El Gobierno ve un “brindis al sol” las medidas unilaterales de las autonomías

Un “brindis al sol poco efectivo”. O también “una medida ineficaz y lenta que estará a expensas de la complicada disponibilidad presupuestaria”. Estas son dos frases repetidas estos días por altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy con responsabilidad sobre la reforma de la ley hipotecaria para comentar las actuaciones unilaterales que, especialmente, la Junta de Andalucía ha anunciado que pondrá en marcha para paliar el drama de los desahucios.

El Ministerio de Economía se ha puesto en contacto con el de Justicia y la Abogacía General del Estado para estudiar, además, si cabe la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad a alguno de esos planes autonómicos. Aunque las mismas fuentes, que aceptan sus dudas jurídicas sobre determinadas medidas, consideran también que las autonomías tienen derecho a realizar expropiaciones (como prevé temporalmente el decreto ley andaluz para casos de viviendas vacías) si a su vez pagan el conveniente justiprecio. Lo que no creen es que esos Gobiernos autonómicos tengan al final dinero para aplicar esas soluciones.

En el Gobierno de Mariano Rajoy sí han tomado buena nota y con preocupación de la insatisfacción social creciente ante la falta de respuesta política por el drama de los desahucios y, sobre todo, de la escasa acogida y conocimiento a las reformas adoptadas la semana pasada para corregir los fallos evidentes de la aún en vigor ley hipotecaria. En ese sentido, se acepta con frustración que parece que nada se considera suficiente si no se asume la dación en pago universal con carácter retroactivo. “Esa medida no va a llegar, porque pondría en cuestión el sistema financiero. Lo que se pretende ahora es encontrar un equilibrio para atajar los abusos que ha habido y atender con fondos sociales los casos más dramáticos. Pero tiene que quedar claro que las deudas hay que pagarlas”, aseguran en el entorno de Rajoy en La Moncloa. Y se ofrece toda una ristra de datos para demostrar que el problema de los impagos no es mayoritario (del 83% de los españoles con casa en propiedad, el 52% ya la han pagado entera, el 30% aún mantiene viva parte de la hipoteca y en 2011 se produjeron 18.000 ejecuciones de primeras viviendas y unas 11.000 daciones en pago).

Como vía para actuar ya sobre los casos más sangrantes, el Gobierno apuesta por su actual parque social (5.891 viviendas de 33 bancos), que se podría ampliar y que pretende coordinar con las autonomías.