Instrumento clave

Pese a la desafección inicial del PP, la ponencia de paz y convivencia, constituida ayer en el Parlamento vasco, será un instrumento clave en la consolidación de la paz en Euskadi. Y lo será porque, por primera vez, las cuatro grandes corrientes políticas del País Vasco —el PP se va a incorporar más pronto que tarde— se van a sentar para fijar juntas la hoja de ruta del final de la violencia, que pasa por las víctimas, los presos, la convivencia y la memoria.

Que sean los partidos vascos los que protagonicen la hoja de ruta del final de ETA es toda una garantía para consolidarlo. Y la mayor prueba de que los partidos vascos son conscientes de la trascendencia histórica del reto que van a abordar es que han elegido para representarles en la ponencia a sus principales espadas en el Parlamento.

El trabajo de la ponencia será difícil y necesitará tiempo para lograr el consenso. Se inicia con los recelos del PP, que teme que la izquierda abertzale aproveche la ocasión para evitar la deslegitimación de la violencia de ETA y que, además, la utilice como instrumento de presión para que el Gobierno cambie la política penitenciaria.

El PP cuenta con la complicidad del PNV y el PSE para evitar que la ponencia diluya la necesaria deslegitimación de la violencia de ETA en la democracia. Los tres partidos firmaron hace tres semanas un compromiso ético para evitar que el rechazo de la violencia etarra se diluya en el “conflicto político”.

Es esa precisamente una de las principales exigencias que los demás partidos reclamarán de la izquierda abertzale. Esta, desde su prometedor rechazo expreso a la violencia de ETA en los estatutos de Sortu, en febrero de 2011, no ha seguido dando pasos en esa dirección. No solo no ha avanzado en la revisión autocrítica de su complicidad con la violencia en el pasado. Tampoco en la exigencia a ETA, al menos públicamente, de que avance hacia el desarme y la disolución. Y tampoco ha profundizado en la reclamación a los presos de ETA de que se acojan a las medidas de reinserción individual.

Pero que la izquierda abertzale no sea más osada en reclamar a los presos de ETA que se acojan a la legalidad penitenciaria como ella lo hizo asumiendo la Ley de Partidos, con los estatutos de Sortu, para recuperar su reconocimiento legal, o que la banda no avance hacia la disolución y el desarme, no significa que el Gobierno no tenga nada que hacer.

Los principales líderes de PNV y PSE, además del Gobierno vasco, se han pronunciado reiteradamente para que el Ejecutivo del PP sea coherente con su reconocimiento del cese definitivo de ETA como una nueva etapa en el País Vasco, flexibilice la política penitenciaria, con acercamientos de presos etarras a cárceles próximas a Euskadi, y estimule vías de reinserción. Sin embargo, el Gobierno hace todo lo contrario. Ha cegado la vía Nanclares y ha sido beligerante con el mantenimiento de la doctrina Parot.

La ponencia parlamentaria vasca tiene aquí otro papel que jugar. El esfuerzo, en este caso, lo tendrá que hacer el PP vasco. Pero no cabe duda de que es a la izquierda abertzale a la que le queda el principal recorrido por hacer.