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Los antidesahucios quieren retirar la iniciativa legislativa el día de su votación

La Iniciativa Legislativa Popular pertenece al Congreso una vez que fue admitida

Solo un pleno de de la Cámara Baja podría decidir la devolución a sus promotores

Los promotores del texto consideran que el PP eliminó "todo rastro" de lo que defendían

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Participantes en la concentración convocada por la PAH.

"El PP, desconociendo el masivo apoyo social a la propuesta, elimina todo rastro de la iniciativa legislativa popular (ILP) por la dación en pago", ha afirmado este jueves en un comunicado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en nombre de las entidades que promovieron la medida (los sindicatos CC OO, UGT y la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña). Por eso, en un gesto simbólico -ya que la ILP, que fue avalada por millón y medio de firmas, ya ha sido tramitada por el Congreso, que al final de la mañana tiene previsto aprobarla con los votos en solitario del PP- ha decidido retirarla.

Este anuncio ha causado cierto desconcierto entre los grupos de la Cámara. No obstante, los servicios jurídicos del Congreso han señalado a EL PAÍS que “esta y cualquier propuesta una vez que es tomada en consideración ya es propiedad de la Cámara”. Así, la petición verbal de la comisión promotora de la Plataforma “no tiene trascendencia jurídica porque al admitirse por el Congreso sus promotores pierden la autoría y ya es del Parlamento”.

No obstante, si esta comisión promotora de la PAH se dirige por escrito al Congreso su petición la estudiaría la Mesa de la Cámara Baja, en la que tiene mayoría el PP, y podría decidirse aplicar el artículo 129 del Reglamento de la Cámara Baja, según el cual la retirada de una proposición de ley, que es en lo que transforma toda iniciativa legislativa popular, corresponde al Pleno del Congreso. Este tendría que votarlo.

Cifuentes advierte a la PAH: "Se aplicará la ley"

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho esta mañana que en la concentración convocada frente al Congreso por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) -de la que no se ha informado a la Delegación- se hará "lo mismo" que siempre: aplicar la ley para mantener el orden público.

Cifuentes, en una rueda de prensa ofrecida en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid, ha respondido a los periodistas que conoce la convocatoria por los medios de comunicación y que ante ella "no se hará ni más ni menos que lo que se hace en todas las concentraciones no comunicadas", informa Efe.

La PAH ha convocado para hoy a las dos de la tarde una concentración frente al Congreso, con ocasión de la reunión de la Comisión de Economía que aprobará el proyecto de Ley de Protección de los Deudores Hipotecarios, para denunciar que el texto no recoge sus propuestas.

Esta es la literalidad de ese artículo reglamento: “La iniciativa de retirada de una proposición de ley por su proponente tendrá pleno efecto por si sola, si se produce antes del acuerdo de la toma en consideración. Adoptado este, la retirada solo será efectiva si la acepta el Pleno de la Cámara”.

Lo cierto es que la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca una vez tomada en consideración por la Cámara se ha subsumido en el texto que hoy aprobará la Comisión de Economía, aunque ciertamente los grupos de oposición señalan que tanto se ha diluido que ya no es lo que fue.

Toda iniciativa legislativa popular que entre en el Congreso y sea debatida, al margen de que se apruebe o no, llevada aparejada una compensación económica de hasta algo más de 300.000 euros para cubrir gastos. Pero este pago corresponde al Gobierno a través del Ministerio del Interior, y ya es ajeno al Congreso, señalan las fuentes parlamentarias consultadas. Ada Colau, portavoz de la PAH apunta que tienen facturas por valor de 20.000 euros, de los cuales 2.000 han sido aportados por la propia plataforma y el resto por las otras cinco entidades promotoras. Estos gastos sirven para costear sobre todo la copia de las hojas de recogida de firmas y si envío a decenas de ciudades.

"Con su proyecto de ley, el PP no resuelve el problema social de la deuda hipotecaria (ni de los que ya han sido desahuciados ni de los que lo serán en el futuro)", afirma la plataforma, que recuerda que el texto promovido por los populares ya no recoge sus principales peticiones: dación en pago retroactiva; paralización de los desahucios que afecten a primeras viviendas y alquileres sociales. Por eso, los antidesahucios califican de la propuesta del PP de "burla".

Ada Colau, durante la presentación del libro Sí se puede, escrito en colaboración con su compañero Adrià Alemany, ha asegurado que a ellos les gustaría que no fuera una retirada simbólica, pero como no hay precedentes en el Congreso de una situación así, ha dicho: "No sabemos qué ocurrirá". Los abogados de la plataforma les han explicado que, "probablemente, esta misma tarde se vote o no la retirada de la ILP en el pleno del Congreso". Pero, como han explicado a EL PAÍS los servicios jurídicos del Congreso, esa votación en ningún caso podría producirse hoy, puesto que la petición llevaría sus trámites.

Colau ha insistido en que rechaza que "el PP apruebe esta tarde una reforma inspirada" en el texto que presentaron.  "Que aprueben lo que tengan que aprobar, pero no en nuestro nombre", ha zanjado.

Colau: “Hay que ser mala gente para comparar a la PAH con ETA”

El libro Sí se puede, de Ada Colau y Adrià Alemany, presentado esta mañana en Barcelona, incluye una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fechada el pasado 8 de abril, que responde a la polémica por los escraches. La misiva ha sido enviada por la cara más visible de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) al jefe del Ejecutivo. “Ojalá recibamos respuesta”.

Escribe Colau sobre los escraches: “Les molesta que podamos a ir a protestar frente a su casa. Lo entiendo. A mí tampoco me gustaría”. Pero insiste en la idea de que “si hubieran acudido a un desahucio, entenderían que se trata de algo infinitamente más molesto”. La carta recuerda que hay miles de personas en una “situación límite (…), a pesar de que viven rodeadas de la abundancia”. Colau responsabiliza al Ejecutivo de la situación. “Ustedes gobiernan este país. No debería sorprenderles que esas familias llamen a su puerta después de haber intentado en vano llamar su atención”.

Colau califica de “casualidad” que cuando la PAH tiene más apoyo social; cuando la justicia europea ha dado la razón a las personas afectadas y “cuando parecía que ya nada más puede retrasar la necesaria reforma legislativa" el Gobierno "sale con una campaña de criminalización como única respuesta”. En su opinión, en lugar de escuchar el “clamor popular” el Ejecutivo genera “confusión comparando nuestras acciones pacíficas con el terrorismo de ETA o la Alemania nazi. Hay que ser mala gente para decir algo así”, escribe antes de aprovechar las comparaciones con el nazismo para afirmar que “es la democracia española la que vulnera sistemáticamente los derechos humanos al permitir violentos desalojos y miles de personas empobrecidas”.

La activista de la PAH ha asegurado después que sus abogados están ultimando una demanda contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristiana Cifuentes, que será presentada la próxima semana. Colau ha insistido que ella no es “lideresa de nada” y que las acusaciones y amenazas recibidas no la intimidan. Ni a ella ni a la PAH. “Si nos quieren detener, que lo hagan. Seguiremos paralizando desahucios, negociando daciones en pago y alquileres sociales y promoviendo el cambio”. Finalmente ha pedido a Rajoy que modifique su postura. “Rectificar es de sabios y aún está a tiempo, pero si insiste con medidas que ya se han probado y no han funcionado, nos lleva al caos”.