El giro de Gallardón sobre el Poder Judicial no evita la soledad del PP

“No es eso lo que quiso el legislador constituyente. No es eso lo que nos manda nuestra Constitución, y es un error que estamos obligados a corregir y tenemos que empezar, lo digo con rotundidad y desde el principio para acabar con esa politización y con esa percepción de politización que tienen los españoles, con la modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Tenemos que ir al espíritu de la Constitución y tenemos por lo tanto que dejar bien claro que la voluntad del Gobierno, como ya ocurrió en los primeros tiempos de funcionamiento del Consejo, es que 12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”.

Así defendió Alberto Ruiz-Gallardón el 25 de enero de 2012, en su primera comparecencia en el Congreso como ministro de Justicia, la inconstitucionalidad de la elección parlamentaria del Consejo y la necesidad de eliminarla. Con el mismo entusiasmo defendió este jueves en el mismo lugar lo contrario; es decir, su proyecto de ley que establece un nuevo modelo de Consejo, pero que mantiene la elección parlamentaria.

Lo que hace 15 meses veía inconstitucional, ahora es para él lo más acorde con el espíritu de los padres de la Constitución y con la doctrina posterior. “Si esta Cámara, en consideración lógica a la realidad de la carrera judicial y a la realidad parlamentaria, lo que hace es no repartir números, sino consensuar nombres, elegir a los mejores, buscar a personas que desde sus diferentes procedencias representen de verdad la excelencia de la carrera judicial, de los operadores jurídicos, y lo hace desde un sentido de la responsabilidad, habrá cumplido plenamente la Constitución”, dijo.

“Es el propio Tribunal Constitucional, que es el único que puede interpretar la Constitución con autoridad, quien dijo que esa reserva de los otros 12 vocales para jueces y magistrados no exigía que fueran elegidos por los propios jueces y magistrados”, remachó para corregir su planteamiento de hace 15 meses. Es decir, que el PP defiende en la oposición la elección corporativa y en el Gobierno mantiene la parlamentaria, como ya hizo entre 1996 y 2004, con José María Aznar en La Moncloa.

El programa electoral del PP de 2011 daba por hecho que solo era constitucional la elección corporativa cuando comprometía “la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo, para que, conforme a la Constitución, 12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”.

El giro de 180 grados lo ha dado Gallardón para buscar el consenso, pero ni por esas lo ha conseguido, porque en el primer trámite solo el PP apoyó el nuevo modelo. Se rechazaron este jueves cinco enmiendas de totalidad de todos los demás grupos, se escucharon duras críticas y solo CiU, tras un discurso de rechazo del proyecto, se abstuvo para favorecer el diálogo.

La reforma casi total de uno de los principales órganos constitucionales arranca sin asomo de consenso. Y eso que el citado programa del PP se lamentaba de esa falta de acuerdo cuando decía que “la ruptura de los consensos políticos básicos ha llevado a modificaciones de la configuración y el funcionamiento de componentes fundamentales de nuestro marco institucional, como el Tribunal Constitucional o el Consejo del Poder Judicial, que han resultado gravemente perjudiciales para su buen funcionamiento”.

Gallardón, tras escuchar el vendaval de críticas y comprobar la soledad del PP, reiteró las ofertas de diálogo y pacto. Según explicó el socialista Julio Villarrubia, el proyecto ha sido rechazado por todos los operadores judiciales, progresistas y conservadores, porque desapodera al Consejo y lo reduce al mínimo a favor del poder ejecutivo, es decir del Gobierno. Para Emilio Olabarría (PNV), “el Gobierno pretende descabezar el órgano de los jueces y someterlo a mayor control gubernamental”. A esos argumentos, Rosa Díez (UPyD) añadió el rechazo radical a la elección parlamentaria de todos los vocales.

Los 12 vocales de la carrera judicial serán elegidos por las Cámaras junto a los ocho juristas de reconocido prestigio; podrán presentar su candidatura todos los jueces y magistrados en activo que reúnan un mínimo de 25 avales o el de una asociación judicial; solo tendrán dedicación exclusiva los miembros de la Comisión Permanente, que rotarán anualmente, el vicepresidente del Consejo y el presidente del Supremo; se crean las figuras del vicepresidente del Supremo y del promotor de la acción disciplinaria, y se elimina la posibilidad de bloqueo por falta de acuerdo en la renovación, entre otras novedades del proyecto.

Salvo nuevo giro del PP en el Congreso y en el Senado, el Consejo tendrá menos competencias y menos dedicación de sus miembros. Será así aunque el PP, en su último programa, decía: “Fortaleceremos el Consejo General del Poder Judicial”.