PP y PSOE rechazan la inmunidad del Príncipe pero estudian el aforamiento

Todavía no existe ningún borrador de la ley sobre la Corona, y casi todas las iniciativas para atajar la crisis de la Monarquía se han quedado hasta ahora en meras hipótesis. Pero después de que Mariano Rajoy rechazara de forma tajante, hace diez días, que se esté planteando una reforma, el debate sobre el futuro de la Casa del Rey —más allá de su inclusión en la Ley de Transparencia— sigue sobre la mesa. Algo se mueve. Y, aunque oficialmente aún no se ha producido ninguna conversación, los dos principales partidos coinciden en varios aspectos que resultarían básicos en el desarrollo de la norma.

Populares y socialistas rechazan, por ejemplo, que la condición de inviolabilidad o inmunidad que la Constitución reconoce a don Juan Carlos pueda extenderse a otros miembros de la Casa del Rey. En segundo lugar, mantienen que cualquier cambio legislativo que afecte a la Corona debería abordarse con el más amplio consenso y aprobarse, al menos, tras un pacto entre PP y PSOE, partido que pide abiertamente al Gobierno reformas en este terreno. La formación conservadora y el principal partido de la oposición, además, dejan abierta, en principio, la posibilidad de que se estudie un aforamiento legal del Príncipe, que ahora no existe. Fuentes de la dirección nacional del PSOE consideran “razonable” esa circunstancia, aunque no tienen claro si podría producirse con una ley orgánica o habría que tocar la Constitución. Fuentes populares insisten en que toda propuesta en ese sentido debería debatirse en el Congreso y ser consensuada por los grupos políticos.

Los principales partidos coinciden en que debe pactarse cualquier reforma

La propia número dos del PP, María Dolores de Cospedal, admitió ayer, en su primera comparecencia en la sede nacional del partido desde el pasado 25 de febrero, que es el momento oportuno para acometer una nueva regulación de “ciertos aspectos” de la Casa del Rey, aunque sin forzar los cambios. La secretaria general de los populares quiso dejar claro, en cualquier caso, que “la figura del jefe del Estado en su inmunidad tiene que mantenerse como hasta ahora”. Solo “la del jefe del Estado”, enfatizó. Cospedal no evitó, por tanto, fijar el criterio de su partido ante la hipótesis de una reforma constitucional. Sería el Rey, el jefe del Estado, quien siga manteniendo la condición de inimputable como señala el artículo 56 de la Constitución: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. No así la persona del Príncipe, a quien la Ley de Enjuiciamiento Criminal reconoce el derecho a no “concurrir al llamamiento judicial para declarar”, obligación de la que están exentos “el Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe heredero y los regentes del Reino”.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, no ocultó recientemente, a este respecto, su preocupación por la falta de aforamiento del Príncipe. En una entrevista en La Razón aseguró que le parece “absolutamente incomprensible” que los Príncipes de Asturias no tengan aforamiento como un parlamentario. “No me parece equilibrado”, opinó Torres Dulce. La número dos del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ya aseguró públicamente que escuchará las recomendaciones de la fiscalía al respecto, puesto que “el Ministerio Fiscal tiene un papel muy importante en la redacción de esas leyes, está sometida a su informe, con lo que estamos abiertos a escuchar su opinión sobre estos temas, que son competenciales”.

Esos cambios, en cualquier caso, se incluirían en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Fuentes del Gobierno aseguran que de momento no está sobre la mesa ningún proyecto de una nueva ley sobre la Corona que fije mecanismos para la abdicación ni el Ministerio de Justicia ha encargado a un grupo de expertos un documento al respecto.

Los populares creen que es un “buen momento” para “ciertos cambios”

Pero algo se ha desbloqueado, al menos en el terreno de los mensajes políticos. Preguntada sobre si es el momento de abordar la cuestión de la abdicación de don Juan Carlos, Cospedal, la máxima responsable del PP después de Rajoy, reconoció que es un “buen momento” para regular “ciertos aspectos” del futuro de la Corona. “Es el momento de reforzar nuestras instituciones, no de intentar debilitarlas”, añadió. Aunque rechazó “someter a tensiones a la Corona ni a cualquier otra institución del Estado”. En este contexto, y en pleno debate sobre el futuro de esta institución, Cospedal defendió que la única figura que debe mantener la condición de inmunidad es la del Rey. “Creo que así debe seguir siendo”, añadió. Las palabras de Cospedal van más allá que las del presidente del Gobierno, quien, al ser preguntado el pasado 4 de abril sobre el desarrollo de una ley orgánica para la abdicación del Monarca, quiso zanjar la cuestión. “No está previsto absolutamente nada de lo que usted ha planteado”, contestó Rajoy.

El PP, de todas formas, mantiene que cualquier cambio en el estatus de la Monarquía debe pactarse, al menos, con el principal partido de la oposición, el PSOE. Cospedal valoró, además, ayer que la Corona vaya a estar incluida en la Ley de Transparencia. “Si tiene que publicarse o no su patrimonio dependerá del acuerdo al que lleguen al menos los dos partidos mayoritarios”, indicó.

Al margen de los puntos en común que han comentado en privado con el PP para un futuro acuerdo, la dirección del PSOE defiende con mucha más claridad una modernización de la institución. Así la vicesecretaria general de los socialistas, Elena Valenciano, dejó claro ayer que “el Partido Socialista es un partido de la Constitución”. En este contexto, puesto que “la Constitución española consagra una Monarquía parlamentaria”, defendió la postura de su partido: “Nosotros defendemos y queremos una Monarquía más moderna, una Monarquía parlamentaria del siglo XXI, adaptada a los tiempos. Y para eso hay que hacer reformas”.