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Defensa niega a un juez civil el expediente disciplinario abierto al líder de AUME

Afirma que su conocimiento “puede poner en riesgo la seguridad del Estado”

Miguel González
Jorge Bravo, presidente de la AUME, ante varias efigies en las que aparece amordazado.
Jorge Bravo, presidente de la AUME, ante varias efigies en las que aparece amordazado.bernardo pérez

El Ministerio de Defensa ha negado al titular del juzgado de instrucción número 26 de Madrid el expediente disciplinario del líder de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el subteniente Jorge Bravo, con el argumento de que ese tipo de documentos están clasificados como secretos por un acuerdo del Consejo de Ministros de 1986, que protege aquella información “cuyo conocimiento por personas no autorizadas puede poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”.

Según el escrito que la Asesoría Jurídica del Cuartel General del Ejército ha dirigido al juzgado, “no es posible atender dicha reclamación judicial” sin que se produzca “una decisión expresa del propio Consejo de Ministros”, por lo que invita al juez a dirigirse al Gobierno “a efectos de instar la oportuna desclasificación de los documentos solicitados”.

Bravo cumple, desde el pasado miércoles, un mes y un día de arresto en el centro disciplinario de Base San Pedro, en Colmenar de Oreja (Madrid), por declarar a una emisora de radio que, antes de recortar el sueldo a los militares, habría que ahorrar en “gastos superfluos de las Fuerzas Armadas, como festejos, celebración de aniversarios, juras de bandera con población civil, uso racional de vehículos oficiales, vinos [o] entrega de premios”.

El general de división José Manuel Roldán, jefe de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Ejército de Tierra, consideró que esas declaraciones incurrían en una falta disciplinaria grave, consistente en “hacer reclamaciones a través de los medios de comunicación social”.

Antes de que se conociera el arresto, Bravo denunció al general Roldán porque era manifiesto que este “carecía de competencia” para sancionarle, por lo que la mera apertura del expediente suponía ya la adopción de una resolución injusta a sabiendas; es decir, un presunto delito de prevaricación.

La denuncia fue admitida a trámite por el juez de Madrid, quien estimó que los hechos “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal” y acordó dirigirse al Ministerio de Defensa para reclamar el expediente disciplinario de Bravo. Defensa ha contestado al juez que este es “secreto”, aunque el propio sancionado lo conozca,

La AUME, asociación mayoritaria entre los militares, con casi 4.000 afiliados, ha convocado una manifestación el próximo día 27 ante el Ministerio de Defensa para protestar por el arresto de su presidente. Su abogado ha anunciado que presentará una solicitud de habeas corpus y pedirá a la Defensora del Pueblo que inspeccione las condiciones en que Bravo está privado de libertad. Tanto el PSOE como UPyD han criticado el arresto —que los socialistas consideran “desproporcionado”— y numerosas asociaciones de militares y guardias civiles se han solidarizado con el subteniente.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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