El juez Castro también investigará los tratos de Nóos en Valencia

El juez José Castro se queda definitivamente la investigación de la rama valenciana del caso Nóos (los contratos de Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, con el Gobierno de Francisco Camps). “En definitiva, es él quien instruye la causa”, se afirma un auto de la audiencia conocido este viernes, en el que se subraya que todos los hechos bajo pesquisa “tienen conexión fáctica [el supuesto desvío de fondos] y personal [el yerno del Rey y su socio]”. Esos dos los dos principales argumentos con los que el tribunal avala de nuevo la competencia del juez Castro para seguir indagando desde Palma el presunto desvío de fondos públicos desde la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia hacia el Instituto Nóos.

La Audiencia resuelve un recurso que plantearon tres ex altos cargos políticos imputados del PP valenciano para que la rama que les afecta pasara a manos de un juez de su comunidad. La sala afirma que “comparte lo resuelto por el juez” al rechazar las pretensiones de esos implicados para que Castro “declinase la competencia” de manera parcial. La Audiencia observa que está “debidamente fundamentada” la “relación de conexidad” entre los hechos sospechosos ocurridos en Baleares y en la Comunidad Valenciana.

El ya llamado caso Urdangarin ha requerido una “complicada investigación” que no debería dispersarse en otros juzgados, alega la Sala para rechazar los recursos del exsecretario de Turismo de la Generalitat Valenciana Luis Lobón; el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) José Manuel Aguilar y la exletrada de este organismo María Ángeles Mallent, todos imputados.

Los tres magistrados observan que la instrucción “es revisable” pero dan por bueno el criterio del juez en este punto, como en las anteriores ocasiones en las que los imputados le han cuestionado. La última vez fue cuando Urdangarin quiso evitar que la Agencia Tributaria “desvelara el velo” sobre su presencia en la trama de sociedades de Nóos.

La Audiencia de Palma recalca que las decisiones del juez de mantener en una sola causa las investigaciones sobre la supuesta malversación de fondos públicos están fundamentadas y razonadas y se ha verificado que existe relación entre ambas ramas de un mismo núcleo. Los magistrados Diego Gómez-Reino, Juan Jiménez Vidal y Eleonor Moyá afirman que los hechos tienen “conexión personal y fáctica” y que se “cumplen todos los requisitos legales”.

El juez y la Fiscalía Anticorrupción indagan desde hace más de dos años la supuesta malversación de casi seis millones de caudales públicos: 2,3 millones del Gobierno de Baleares por las dos ediciones del Illes Balears Fórum (2005-2006) y 3,5 millones de las instituciones valencianas por los tres Valencia Summit (2004-2006), así como las partidas destinadas a los fallidos Juegos Europeos.

El juez Castro desplegó una lista de “significativas coincidencias” entre los negocios urdidos por Urdangarin y Torres en Valencia y en Baleares y rechazó tener “un afán instructor imperialista” al querer retener la rama valenciana. La Fiscalía y Abogacía de la Comunidad de Baleares avalaron aquella acción del juez instructor. La sala tiene ahora pendiente de decidir, antes del próximo día 20, sobre la vigencia o posible revocación del auto del juez en el que imputó a la infanta Cristina.