Marisol Yagüe declara que Jesús Gil supervisaba hasta el mínimo gasto

Desde que empezó el juicio del caso Saqueo II en la Audiencia Nacional, el viernes pasado, casi todos los exconcejales y exalcaldes de Marbella que han declarado han coincidido en descargar toda la responsabilidad en el fallecido Jesús Gil. Todos firmaban y cobraban de las sociedades utilizadas para desviar más de 74 millones de euros de las arcas municipales, pero sostienen que no tenían ninguna capacidad de decisión.

Este viernes ha sido el turno de la exalcaldesa Marisol Yagüe, elegida en 2003 para sustituir a Julián Muñoz al frente del Consistorio, cuando Gil y su mano derecha, Juan Antonio Roca, decidieron impulsar una moción de censura para sacar a Muñoz del Ayuntamiento. La fiscalía pide para Yagüe tres años y medio de cárcel por haberse apropiado presuntamente de 11 millones y medio de pesetas de las arcas del Ayuntamiento entre 1997 y 1999, mientras fue concejal de participación ciudadana.

Yagüe ha declarado durante apenas 15 minutos a las preguntas de la fiscalía y su abogado. No ha querido contestar a las cuestiones del Ayuntamiento de Marbella. A pesar de haber esgrimido la misma línea de defensa que los demás exconcejales (culpar a Jesús Gil y a otros concejales fallecidos), Yagüe no ha sido tan dura con Gil como lo fueron Julián Muñoz y Pedro Román durante sus declaraciones la semana pasada.

Según el relato de Yagüe, todas las consultas pasaban por el que fue alcalde del municipio y presidente del Atlético de Madrid. Ha asegurado que los concejales solo tomaban decisiones menores, como por ejemplo “cambiar una bombilla”, siempre y cuando Gil estuviera ausente. En caso contrario, el mínimo gasto debía autorizarlo Gil o su secretaria. Yagüe ha insistido en que ella no podía disponer de los fondos municipales, que declaraba todos sus ingresos (cobraba unas 300.000 pesetas de las sociedades municipales) y que Hacienda le realizó una inspección durante esos años y le salió “limpia”.

En su alegato final, Yagüe no ha hablado mal de Gil como hizo, por ejemplo, Julián Muñoz (“Firmé mi sentencia de muerte el día que entré en el Gobierno de Gil”). La exalcaldesa ha asegurado que la ciudadanía se volcaba con Gil y él les correspondía. “Gil quería que toda la gente en Marbella fuese feliz”, ha concluido.

Durante la vista de hoy también ha declarado Tomás Reñones, excapitán y jugador del Atlético de Madrid entre 1984 y 1996 y concejal de deportes desde 1999 hasta 2003. La fiscalía pide para él ocho años y medio de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos y fraude a la Seguridad Social. Según el Ministerio público, Reñones cobró más de un millón de pesetas en dos facturas por haber realizado un falso informe sobre la situación de los centros deportivos en Marbella. También le acusa de haber contabilizado unos ficticios 293.325 kilómetros recorridos en el ejercicio de su cargo para facturar 1.752.130 pesetas en ese concepto.

Reñones ha desautorizado a la fiscalía explicándole que esos 293.325 kilómetros que contabilizó y que figuran en los documentos son en realidad pesetas, y que no han sabido leer bien la tabla en la que aparecen todos los gastos de la sociedad municipal. “Eso es una tabla puramente económica”, le ha explicado. “No son kilómetros”. Según su relato, el total de 1.752.130 pesetas que la fiscalía cree que cobró por esos kilómetros corresponde a su nómina del primer semestre de 1999, en la que está incluido el kilometraje realizado. El exjugador del atlético ha afirmado que los trabajadores de la sociedad municipal Actividades Deportivas 2000, de la que él fue también gerente, pagaba ese plus por moverse entre las instalaciones deportivas, que están muy dispersas. Reñones ha asegurado también que ese gasto está justificado con estadillos que se remitían a la asesoría jurídica de la empresa.

A la salida de la vista, Reñones y su abogado han mostrado a los periodistas la providencia del Tribunal de Cuentas en la que se acreditó, en junio de 2002, tanto el mandato para efectuar el estudio por el que cobró más de un millón de pesetas como la justificación de los pagos por dietas y kilometraje. A su vez, han mostrado el informe que la fiscalía cree que nunca se realizó.

Durante esta semana han declarado ya unas 20 personas de las más de 30 que se sientan en el banquillo de los acusados, en un juicio que dura ya siete días y en el que se investiga un desvío de fondos del Ayuntamiento de Marbella de unos 74 millones y un fraude a la Seguridad Social que podría ascender a 91 millones de euros. Dichos delitos se habrían perpetrado presuntamente a través de un complejo entramado de 31 sociedades municipales creadas por el Grupo Independiente Liberal (GIL) durante los años en los que estuvieron en la alcaldía marbellí.

Al acabar la declaración de Reñones, el juicio ha quedado pospuesto hasta el lunes a las diez, cuando se espera la declaración de Juan Antonio Roca, antigua mano derecha de Jesús Gil y presunto ideólogo del entramado societario con el que se desviaba el dinero.