Reprimenda del Consejo de Europa a España por ignorar denuncias de torturas

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha enviado al Gobierno español un informe de más de 100 páginas, en el que reprende a las autoridades españolas por no investigar las denuncias por malos tratos e insta a encargar “una investigación independiente sobre los métodos utilizados por la Guardia Civil cuando custodien e interroguen a personas arrestadas”.

Tras visitar comisarías de policía, dependencias de la Guardia Civil y centros penitenciarios en Madrid, Barcelona, Córdoba, Álava, y Cádiz en junio de 2011, la delegación del comité europeo enviado a España redactó un informe con sus conclusiones que se hará público hoy. El texto recoge denuncias de 10 detenidos en régimen de incomunicación que alegaron malos tratos de la Guardia Civil. Entre otros, “patadas y golpes con porras en la cabeza y en el cuerpo”, y la práctica conocida como “la bolsa”, es decir, la colocación de una bolsa de plástico en la cabeza de los detenidos al tiempo que se les obliga a realizar ejercicios físicos prolongados, “provocándoles sensación de asfixia”.

En su informe, el comité pone de manifiesto “la necesidad de una acción decidida de las autoridades españolas para abordar el tema de los malos tratos por parte de la Guardia Civil en el contexto de la detención en régimen de incomunicación” y recuerda que lleva dos décadas “llamando la atención” sobre “el problema de los malos tratos que inflige la Guardia Civil” a personas sospechosas de delitos de terrorismo. “Los hechos comprobados durante la visita de 2011 indican que los problemas antes citados siguen sin resolver”, critican.

El comité pide a las autoridades españolas que cuando un detenido denuncie malos tratos, el juez ordene de inmediato un examen médico forense para que esas denuncias “sean investigadas adecuadamente”, y manifiesta su deseo de “reabrir dentro de un plazo de tres meses un informe detallado de las acciones adoptadas para aplicar” sus recomendaciones.

El comité recuerda que ya en el informe que realizó tras una visita a España en 2007 recogió las salvaguardias que dos jueces de la Audiencia Nacional proporcionaban a las personas detenidas en régimen de incomunicación: la notificación a la familia, la posibilidad de ser visitado por un médico de confianza junto a un médico forense designado por el juez de instrucción y la vigilancia mediante cámaras de vídeo de las zonas de detención las 24 horas. Durante su visita de 2011, los miembros del comité europeo para la prevención de la tortura comprobaron que tres de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional aplicaban sistemáticamente esas medidas. “No obstante”, señalan, “durante los cinco primeros meses de 2011 todas las detenciones en régimen de incomunicación fueron autorizadas por un juez que no aplica ninguna de estas salvaguardias, una situación que resulta sorprendente”. El comité recomienda a las autoridades españolas que se adopten “las medidas necesarias para garantizar que se aplican las tres salvaguardias \[cámaras de grabación, médico de confianza y notificación a la familia\] antes citadas respecto a todas las personas que se encuentren detenidas en régimen de incomunicación”.

El comité denuncia en su informe que en las grabaciones de las cámaras de circuito cerrado pudo observar cómo “los detenidos, al ser trasladados de las celdas a la sala de interrogatorios, al gabinete médico o al baño, permanecían encapuchados y tenían que caminar hacia atrás”. El comité pide a las autoridades españolas que “prohíban expresamente encapuchar a las personas que se hallen bajo custodia policial”.