La Audiencia Nacional sortea el parón en la reinserción de presos etarras

La Audiencia Nacional ha desbloqueado la llamada vía Nanclares de reinserción de presos de ETA, arrinconada por el Gobierno de Mariano Rajoy y cuya parálisis ha sembrado el desconcierto entre los reclusos que se han alejado de la banda —y también entre los que siguen fieles a la disciplina etarra—. El pasado martes, la Sección 1ª de lo Penal emitió un auto en el que otorgaba un permiso de tres días de salida al disidente de ETA Valentín Lasarte, en prisión desde 1996, y fijaba claramente los criterios legales para que los presos que han abandonado la violencia y reconocido el daño causado puedan acceder a beneficios penitenciarios. Lasarte está condenado a 340 años de cárcel por el asesinato de siete personas, entre ellos el concejal del PP de San Sebastián Gregorio Ordóñez y el abogado socialista Fernando Múgica.

Los cinco miembros de la sala, presididos por el magistrado Fernando Grande-Marlaska, acordaron por unanimidad conceder el permiso ordinario a Lasarte, que cumple todos los requisitos legales para obtener el beneficio penitenciario. El etarra disidente —fue expulsado de la banda en enero de 2010— ha cumplido holgadamente más de la mitad de la condena, ha abjurado de la violencia, reconoce el daño causado y paga cada mes pequeñas cantidades para atender las responsabilidades civiles de sus crímenes. Además, ha intervenido en programas de reparación con víctimas de ETA y en actividades de tratamiento sobre la discusión del terrorismo en prisión.

En septiembre de 2012, la Junta de Tratamiento de la cárcel de Nanclares denegó el permiso de salida solicitado por el exetarra. Esta decisión administrativa fue confirmada por el Juzgado de Central de Vigilancia Penitenciaria en febrero de este año. Los abogados de Lasarte recurrieron en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La Sección 1ª de este organismo, con el criterio contrario de la fiscalía, estimó el recurso y concedió el permiso de tres días al exetarra, con la condición de que lo disfrute fuera del País Vasco “en consideración a las víctimas”.

Tanto en el ámbito político como en el judicial se considera que este auto puede servir como un impulso a la reinserción ante la paralización de hecho de la vía Nanclares. Este programa de reinserción individual, ideado por el anterior gobierno socialista, había permitido conceder terceros grados y semilibertades a una serie de disidentes de ETA. Alrededor de una treintena de reclusos se habían sumado a este programa, apenas explorado por el PP y arrinconado definitivamente el pasado verano tras la tormenta política desatada por la excarcelación por motivos humanitarios del preso etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, aquejado de un cáncer terminal.

“El auto establece un marco claro sobre los requisitos que deben cumplir los presos de ETA para acceder a la reinserción individual”, aseguran fuentes del Gobierno Vasco. En el ejecutivo de Iñigo Urkullu se opina, asimismo, que la resolución “ofrece cobertura jurídica al juez de vigilancia penitenciaria y a la administración penitenciaria, que hasta ahora se encontraban con dudas y lagunas a la hora de aplicar la ley”.

En el Gobierno Vasco se destaca que el auto no fija la delación a otros miembros de la banda como requisito para acceder a los beneficios. No obstante, otras fuentes judiciales, opinan que el auto resulta ambiguo en este aspecto.

El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, considera, por su parte, que el auto de la Sala de lo Penal sobre Lasarte “sienta una doctrina importante para casos futuros”. Y el Ministerio del Interior, que se limita a señalar que respeta las resoluciones judiciales, admite que la resolución del martes “puede abrir una vía para la reinserción” a la que “no pondrá palos en las ruedas”.

Fuentes jurídicas constatan que, tras el parón de la vía Nanclares, los propios reclusos son los que han empezado a tomar la iniciativa para obtener los beneficios penitenciarios a los que creen tener derecho. Algunos internos como Aitor Bores, Iñaki Rekarte o Iñaki Pikabea han recurrido la decisión de Instituciones Penitenciarias de denegarles el paso al tercer grado (régimen abierto) o el acceso a la semilibertad que permite el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

En la actualidad otros dos reclusos históricos expulsados de la banda, José Luis Urrusolo Sistiaga y Rafael Caride Simón, se encuentran pendientes de que se fallen los recursos de apelación tras ver denegados sus permisos de salida por parte de la Junta de Tratamiento de Nanclares. Tanto Urrusolo, en prisión en España desde 2001, como Caride, extraditado en 2000 desde Francia, cumplen con todos los requisitos para disfrutar de su primer permiso, sin embargo, el hecho de que lleven en prisión en España menos tiempo que Lasarte podría retrasar su salida, según fuentes judiciales.