El fiscal recurre la libertad de Ciganda para que se le aplique la ‘doctrina Parot’

La Fiscalía ha anunciado hoy que recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo la excarcelación del etarra Jesús María Ciganda que estaba prevista para 2019, pero que se ha adelantado al considerar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que no era de aplicación en su caso la doctrina Parot. La Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene previsto recurrir esta decisión del pleno de la Sala de lo Penal, al estimar que Ciganda debía permanecer encarcelado en aplicación de la doctrina Parot.

El histórico etarra Josu Ciganda Sarratea, condenado a un total de 822 años de prisión por nueve asesinatos, ha quedado en libertad por orden de la Audiencia Nacional, tras pasar 24 años entre rejas. El pleno de la Sala de lo Penal ha decretado el licenciamiento definitivo de Ciganda, por la no aplicación de la llamada doctrina Parot, según han informado fuentes jurídicas. La excarcelación ha provocado duras críticas de las asociaciones de víctimas del terrorismo.

La Sala de lo Penal ha comunicado este miércoles a la cárcel de Jaén la excarcelación inmediata del terrorista, al entender que ya había cumplido su pena el 9 de marzo de 2011.

Ciganda fue detenido el 27 de abril de 1989 junto sus compañeros en el comando Eibar de ETA Juan Carlos Balerdi Iturralde, Eneko, y Fermín Urdiain Cirizar, Txiki. Este comando fue el supuesto autor de los asesinatos de Sebastián Aizpiri y Francisco Zabaleta, quienes fueron señalados como narcotraficantes por lo que entonces se denominaba como el entorno de ETA. Por estos hechos Ziganda fue condenado a 60 años. También colocaron la bomba que causó la muerte al ertzaina Juan José Pacheco, por lo que fue condenado a otros 42 años.

En 1989 fue condenado a una pena de 29 años de cárcel por el asesinato del camarero José Ignacio Agirrezabalaga en el Bar Nikol de Zumaya (Guipúzcoa). La banda terrorista le acusaba sin pruebas de estar vinculado a los GAL. Un año después la Audiencia Nacional le condenó a otros 29 años de cárcel por el asesinato en Guipúzcoa del sargento de la Guardia Civil, José Luis Gómez Solís. Fue tiroteado en presencia de su mujer pocas horas después del atentado en la casa cuartel de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987.

En 1990 fue condenado a 134 años de cárcel por la colocación de un coche bomba ante el paso de un convoy policial que iba a prestar protección en el partido de fútbol entre el Eibar y el Sabadell. En este atentado falleció un agente y resultaron heridas graves otras cuatro personas.

Su siguiente condena se produjo en 1994 cuando se le impusieron otros 52 años de cárcel por el asesinato de dos guardias civiles de ellos de 22 y 29 años con un coche bomba en Gernika (Guipúzcoa). También participó en 1988 en Zarautz en el asesinato del hostelero Engraciano González Macho por lo que fue condenado a otros 30 años. La Audiencia Nacional, el día 27 de enero de 1997, le impuso otros 220 años de cárcel por un atentado cometido en junio de 1987 contra la Casa Cuartel de Eibar (Guipúzcoa), en el que ocho agentes y otros tantos civiles resultaron heridos.

A lo largo de su estancia en prisión ha pasado por las cárceles de Ceuta, Puerto 1 (Cádiz) y, actualmente, se encontraba en la prisión de Jaén. Las cárceles del Sur más lejanas del País Vasco son aquellas en las que el Ministerio del Interior recluye a los considerados más duros dentro del colectivo de presos de ETA.

La asociación Voces Contra el Terrorismo (VCT) ha denunciado que "Instituciones Penitenciarias ha recibido esta tarde la orden de la puesta en libertad del etarra, con sorpresa del propio terrorista que no esperaba su inminente excarcelación".

Para el presidente del colectivo, Francisco José Alcaraz, "este es un paso más en la rendición del actual Gobierno de España ante la banda terrorista ETA que no puede quedar impune". Alcaraz anuncia que "las víctimas del terrorismo darán respuesta a esta nueva traición del Gobierno, que ultraja la memoria de nuestros familiares".