Anatomía de un decreto limitado

El decreto de alivio a los deudores hipotecarios puesto en marcha por el Gobierno en noviembre de 2012 ha tenido un impacto muy limitado y ha resultado ineficaz. Esta es la principal conclusión a la que llega una investigación pionera del instituto Metroscopia encabezada por la exjuez Manuela Carmena, y que contó con la colaboración de EL PAÍS. Menos de un 2% de los que solicitaron que se suspendiera su desahucio acogiéndose al decreto lo lograron.

Los estrictos requisitos para optar a paralizar el lanzamiento, los plazos establecidos, totalmente desconectados de la realidad de los procesos hipotecarios, y los complicados papeleos exigidos son algunas de las claves que ayudan a explicar el escaso impacto del decreto, señala el informe.

“El estudio muestra que el decreto resulta inútil, que es papel mojado”, señala Violeta Assiego, una de las investigadoras de Metroscopia. “Además, también desmonta la proposición de ley que hay en curso en el Parlamento”.

El Senado ya ha recibido el texto enviado por el Congreso, que recoge, con variaciones, los mismos requisitos que el decreto de noviembre, para poder paralizar un desahucio cuando la situación económica del deudor es grave (más allá de la existencia de cláusulas abusivas en el contrato).

Las disfunciones del Real Decreto 27/2012 quedan patentes en una investigación realizada a partir del minucioso análisis de 92 expedientes del juzgado hipotecario n.º 32 de Madrid, realizada entre el 25 de marzo y el 12 de abril. Un equipo de tres investigadores analizaron los expedientes, seleccionados de entre las 244 peticiones de suspensión de lanzamiento de un total de 3.446 ejecuciones hipotecarias.

Los investigadores se encontraron con que tan solo un 7,08% de todos los expedientes, correspondientes a los años 2010 y 2011, solicitaron la suspensión del lanzamiento acogiéndose al decreto. De todos estos, tan solo un 16,39% fueron aceptados por el juez. La cifra que viene a reflejar la eficacia del decreto queda por tanto reducida a un 1,16% (eso sí, hay que matizar que el número total de expedientes incluye casos de locales y garajes que podrían hacer subir ligeramente este dato al entorno del 2%).

José María Fernández Seijo, juez de lo Mercantil del juzgado número 3 de Barcelona, atribuye fiabilidad a las cifras del informe. En Barcelona, señala, la cifra de las suspensiones paralizadas con el decreto rondaría más bien el 5%. Jaime Anta, titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander, también estima que los datos son razonables. Asegura que en Santander, tan solo una persona se pudo acoger al decreto de alivio a los deudores hipotecarios.

Los bancos agotan 10 meses de media para intentar negociar

Esta investigación responde a la necesidad, expresada por Manuela Carmena, de contar con datos reales sobre las consecuencias de las decisiones políticas. “El Consejo General del Poder Judicial no ha sido capaz de reunir datos”, señala la exjuez, “pero los datos son necesarios para conocer la realidad, y para que el legislador pueda legislar”.

El 15 de noviembre de 2012, el gobierno de Mariano Rajoy aprobaba el decreto de medidas urgentes. Abría la puerta a la paralización de desahucios si se cumplían cuatro requisitos económicos (cuota hipotecaria superior al 50% de los ingresos netos; alteración significativa de las circunstancias económicas en los últimos cuatro años; que el préstamo sea para la única vivienda en propiedad; y no superar el triple del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) así como un supuesto de especial vulnerabilidad (que incluía a familias numerosas, con hijos menores de tres años, con miembros con una discapacidad superior al 33% o con una víctima de violencia de género, entre otros).

“En la práctica se observa que se le suspende el lanzamiento a aquel que encaja en el sudoku de los requisitos”, dice Ramón Palomino, uno de los investigadores, que fue asesor técnico del departamento de Justicia del gobierno vasco. “Es mucho lo que tiene que hacer una persona para acreditar lo mal que está”, dice la investigadora Assiego en alusión a los papeleos.

El estudio pone de manifiesto que los plazos establecidos en el decreto se adaptaban poco a la realidad. Se propone que los desahucios se paralicen durante dos años. Pero la duración media de los procesos es de 2 años y 5 meses, por lo que ningún procedimiento iniciado después de su entrada en vigor tiene visos de poder acogerse a él. El plazo de dos años se arrastra a la nueva proposición de ley.

La norma pendiente de aprobación en el Senado recoge también que los bancos tendrán que esperar a que pasen tres meses, y no uno, desde el primer impago, para iniciar la demanda. El estudio refleja que rara vez se ejecuta un préstamo hipotecario ante el primer impago: los bancos agotan diez meses (de media) para intentar renegociar.

Los autores de la investigación señalan que, tanto en el decreto, como en la proposición de ley, solo se interviene cuando el deudor ya ha perdido su casa. “El momento de intervención tendría que ser cuando empieza el proceso de ejecución”, señala Assiego.

El estudio se realizó en el juzgado n.º 32 pero se hizo a condición de no revelar datos personales. Con todo, el análisis de los expedientes permite reflejar casos, sin revelar identidades, de personas que no pudieron suspender el lanzamiento por no cumplir los requisitos.

Como el de una mujer que convivía con su hija y su nieto de tres años. Quedó fuera porque se estimó que se trataba de dos unidades familiares.

Es mucho lo que debe hacer una persona para acreditar lo mal que está Violeta Assiego, investigadora de Demoscopia

Como el de una pareja de hecho, ambos en paro y con la prestación agotada, con hijos menores, pero que no estaban inscritos en el registro de parejas de hecho.

Como el de un hogar en que tres adultos estaban en paro pero, al no haber percibido nunca prestación, no podían acreditar haberla agotado.

“Los requisitos exigidos hacen que una familia que gane 1.500 euros al mes y tenga un hijo menor de tres años sí pueda; mientras otra con los mismos ingresos y dos hijos de más de 4 años, no”, declara Marisa Muñoz, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Getafe. “La desesperación les puede llevar a tener un hijo indeseado o a optar por acusaciones de malos tratos para cumplirlos. Cualquier cosa antes que acabar en la calle y que les quiten los hijos”.

A poco que uno salga a la calle, se encuentran casos reales que reflejan los perfiles de que habla el estudio. María (nombre ficticio), mujer dominicana de 47 años, está en pleno trámite para intentar paralizar su desahucio. Todo son papeleos. Tiene un hijo de 15 años con parálisis cerebral. La casa en la que aún vive es un tercer piso. Cuando llegó a ella, hace siete años, podía bajar a su hijo a la calle, cargando con él. Pero el niño ya ha cumplido 15 años y ya es complicado hacerlo; vive medio recluido.

Esta mujer dominicana cobra 426 euros, pero la prestación se le agota el próximo 10 de mayo. El jueves pasado, un juzgado de Madrid le daba diez días para presentar más papeles. “Estoy mal. Soy soltera, no tengo dinero”, dice. “No tengo dónde ir. Y lo que más me preocupa es mi niño”.

El 70% de los ejecutados son extranjeros, señala el informe. De estos, el 87%, latinoamericanos.

Carlos Napoleón Amancha Silva cuenta que el decreto del mes de noviembre de 2012 le hizo albergar esperanzas. Preparó los papeleos, pero le denegaron la suspensión por superar en unos 200 euros el límite de tres veces el IPREM, explica. Este ecuatoriano de 36 años que lleva 13 en España se quedó sin trabajo en la construcción y lleva año y medio cobrando el subsidio de 426 euros. Su casa de Getafe ya fue subastada. Debe 220.000 euros. “La moratoria de dos años no sirve para nada”, dice, “porque la deuda no desaparece. Yo lo que necesito es que me condonen la deuda”. Carlos, que tiene dos hijos y vive con Miriam Verónica (que sí trabaja), se siente estafado por los bancos. La semana que viene tiene que presentar nuevos documentos para ver si consigue paralizar de algún modo su desalojo, programado para julio.