La oposición volverá a dar la batalla en el Senado contra la ley antidesahucios

Punto y seguido. Esta es la primera expresión que surge de portavoces de la oposición después de que el Congreso de los Diputados haya aprobado con los votos exclusivos del PP la futura ley de Protección de los deudores, reestructuración de la deuda y alquiler social, la que tenía que haber sido la ley contra los desahucios. Queda aún su paso por el Senado y todos los grupos de oposición van a dar la batalla hasta el último minuto. El Grupo Parlamentario Socialista ha empezado a trabajar en un nuevo texto en el que se recoge “todo lo que no queda regulado”, ha señalado la portavoz de Vivienda del Grupo Socialista, Leire Iglesias. La dirección del PSOE y del Grupo Parlamentario han dado la instrucción de que la defensa de los afectados tiene que continuar porque la ley deja a la intemperie a miles de ciudadanos que no entran en los apartados de la ley. La esperanza de muchos deudores por situaciones sobrevenidas, normalmente de pérdida del puesto de trabajo, o de los que ya han perdido la vivienda está en los jueces, que con sus resoluciones están paralizando desahucios.

Después de que la ley fuera aprobada por el Congreso a primeras horas de la tarde del jueves, la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, cumplió su compromiso con la agrupación del PSOE de Vicálvaro en Madrid de asistir a un coloquio sobre la ley. “Se me cayó el alma a los pies; había afectados por impago de su hipoteca que me preguntaban si la ley les amparaba. Ninguno de los casos que escuché entran dentro de la norma”. Este relato de la diputada socialista le sirve para justificar el trabajo que ha empezado el grupo socialista de comparar la letra de la futura ley con la realidad que conocen. Una reunión celebrada el viernes de la comisión sectorial de Vivienda del PSOE, con asistentes de toda España, les ha servido como base para constatar que “han quedado muchos cabos sueltos porque la protección a los deudores es muy limitada”, señala Iglesias.

Atar esos cabos sueltos es la tarea que se imponen ahora los socialistas en la redacción del texto y de las enmiendas que defenderán en el Senado cuando empiece el debate de la ley en los próximas días, aún sin fijar fecha concreta. Cuando se enumeran las medidas que sí incluye la norma, tanto en el PSOE como en otros grupos se reconoce que algo se ha avanzado. Sí valoran la agilización del procedimiento de ejecución hipotecaria y de subastas, así como la limitación de los intereses de la deuda, pero de inmediato se lanzan a señalar los vacíos. “No se han definido las cláusulas abusivas; no hay procedimiento transitorio; no hay solución para los que ya han perdido la casa, que solo el año pasado fueron 30.000”, enumeran. Las quitas de la deuda son estimables pero para acceder a ellas hay una carrera de obstáculos, señalan tanto la portavoz socialista, como los representantes de Izquierda Plural, que también preparan su batería de iniciativas para el Senado. “El Código de Buenas Prácticas queda en manos de lo que quiera el banco; queda a su discrecionalidad”, se queja Iglesias. .

Hay coincidencia en la oposición en que la ley, además de quedarse en umbrales cortos, aunque los ha ido subiendo para que afecte a más personas, deja en manos de los bancos las decisiones más relevantes . También los jueces adquieren un papel importante y se da por seguro, como hace el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, que la litigiosidad crecerá de manera imparable. Dejar fuera del Parlamento las principales decisiones “supone un fracaso de la política que podía haber aquilatado mucho más”, concluye la portavoz socialista. Pero lo cierto es que ahora mismo la esperanza de muchos afectados, de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca, PAH, y de la oposición está en la actitud de los jueces, “que están mostrando una gran sensibilidad y aprovechando al máximo la cobertura que les ha dado la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia con su denuncia contra las leyes españolas por cláusulas abusivas”. Este reconocimiento de un portavoz de la oposición se corresponde con la realidad de las últimas semanas en las que proliferan las decisiones de los jueces en la paralización de los lanzamientos o desahucios. Con la futura ley los ciudadanos podrán ir al juez si creen que están siendo víctimas de cláusulas abusivas.

Cuando desde el Gobierno se reitera que la norma contempla la dación en pago; la paralización de los desahucios y la existencia de 6.000 viviendas para alquiler social, toda la oposición se apresura a poner media docena de precisiones a cada una de los tres puntales de la plataforma de afectados y base de la Iniciativa Legislativa Popular. Toda su convicción de que la ley es insuficiente la volcarán en el Senado pero mientras llega la tramitación se utilizarán otras iniciativas parlamentarias para mantener vivo el debate.

Esta misma semana habrá preguntas parlamentarias al Gobierno, formuladas directa o indirectamente, La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, incluirá la mención a la ley en su pregunta la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre “cómo valora el Gobierno el mantenimiento de un clima de paz social. Sin rodeos el diputado Joan Baldoví de Compromis – Equo pregunta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si cree que la ley aprobada respeta “el sentido de la Iniciativa Legislativa Popular”, avalada por casi un millón y medio de firmas “ y con el apoyo demoscópico del 90% de la población”. La oposición está preparada para la respuesta en la línea de que ningún gobierno hasta que ha llegado el PP ha hecho algo por los afectados por impago. Sí, pero es insuficiente, proclaman todos los demás.