Al margen de la ley

Son tiempos de crisis, y no solo económica, sino también de la democracia y del Estado de derecho. Uno de los rasgos más claros en este último orden de cosas es el regreso del privilegio, esto es, la tendencia a constituir en beneficio propio, desde posiciones de poder, un ámbito propio de decisión o normativo, donde se incumple la legalidad vigente. En su Ensayo sobre los privilegios, lo definió el abate Sieyès: “Todos los privilegios tienen por objeto, bien dispensar de la ley, bien conferir un derecho exclusivo a algo que no está prohibido por la ley; la esencia del privilegio es estar fuera del derecho común”. Y como en la Europa actual esta recreación del privilegio carece de toda legitimidad, toca a legistas ad hoc calificar torticeramente aquellas situaciones para las cuales, si no en la forma, en el fondo, convenga que la condición privilegiada sea reconocida.

El caso más exacerbado de esta orientación es, en nuestro entorno y sin la menor duda, el del expresidente italiano Berlusconi. Con millones de euros gastados en abogados defensores, y con el uso desatentado de sus televisiones y periódicos, al encontrarse ante el riesgo de condenas en serie, ha decidido pasar por su cuenta a la ofensiva, procesando y condenando a la magistratura. Toda su actuación presionando al Gobierno Letta responde a este fin. El privilegio de su impunidad debe ser la ley. La última escena de Il caimano (2006), de Nanni Moretti, resultó profética: el cavaliere está dispuesto a asaltar —ya lo ensayaron sus diputados y senadores en Milán— y a incendiar el Palacio de Justicia si la ley le es aplicada.

Sin llegar ni de lejos a tal exceso, y con mucha mayor discreción, la sombra del privilegio planea también sobre otros países europeos, concretamente sobre el nuestro. Basta mencionar el auto de la Audiencia de Palma sobre doña Cristina de Borbón y las reacciones de relevantes autoridades ante el mismo. El fiscal general del Estado “se alegra”, y un ministro estalla de gozo al subrayar que la persona liberada de la imputación “¡es una infanta de España!”. Nada tiene de extrañar el efecto bumerán suscitado, con efectos inevitables sobre el decaído prestigio de la Corona: un 80% de españoles la estiman ya culpable. Los dos magistrados que deciden contra la imputación se mueven en aquel registro, al poner implícitamente de relieve que no están enjuiciando a un ciudadano como cualquier otro —incluido el juez instructor, cuyo trabajo ven aquejado de “debilidad, inconsistencia”—, sino a “la infanta Cristina”, o simplemente “la Infanta”. Actitud reverencial que puede traducirse en una voluntad exculpatoria. De un lado, como subraya el juez Jiménez en su voto particular, al plantear el tema exagerando el significado de la eventual declaración, que “no es la determinación de los hechos que se le imputan”; de otro, al fragmentar el análisis de las posibles pruebas. Por eso pueden concluir que “no hay indicios vehementes” para la imputación. El juez Jiménez se refiere siempre a “doña Cristina de Borbón”: ciudadanía frente a residuos del privilegio.

En Nóos se trataba tal vez de una dispensación de la ley, pero también es posible encontrar ejemplos de la segunda variante, la asunción de un derecho exclusivo, dejando de lado la ley común. Es lo que sucede con los procedimientos implementados para asegurar el éxito de la vía catalana hacia la independencia. Lo recordaba Carme Chacón en su carta al jefe de los socialistas catalanes, al desaconsejar la asistencia a todo acto en que la presencia del PSC legitimase las actuaciones de Artur Mas, realizadas “de espaldas a lo que establece la ley”. “Es conveniente que un partido hable con una sola voz”, declaró Pere Navarro a El Mundo y ya sabemos, por los medios cercanos a la dirección del PSOE, que Carme Chacón es una trepadora. Pero el problema deviene capital a la vista de los proyectos del recién establecido Consejo de Transición Nacional, donde el jurista, aquí nada menos que un exvocal del Constitucional, traza la cortina de humo sobre la finalidad esencial, preparar la independencia. Coartada: es el escenario “menos estudiado hasta la actualidad”. Y por supuesto, toca preparar “la consulta”, incluidas pregunta y fecha, y “a los cambios que se deberán hacer para adaptarse a la nueva realidad”. La Constitución ya es irrelevante en Cataluña, y lo que es peor, también lo es una información y un debate democrático que dé voz al gran número de catalanes no independentistas. De nuevo, privilegio frente a ley.