Torres-Dulce moviliza a los fiscales contra los escraches a los políticos

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha movilizado al ministerio público contra los llamados escraches o protestas contra cargos políticos en su entorno privado. Les ha pedido información sobre estos actos, y además admite que está estudiando la aplicación de la ley sobre este tipo de movilizaciones.

El pasado 4 de abril, el teniente fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía General, José Miguel de la Rosa, les remitió sobre este asunto un oficio al que ha tenido acceso EL PAÍS. El escrito se dirige a los fiscales superiores que, a su vez, lo han hecho llegar a todos los miembros de la carrera. La Fiscalía empieza por asegurar que “en la actualidad se están produciendo situaciones de acoso al entorno personal de diferentes representantes parlamentarios y otros cargos institucionales, promovidos por afectados por procedimientos hipotecarios y otros colectivos similares”.

Añade que “la Fiscalía General del Estado va a realizar el correspondiente análisis sobre la relevancia jurídico-penal de cada una de estas situaciones, así como el estudio de la respuesta que, en cumplimiento de las funciones que tiene legalmente encomendadas, le corresponde adoptar al Ministerio Fiscal en relación con tales hechos”.

Hasta ahora, las asociaciones de jueces han asegurado que, al margen de la consideración que merezcan estos actos de protesta, no aprecian delito de quienes los convocan o quienes participan en ellos. De hecho, en algunos escraches significativos como el que se produjo en casa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no se produjeron detenciones, ni por tanto les serán exigidas responsabilidades penales a los participantes.

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía, envió hace dos semanas a las comisarías una instrucción en la que se ordenaba identificar y detener a quienes participen en actos de señalamiento a políticos o escraches.

El escrito de la Fiscalía General del Estado da a entender que la posibilidad de que se actúe penalmente está aún pendiente de ese “análisis sobre la relevancia penal” de los escraches que suele convocar la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

El oficio de la Fiscalía termina pidiendo a los fiscales que se informe de todos los actos de este tipo que se produzcan en su demarcación. “A los expresados efectos y sin perjuicio de las actuaciones que estime procedentes realizar en cada supuesto concreto, ruego informe a esta Secretaría Técnica de todos los acaecimientos de dicha índole que se produzcan en el territorio de su Fiscalía”, asegura.