El PP admite que hay un debate interno y distintas opiniones sobre el aborto

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dado por hecho públicamente que su reforma de la ley del aborto suprimirá el supuesto de malformación del feto, pero esa intención no cuenta ni mucho menos con el respaldo de la mayoría del partido, ni del Gobierno, al menos por ahora.

Este mismo martes, Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso, corrigió al ministro y admitió que ese “es un debate que está abierto” en el seno del partido. Es el segundo miembro destacado del PP que en dos días elude avalar las intenciones expuestas por Gallardón, después de que Dolores de Cospedal, número dos del partido, hiciera lo mismo el lunes. Y después de que varios diputados, como Celia Villalobos y Rafael Hernando, expresaran en público y en la dirección del PP su rechazo a los planes de Gallardón.

El único que ha respaldado las intenciones del ministro de Justicia, que van más allá de un retroceso a la ley de supuestos del año 1985, fue el ministro del Interior, Jorge Fernández. “Apoyo de la a a la z” a Gallardón, aseguró Fernández, miembro del sector más conservador y ultracatólico del PP. El titular de Interior añadió que había visto el aplauso “unánime” de los diputados del PP a Gallardón cuando este había explicado en el Congreso sus planes sobre el aborto. Sin embargo, el responsable político de esos diputados, Alfonso Alonso, admitió este martes en rueda de prensa que en el PP “hay gente que piensa de manera muy distinta con relación al aborto”.

El portavoz del Grupo Popular se quedó en que todos en el PP coinciden en lo que recogía su último programa electoral: la vuelta al sistema de supuestos, derogando la ley de plazos que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. Explicó que sobre ese principio no hay “grietas”, pero no dijo nada sobre la supresión del supuesto de malformación que defiende Gallardón. Esta defensa es rechazada por destacados miembros de la dirección del partido, que entienden que supera el programa electoral y la posición del PP en la etapa de José María Aznar en el Gobierno.

Fuentes del Ejecutivo confirman la existencia de un debate interno y las resistencias a los planes de Gallardón, más allá de la vuelta al sistema de supuestos. Añaden, no obstante, que a pesar de las declaraciones del ministro de Justicia y de que vaya desgranando sus intenciones por puntos no hay aún ningún borrador de texto concluido. Según esas fuentes, es preciso hacer referencia en él al Convenio Europeo de protección de personas con discapacidad, pero eso no debe suponer más que la inclusión de cautelas; en ningún caso debe imponer la supresión de ese supuesto, tal y como pretende Gallardón.

El ministro de Justicia desveló este martes en el Senado, en respuesta al PSOE, más detalles de su proyecto. Dijo: “Por primera vez en la historia de España, con el proyecto de ley que vamos a presentar no se contempla la posibilidad de que una mujer vaya a la cárcel, porque la mujer es una víctima del aborto y no es responsable”. El vigente artículo 145 del Código Penal, resultante de la reforma de 2010, prevé pena de prisión de uno a tres años para quien “produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, fuera de los casos permitidos por la ley”. Para “la mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, fuera de los casos permitidos por la ley”, se prevé “la pena de multa de seis a veinticuatro meses”. Añade que “el juez o tribunal impondrá las penas en su mitad superior cuando la conducta se llevare a cabo a partir de la vigésima segunda semana de gestación”.

Justicia aclaró luego las palabras del ministro y aseguró que la intención es que la reforma legal no incluya penas de prisión ni de multa para las mujeres sometidas a un aborto ilegal. Esas penas se mantendrán para quienes ayuden o participen en esas interrupciones de embarazos.

El Congreso rechazó este martes solo con los votos en contra del PP una moción del PSOE para que no se modifique la ley y, en todo caso, se espere a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de plazos. Ese debate estuvo marcado por la polémica por un comentario previo del titular de Interior, Jorge Fernández, que equiparó ETA y el aborto. “El aborto tiene poco que ver con ETA. Bueno, tiene algo que ver, pero, en fin, no demasiado”, aseguró en rueda de prensa.

Destacados dirigentes del PP, como Borja Semper, presidente del partido en Guipúzcoa, se desmarcaron del ministro y el PSOE pidió su dimisión. El Ministerio del Interior hizo público un comunicado en el que aclaró que Fernández no quiso hacer esa equiparación.