El fiscal rechaza interrogar a los constructores citados por el juez Ruz

La sorpresa —y en algunos casos el enfado— de los abogados presentes en el interrogatorio de los empresarios que figuran en los papeles de Bárcenas era ayer notable. El fiscal anticorrupción, Antonio Romeral, rechazaba formular pregunta alguna a los constructores imputados en una de las causas de corrupción más destacadas de los últimos tiempos. La aparente pasividad del representante del ministerio público, según las fuentes consultadas, se vio compensada por el papel más activo del magistrado instructor, Pablo Ruz.

El fiscal, según letrados presentes en la sala de vistas, apenas pronunció palabra más que para oponerse a la celebración de una comparecencia —una vistilla, en jerga jurídica— solicitada por una de las acusaciones para solicitar medidas cautelares para los tres constructores querellados. El juez rechazó la petición, primero verbalmente y luego por escrito a través de una providencia —resolución judicial para asuntos de orden secundario—. El magistrado entiende que la comparecencia que prevé el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no es admisible porque "la parte querellante no ha expuesto elementos nuevos que requieran la modificación de la situación procesal de estas personas que están en libertad desde que se admitió a trámite la querella".

La Asociación Libre de Abogados (ALA), una de las acusaciones populares personadas en el caso de los papeles de Bárcenas, pretendía solicitar prisión provisional para el constructor Alfonso García-Pozuelo, que no se sometió a las preguntas de ninguna de las partes. En su providencia, Ruz recuerda que el “negarse a declarar es un derecho constitucional”, y que no puede ser motivo para modificar una situación procesal. García Pozuelo abandonó la sede de la Audiencia Nacional ocultando su rostro bajo un casco de moto. En la acera de enfrente a la sede judicial una veintena de personas le esperaban con pancartas de “constructores, corruptores” y “PP sobrecogedores”.

Esta tarde está previsto que declaren ante Ruz los constructores José María Mayor Oreja, de FCC; Luis del Rivero, expresidente de Sacyr; Manuel Contreras, de Azvi y José Manuel Fernández Rubio, de Aldesa. Tras las declaraciones de los ocho empresarios que figuran en la querella de Izquierda Unida, el juez Ruz deberá decidir si cita al resto de empresarios —hasta 19— cuyo nombre hizo constar Bárcenas en su contabilidad como supuestos pagadores.