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Cárcel por discutirle al jefe

Hace más de 20 años que un tribunal militar no castiga con prisión a un guardia civil por una riña

Imagen de archivo de la toma de posesión, en 2008, de 459 guardia civiles en Madrid. EFE

El destino ha señalado con el dedo a Juan Carlos Alonso Farías: será el primer guardia civil que, en pleno siglo XXI, ingrese en la cárcel por una presunta riña con un superior. La pena será de tres meses en la cárcel de Alcalá de Henares. Hacía más de 20 años que no se producía este tipo de condena fuera de una misión militar. Desde que el PP llegó al Gobierno, se impone una acentuación del carácter militar de la Guardia Civil.

Al guardia Alonso se le acusa de insultar al cabo Jiménez Girón y luego propinarle un empujón. Buena parte de los testigos presenciales ni escucharon insultos ni vieron empujones. Los testimonios de un teniente y un capitán son favorables al castigado y dejan en mal lugar al cabo, pero no fueron tenidos en cuenta. El tribunal militar le castiga aunque reconoce no tener demasiadas evidencias. Es más, los oficiales reconocen que el cabo Jiménez mostraba animadversión hacia el guardia Alonso. Le tenía manía, en otras palabras.

A pesar de la sentencia desfavorable, de los labios del guardia Alonso, un hombre de 30 años, no sale una queja hacia la institución. "Soy un defensor del sistema", dice, "no tengo nada que reprocharle a la institución, pero me defenderé de esta injusticia. No estábamos en una misión militar". Su expediente inmaculado (dos felicitaciones y una propuesta de condecoración) sufrirá un borrón, su aspiración de ascenso a sargento, su gran sueño, sufrirá un retraso que puede ser de siete años: el guardia Alonso quedó en el puesto 293 de una promoción a la que accedieron 4.400 aspirantes. No tiene ninguna intención de abandonar el cuerpo. Es más, parece muy integrado: su compañera sentimental es también guardia civil.

Los hechos se produjeron el 2 de junio de 2010 en la localidad grancanaria de Arguineguín, una población costera de casi 3.000 habitantes. Durante un control rutinario, unos vecinos increpan a los guardia civiles y son detenidos, lo cual provoca a su vez la respuesta de un familiar de ellos que es policía municipal. Se produce entonces una reacción en cadena con la marcha de varios centenares de vecinos hacia el cuartel dispuestos a pedir explicaciones y exigir la libertad de los detenidos. El cuartel de Arguineguín debe ser reforzado con una unidad de intervención.

En un ambiente de gran crispación, las órdenes son las de proceder con calma y no aumentar la tensión. Allí se encuentran el guardia Alonso y el cabo Jiménez. Se conocen desde hace años aunque han pertenecido siempre a unidades diferentes. La unidad del guardia Alonso ha acudido a reforzar el cuartel. En un momento dado, el cabo Jiménez se dirige al guardia Alonso, y no a otro, y le dice en voz alta que "controle a la chusma". El calificativo de chusma no parece el más idóneo para mantener la calma. Ambos se enzarzan en una discusión. No hay agresiones.

Todos los detalles de un episodio que parece una anécdota en medio de un ambiente de tensión están relatados en un sumario de más de 1.000 páginas cuya instrucción ha durado dos años. El tribunal militar reconoce que "no alcanza la plena certeza en su convicción" de que hubiera insultos. Sin embargo, deduce que hubo un empujón. No tiene en cuenta que el teniente que ejerce de jefe del puesto reconoce que "el cabo Jiménez utilizaba más su superioridad en el empleo con el guardia Alonso que con el resto de los guardias", que el cabo Jiménez "venía de otros destinos en los cuales el volumen de trabajo y complejidad" eran menores y que dio dos partes del cabo Jiménez por faltas graves.

Un capitán confirma también el estado de nerviosismo del cabo Jiménez, a quien también llegó a reprender verbalmente. De la declaración del capitán se desprende, igualmente, que el cabo sentía animadversión hacia el guardia Alonso. El tribunal militar no toma en consideración estas declaraciones y sí la de dos testigos que son, casualmente, guardias que están a las órdenes del cabo.

"Nos llevan al siglo XIX"

El ingreso de un guardia civil en prisión que estaba en misión policial es un episodio que parecía desterrado tras la Ley orgánica de derechos y deberes aprobada en 2007. Alberto Moya, secretario general del sindicato mayoritario AUGC, es muy explícito en su respuesta: “Si el resto de ciudadanos pierde derechos y retrocede al siglo pasado, a nosotros nos quieren llevar al siglo XIX”.

"Nos preguntamos", añade Alberto Moya, "qué intereses pueden tener los tribunales militares para forzar hasta este extremo las leyes en este momento, a sabiendas que ya la Guardia Civil tiene su propio régimen disciplinario".

AUGC y otros sindicatos se quejan de la "remilitarización" que está efectuando el actual Gobierno del PP, "sobre todo para limitar y prohibir los derechos de reunión, manifestación y libre expresión a los guardias civiles", en un momento de crisis social en el que puede interesar una Guardia Civil "militarizada" y cuyos funcionarios estén sometidos a la "obediencia debida".

El guardia Juan Carlos Alonso entrará en la cárcel dentro de dos semanas. La AUGC anuncia movilizaciones.

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