionador cuando sea necesario no vendrá del gobierno central sino que será cada autonomía quien tenga esa capacidad. "Ya está el cambalache", ha proclamado. Lo dijo en un primer momento en referencia al PSOE por la constatación de que no presentaba una enmienda a la totalidad , pero su preocupación viene sobre todo por la retriada de la mano del Gobierno de la acción de los entes autonómicos. "Está claro que ustedes han llegado a un acuerdo para que haya 17 leyes de transparencia. Empezamos bien, una ley de transparencia que arranca con acuerdos opacos para repartirse la tarde; si se consolida el disparate competencial, estaremos en contra". A esta objeción de fondo no ha respondido la vicepresidenta. Tampoco ningún otro representante político se centró en este asunto competencial.

¿Todo acordado con el PSOE? Al menos, hay voluntad de acuerdo como ha señalado la diputada y portavoz de Administraciones Públicas, Mertixell Batet que junto a José Enrique Serrano, mantienen un nivel alto de diálogo con el Gobierno y con el representante del Grupo Popular en esta ley, Esteban González Pons. "Vamos a presentar muchas enmiendas pero no ganamos nada con pedir la devolución de la ley porque sería empezar de nuevo y posponer aún más la norma", ha explicado Batet. El grupo mayoritario de la oposición estará muy atento a cómo queda el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a acceder a la información de las administraciones y a los límites. Este es otro de los asuntos controvertidos; los asuntos vedados a los ciudadanos. "Solo debería denegarse la información que afecte a la seguridad nacional y a la intimidad de las personas", ha apuntado la portavoz socialista.

En la defensa de la ley, la vicepresidenta del Gobierno, que ha llevado de su mano esta ley, junto al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón,  -al que toda la oposición reconoce su labor e intentos de acuerdo- ha hecho una suerte de inculpación colectiva al afirmar que su ausencia supone “una laguna injustificable en el ordenamiento jurídico español que va a obligar a la necesaria rendición de cuentas de la Administración, y de todos los cargos públicos, electos y no electos”. No es una ley anticorrupción, como recalcan todos los grupos, aunque semanas atrás pudo dar esa impresión ya que las comparecencias de expertos para que opinaran sobre esta norma señalaron que los partidos, los sindicatos, la casa del Rey, y todas las futuras incorporaciones, deberían estar sin la menor duda. No lo había pensado así el Gobierno en su redacción inicial del proyecto , pero ya no hay marcha atrás. Aún así, esta ley, como todas las vigentes en el mundo de esta naturaleza, está pensada prioritariamente para que los ciudadanos tengan derecho a acceder a todos los actos de la administración.

El debate oficial acaba de empezar una vez rechazadas las enmiendas a la totalidad. Y ahora todo tiene que quedar por escrito, aunque las conversaciones continúen en los despachos. El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, no ha dejado dudas. "Queremos un acuerdo en la Ley de Transparencia por lo que le pido al Gobierno que escuche, porque nuestras posiciones están basadas en la responsabilidad y en la necesidad de transparencia". Con expresiones similares ha cerrado la vicepresidenta este debate, tenso en momentos, singularmente con Martínez Gorriarán, aunque con chispazos con Josep Joan Nuet de ICV y Alfred Bosch de ERC. Este último ha hecho alusión al uso de tarjetas de crédito por parte de altos cargos. "Mire sus cajones, que a lo mejor tiene alguna". A esto Sáenz de Santamaría ha replicado que sus tarjetas se las paga con su sueldo. "No he querido herirla y si así se ha sentido lo retiro". Así quedó zanjado. Sí se vislumbra que en caso de acuerdo no será total. El Gobierno mira hacia el PSOE, PNV, CiU y Coalición Canaria.

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