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El empresario Mayor Oreja admite pagos al PP fuera de los papeles de Bárcenas

Los populares replican que esos donativos nominales estaban en 2011 dentro de la ley y de la contabilidad oficial

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José Mayor Oreja, a su salida de la Audiencia Nacional.

El empresario José María Mayor Oreja, expresidente de FCC Construcción, filial de Fomento de Construcciones y Contratas, ha reconocido esta tarde ante el juez Pablo Ruz haber realizado dos pagos al PP, a través de dos sociedades filiales -Promociones Teide y BBR- que no eran adjudicatarias de contratos con la Administración. El industrial, hermano del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, ha asegurado que los pagos se hicieron a través de estas sociedades participadas al 100% por FCC, por consejo de los servicios jurídicos de la constructora. Al efectuar los abonos a través de empresas filiales sin contratos con las administraciones, evitaban la prohibición de donar que les imponía la Ley de Financiación de Partidos.

La Ley de Financiación de Partidos Políticos, de 2007, establece en su artículo 4 que "los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público". El mismo texto legal va más lejos y extiende la prohibición de aceptar donativos de "empresas pertenecientes al mismo grupo que aquellas, de empresas participadas mayoritariamente por aquellas ni de sus fundaciones".

El PP, sin embargo, niega esta posición tajantemente y afirma, en un comunicado emitido esta misma tarde, que la modificación de esa ley de financiación de partidos se produjo en 2012, con lo que no afecta a los donativos nominales incluidos en la contabilidad oficial de 2011. Y que, por tanto, según ese criterio, serían legales. El PP sostiene así que es a partir de 2012 y no de 2007 cuando se prohíbe a las empresas participadas realizar donativos a los partidos políticos.

El fiscal vuelve a preguntar

El fiscal anticorrupción personado en los interrogatorios a los empresarios, Antonio Romeral, se ha defendido esta tarde en la sala de vistas de las acusaciones de pasividad que le lanzaron el lunes algunos abogados por no formular pregunta alguna a los industriales imputados por su aparición en los papeles de Bárcenas. Según fuentes jurídicas, Romeral ha señalado que si el lunes no preguntó fue porque el magistrado Pablo Ruz, que intervino en primer lugar, "había agotado" todas las cuestiones y no quería ser "redundante, como algunas de las defensas".

Mayor Oreja ha declarado durante alrededor de una hora en la Audiencia Nacional ante Ruz en relación con su presencia en los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del extesorero del PP. El empresario, que salió de FCC el pasado 11 de marzo, el mismo día en que la Audiencia admitió a trámite la querella sobre los manuscritos de Bárcenas, aparece en los manuscritos del extesorero como supuesto autor de dos pagos en 2008 por un total de 165.000 euros. Mayor Oreja ha negado rotundamente estos pagos de la contabilidad de Bárcenas.

Tras la declaración de Mayor Oreja, ha pasado a la sala de vistas Manuel Contreras Caro, presidente de la constructora sevillana Azvi. Este ha negado también los 13 pagos por 858.000 euros entre 2002 y 2008 que figuran en los papeles de Bárcenas. "No sé por qué estoy en la lista, aunque tengo mis sospechas, pero no puedo decirlo", ha afirmado, según fuentes judiciales. Contreras ha asegurado que no conoce a los extesoreros populares Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, aunque sí ha reconocido tener trato con el exsecretario general del PP Javier Arenas, "por ser de la misma tierra", Andalucía.

En este momento declara el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, al que seguirá Juan Manuel Fernández Rubio, consejero de Aldesa. Los interrogatorios de este martes constituyen la segunda de las tres tandas en las que el juez Ruz ha dividido las declaraciones de los ocho empresarios que figuran como supuestos pagadores en la contabilidad publicada por EL PAÍS el pasado 31 de enero, y contra los que se querelló Izquierda Unida en la denuncia que dio pie a la investigación judicial.

Los tres primeros empresarios en declarar por su aparición en los papeles de Bárcenas no arrojaron este lunes luz alguna sobre el caso. Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, una de las mayores constructoras de obra pública de España, y José Luis Sánchez Domínguez, dueño de Sando, una compañía de ingeniería civil con sede en Málaga ,negaron haber entregado cantidad alguna de forma opaca al PP. El tercer compareciente de la jornada, Alfonso García Pozuelo, antiguo dueño de Constructora Hispánica, y considerado el constructor de Gürtel, se acogió a su derecho a no declarar por consejo de su abogado,