Mucho ruido y pocas casas

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María se permitió el 17 de enero un instante sentimental. Fue durante la presentación del Fondo Social de Vivienda: 5.891 pisos que por orden del Gobierno los bancos ponen a disposición de los ciudadanos a los que hayan desahuciado. Sáenz habló de segundas oportunidades, solidaridad y un país “que quiere que las familias y los más pequeños se críen en un hogar que les haga sentir la cobertura de un Estado y de un Gobierno”.

El problema es que el Fondo Social no ha dado de momento grandes frutos. Y no es la única medida para paliar los efectos de los desahucios que aún parece más un discurso que una solución. Entre dudas sobre la capacidad de la Junta de Andalucíapara ejecutar su ambicioso programa de expropiaciones y multas a viviendas desocupadas, iniciativas como la presentada por el presidente de Madrid, Ignacio González, (pisos públicos gestionados por Cáritas) plantean lo fina que es la frontera entre la buena voluntad y la mercadotecnia.

El ministerio de Economía explica que, desde que hace 15 días echó a andar el proceso para beneficiarse de las viviendas del Fondo, se han firmado 50 contratos y hay 168 a punto. Según Economía, es pronto para evaluar el proyecto. Sin embargo, otro dato revela su escasa relevancia: desde el 17 de enero han llegado 450 solicitudes. Eso, en un país en el que los registradores calculan que la banca se quedó con 30.034 primeras viviendas por impago en 2012: 115 al día.

Ni los desahuciados ni los bancos, que han debido invertir en la rehabilitación de las viviendas del Fondo, están contentos con su pobre marcha. “Los destinatarios aún no conocen el programa, tampoco las ONG ni los Ayuntamientos que lo impulsan, y los bancos están poniendo en práctica sus mecanismos”, argumenta un portavoz del ministerio.

Además de la falta de información, en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) dan más razones sobre el atasco del plan. En una calurosa oficina de PAH en el barrio madrileño de Lavapiés, María Cristina Escribano termina de atender a un inmigrante. Seis personas esperan su turno. Cristina se asoma y grita: “¿Alguien con un lanzamiento pendiente?”. Un hombre elegantemente vestido levanta la mano. La mujer le hace pasar al despacho con un compañero y se toma un descanso para explicar las limitaciones del Fondo: “La principal es que nadie conoce de qué va, y la más grande es que las condiciones para acogerse son exactamente las mismas que las del decreto 27/2012 del 15 de noviembre”. Ese decreto, que ya en su momento fue muy criticado por su carácter restrictivo, es el que concede la suspensión del lanzamiento a las personas con menos recursos y a las puertas del desahucio. “Son los mismos requisitos: un hijo menor de tres años, familia numerosa, o ser una mujer maltratada, estar en paro y sin subvención… Entonces, si te puedes quedar en tu casa dos años, ¿para qué vas a elegir irte y entrar en otro piso del banco?”. Los interesados en el Fondo se reducen en consecuencia a muy pocos casos: gente que perdió su casa antes del decreto.

Para que esas 5.891 casas se ocupen, según Escribano, el Gobierno tendrá que relajar las exigencias. “Es una chapuza”, cuenta. “Una medida cosmética. Nosotros podemos derivar a muy poca gente a esos recursos porque nunca cumplen las condiciones”.

Economía responde que estará dispuesta a abrir la mano si comprueba que “la realidad social lo demanda”.

Mientras tanto, la Comunidad de Madrid impone su estilo propio. Da fe de ello Julián Espejel, un pensionista de 52 años que el pasado lunes recibió la bendición de los flashes. Este hombre con una incapacidad permanente y dos hijos fue desahuciado en 2011, y el lunes el presidente de Madrid, Ignacio González, le visitó acompañado de un enjambre de cámaras para entregarle el primero de los 1.000 pisos sociales en alquiler que el Instituto de Vivienda de Madrid (Ivima) ha cedido a Cáritas para su gestión.

González presentó la iniciativa como la respuesta madrileña a los desahucios. Una conversación con el Ivima sirve para matizar mucho esta lectura tan redonda. Los pisos de González son exactamente los mismos que la Comunidad ya proporcionaba en alquiler social. En el Ivima, con 22.333 dedicadas a esta modalidad, explican que la iniciativa surgió porque su presupuesto se ha reducido dramáticamente y buscan fuentes externas de financiación. “Nosotros cedemos a Cáritas las viviendas que se van quedando vacías y ellos las reparan”, explica un portavoz. Muchos de los 106 pisos que ya ha arreglado Cáritas estaban ocupados ilegalmente.

A medida que el Ivima vaya recuperando más, los entregará a la ONG.

El instituto explica que no serán más baratos que la vivienda social que promociona normalmente para población vulnerable (alrededor de 300 euros). “El objetivo del plan es ahorrar en las reparaciones y facilitar a los desahuciados casas para las que, de lo contrario, no tenemos recursos”.

José Carlos García-Donas, subdirector del programa de Cáritas, añade que su objetivo es ayudar a las familias y quedar al margen de la política: “No somos una inmobiliaria ni un privado que gestiona recursos del Ivima”. También asegura que, sin supervisión de Cáritas, ninguna familia puede acceder a esos apartamentos financiados con dinero público.

Este detalle es uno de los que más molesta a PAH, que acusa a Madrid de convertir en caridad algo que debería ser un servicio público.

La iniciativa que más calurosamente apoya la plataforma es el decreto ley aprobado el 9 de abril por la Junta de Andalucía. Este proyecto presenta dos grandes novedades: para fomentar el alquiler, multas de hasta 9.000 euros a entidades bancarias por tener viviendas vacías; y con carácter excepcional, la expropiación a los bancos del uso de la vivienda durante tres años cuando esté a punto de ser desalojada una familia en riesgo de exclusión.

Sin embargo, fuentes de la misma consejería de Vivienda andaluza reconocen que, a pesar de que el objetivo del plan sea el adecuado, existen dudas sobre la viabilidad de algunos puntos vitales. Se teme que su redacción y presentación haya sido demasiado precipitada, con la consejera, Elena Cortés, demasiado preocupada por el golpe de efecto que iba a lograr

El censo de viviendas vacías parece especialmente problemático. Llevar a cabo uno eficaz costará tiempo y dinero y requerirá un cuerpo de inspectores considerable para revisar los contadores de luz y agua de millones de pisos vacíos, vigilar plazos... El sistema de sanciones administrativas también puede resultar de difícil aplicación si los bancos se lanzan a recurrir las multas, y hay muchísimas viviendas que continuarán vacías: principalmente las construidas en zonas costeras y destinadas al alquiler —uso que no será sancionado—, responsables privilegiadas de aquel lejano boom del ladrillo.