La interferencia

En la famosa escena de la noria de El tercer hombre, Harry Lime explica a su ingenuo amigo la lógica que preside su actuación delictiva al comerciar con penicilina adulterada. Vistos desde lo alto, los hombres pierden el perfil de su condición humana; son puntitos negros que impunemente pueden ser aplastados en beneficio propio.

Es lo que debió pensar Urdangarin cuando puso en marcha la Fundación Cultura-Deporte-Integración Social, sobre los niños discapacitados que le iban a servir de gancho para supuestamente consumar la más abyecta de sus supuestas —normas obligan— estafas. Contemplados desde su atalaya de miembro de la familia real, los discapacitados eran simples puntos negros, perdían la condición humana; había que darles lo mínimo posible, lo justo para seguir adelante con la apropiación de los donativos y su colocación en paraísos fiscales.

No cuentan, pues, solo los delitos económicos, sino la profunda inmoralidad que ha marcado a la trayectoria iniciada con Nóos y culminada con el episodio citado. En cuando al conocimiento de los hechos y a la implicación de doña Cristina de Borbón, fundamento de la inculpación del juez Castro, no existe dato alguno para arrojar dudas sobre ambas cosas. Con toda seguridad, no era ella la gestora de la trama, pero, simplemente por los signos externos, una persona no de sobresaliente inteligencia, sino simplemente normal, tiene que percibir que con los ingresos de ambos no era posible comprar el palacete de Pedralbes. Cristina dio por bueno que su marido utilizase a fondo las influencias derivadas de su condición real para los negocios, estuvo en condiciones de tomar nota de las advertencias de su padre, y asumió el papel de cofundadora de Aizóon, la sociedad que se encargó de la desviación de fondos. Si a esto añadimos que ante la ley no le corresponde aforamiento alguno, carece de sentido cuestionar que el juez la interrogue sobre tales aspectos. Salvo que nos situemos en la esfera del privilegio y de la impunidad. Algo apuntó su desabrida respuesta a las periodistas que intentaban hablar con ella en Estados Unidos el mismo día en que Urdangarin salió corriendo: eran las culpables de lo que estaba pasando.

Es la Corona quien paga toda intervención como la que está en curso

Ante un escenario tan turbio, la línea de conducta del Monarca debió quedar trazada por sus propias palabras: primero, la ley es igual para todos; y segundo, la conducta de la familia real ha de ser ejemplar. Tal vez no pensó que las cosas llegarían tan lejos, pero lo cierto es que de forma creciente la Casa del Rey ha dado signos de malestar, lo cual, de cara a los jueces, supone una presión mucho más fuerte que la que pudiera derivarse de la opinión pública. La propia exclusión de Urdangarin del espacio regio no se debió al conocimiento de sus actividades, sino al correo divulgado por Torres donde jugaba con su título de duque “em…”.

La reacción al auto del juez Castro señala un punto de no retorno, verosímilmente doblado con presiones ejercidas a través de medios políticos conservadores, a pesar de la neutralidad inicial: esperpéntica oposición del fiscal anticorrupción a que se recaben datos sobre un caso grave de corrupción, ataques contra el juez. La declaración pública de la Casa del Rey —abreviemos: del Rey— disipa toda duda: llegó el momento de arrojar todo el peso simbólico de la Corona contra la marcha normal del procedimiento. El Rey puede sorprenderse en privado; la manifestación pública indica disgusto, ¿o es que el juez debía habérselo notificado antes? Y “la absoluta conformidad” a la impugnación del fiscal solo tiene una calificación: interferencia. El Rey no es responsable; luego no debe cometer directa o indirectamente actos propios de una posición de responsabilidad, y menos condicionando una acción judicial.

Ni leones bajo el trono, como quería Jacobo I, ni sometidos ahora a una presión cuyos promotores olvidan que el propio Rey, en el Estado de derecho, ha de comportarse como primer magistrado de la nación, no como cabeza de una familia, asumiendo encontrarse sub Deo et lege según la fórmula clásica del juez Coke. Hoy diríamos que en el marco estricto del Estado de derecho, favoreciendo la aplicación del mismo a un caso de corrupción en el cual el nombre del Rey ha sido recurrentemente utilizado para tráfico de influencias.

Una vez escuché a don Juan Carlos relatar lo que le había costado acceder a la Corona. En la circunstancia presente, esa prioridad de la institución debiera ser afirmada contra toda preferencia personal. Es la Corona quien paga la cuenta de toda intervención arbitraria, como la actualmente en curso.