Canarias se suma a Andalucía y también expropiará casas a bancos
Paulino Rivero ha anunciado que requisará el uso de propiedades vacías durante tres años a empresas u organizaciones con personalidad jurídica propia pero no a personas físicas
Canarias seguirá la estela de Andalucía en la lucha contra los desahucios. Frente a la imposibilidad de aprobar un decreto similar al de la Junta andaluza, lo que requeriría una reforma del Estatuto de autonomía, el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, anunció ayer en sede parlamentaria que expropiará las viviendas vacías de las entidades financieras y sociedades de gestión de activos inmobiliarios.
El Ejecutivo regional emprenderá la modificación urgente de la Ley Canaria de Vivienda para frenar los 9.400 expedientes de ejecución de desahucios que hay en el archipiélago. Entre las medidas destaca el fomento del alquiler y permitir que los dueños de viviendas desocupadas puedan alquilarlas con todas las garantías. Se articularán medidas sancionadoras contra empresas u organizaciones jurídicas que no atiendan estas disposiciones.
Rivero explicó que se llevará a cabo una expropiación de la vivienda por un periodo de tres años con un justiprecio que fijará el tribunal correspondiente, que se hará efectivo a través de una aportación de la familia —hasta un máximo del 25% de la renta— y de recursos públicos. “Estos recursos vendrán de las sanciones a aquellas empresas cuyas viviendas vacías no hayan sido declaradas en régimen de alquiler y, apoyándose en la ley de arrendamientos urbanos, de las fianzas que se deriven del alquiler de viviendas que se producen en Canarias”, según Rivero. Para llevar a cabo esta medida, el Gobierno regional confeccionará un registro para saber cuántas casas hay vacías.
El presidente aclaró que el objetivo de la modificación de la Ley Canaria de Vivienda es fomentar el alquiler de las viviendas vacías. También se impulsarán medidas para evitar los desahucios que afecten a familias en situación de emergencia social y cuando culminen los procesos de adjudicación a las entidades financieras.
Asimismo, pretende trasponer las normas del decreto de la Junta de Andalucía que, según los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, parecen “solventes, constitucionales y dan respuesta a un problema social”. Canarias es la quinta comunidad en número desahucios con 4.100 familias que han tenido que abandonar sus viviendas en 2012 y más de 9.000 expedientes de desahucio que aún esperan ser resueltos.
El anuncio ha sido bien acogido por todos los grupos parlamentarios exceptuando al PP.
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