Gibraltar se queja de que España lo acusa de paraíso fiscal pero no le pide datos
Picardo se muestra dispuesto a colaborar con la Administración
España acusa a Gibraltar de ser un paraíso fiscal, pero no le pide datos de las sociedades domiciliadas en la colonia. Ese es el mensaje que ha reiterado hoy en un encuentro con periodistas en Madrid el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, dispuesto a acabar con la mala fama del centro financiero gibraltareño. Picardo asegura que, desde principios de año, Gibraltar aplica un acuerdo multilateral que permite el intercambio de datos fiscales entre los 27 socios de la UE y que España no ha hecho uso del mismo. Lo cierto es que este mecanismo existe, pero resulta poco eficaz, por eso la lucha contra el fraude fiscal y el lavado de dinero será uno de los temas centrales de la cumbre europea del próximo día 22 y por eso también las cinco mayores economías de la UE (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España) han puesto en marcha un programa piloto de intercambio automático de datos fiscales. Frente a la pretensión española de acceder a través de Londres a los datos de sociedades y cuentas depositados en el Peñón, Picardo alega: “Ellos no pueden dar esa información porque no la tienen. Solo la tenemos nosotros”.
El jefe del Gobierno gibraltareño cifra en 18.000 (y no 30.000 como se afirma habitualmente) el número de sociedades domiciliadas en el Peñón, de las que 14.000 están activas, y asegura que su objetivo de su centro financiero no es captar capital del país vecino. No piensa así la Agencia Tributaria, que ha puesto en marcha un grupo de trabajo en las delegaciones especiales de Andalucía, Ceuta y Melilla para evitar la evasión de cientos de millones a través de la colonia.
Gibraltar tiene un impuesto de sociedades de solo el 10%, frente al 30% de España, pero Picardo recuerda que otros países de la UE, como Irlanda, tienen tipos similares y niega que ello le convierta en paraíso fiscal. Aunque el Eurogrupo puso objeciones al sistema tributario gibraltareño, Picardo asegura que sus reparos se refieren a temas secundarios y que las negociaciones en marcha permitirán subsanarlos sin que el asunto llegue a los tribunales.
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