El juez amplía a 10 años la investigación fiscal sobre la Infanta

La Agencia Tributaria deberá examinar, por orden del juez José Castro, todos los datos de la actividad económica durante la última década de la infanta Cristina. El instructor del caso Urdangarin ha precisado a las autoridades de Hacienda —a petición de estas— el periodo que abarca su encomienda de escrutinio general sobre la transparencia y legalidad de fondos y cuentas. También sobre posibles fondos derivados a países fiscalmente opacos por empresas de la trama de Nóos.

Castro extiende desde 2002 hasta 2012 el ámbito de documentación sobre las rentas y declaraciones de la hija del Rey. El juez, en la pauta de investigación marcada por la Audiencia de Palma al suspender —de momento— la imputación de la Infanta, indaga la existencia de posibles indicios que la relacionen con los delitos fiscales y de blanqueo de capitales. La Audiencia la ve como “supuesta cooperadora omisiva de socio no administrador” en una defraudación fiscal, por ser copropietaria, con su esposo, Iñaki Urdangarin, de la empresa familiar Aizóon, una sociedad pantalla para defraudar, según tres magistrados.

Un millón de euros bajo sospecha fue canalizado a través de la sociedad Aizóon que, a su vez, destinó tres millones a la propiedad inmobiliaria del palacete de Pedralbes, en Barcelona, donde viven los duques de Palma. La Audiencia afirmó que lo que resulta “más dudoso” es que la Infanta “desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra la Hacienda Pública”. El yerno del Rey está imputado por tres delitos fiscales, dos por la renta y uno por el impuesto de sociedades.

En la causa están incluidas las declaraciones de IRPF de la Infanta de la última década, pese a la oposición de la hija del Rey, que entendía que se vulneraba su derecho a la intimidad.