Los afectados por las preferentes pierden la paciencia en Galicia

Los grupos no son muy grandes. A veces no pasan de 50 personas, a veces rondan el centenar. Siempre con camisetas del mismo color, siempre con las cornetas y casi siempre con ojeras. Los hay que trabajan y los hay parados, pero la mayoría son jubilados. Son los afectados por las participaciones preferentes de Novagalicia Banco, que han dicho basta. Tras un año de protestas, los afectados arrancaron 2013 con la determinación de presionar al PP y el Gobierno para conseguir de una vez que les hagan caso, que se acepte que les han robado y que les devuelvan los ahorros. Y han pasado a la acción allí donde la administración es más cercana y más sensible a la protesta, en los ayuntamientos.

La semana comenzó con un incendio de plenos municipales interrumpidos, resaca del anuncio de que la quita media para los tenedores de preferentes de Novagalicia será del 43%. Las plataformas de afectados no están por la labor y quieren un compromiso firme de que los regidores presionarán todo lo posible para que se les devuelvan los ahorros. Entre el lunes y el miércoles, siete localidades de la provincia de Pontevedra tuvieron que suspender sus sesiones por la presencia de los vecinos, bocina en ristre. Salvaterra de Miño, As Neves y Gondomar en el sur de la provincia, en el área de influencia de Vigo. La architurística Sanxenxo y O Grove, un poco más al norte. “O estáis con nosotros o estáis contra nosotros”, repiten. Dos días después, Moaña y Ponteareas, esta última con un cinematográfico mutis del regidor, Salvador González Solla, rodeado de agentes de la Guardia Civil. El despliegue puede sorprender si se tiene en cuenta que hace algo más de un año que los afectados tomaron consciencia de la magnitud del escándalo –se calcula que hay más de 70.000 afectados- y desde entonces se cuentan con los dedos los incidentes violentos. La semana previa, tras escuchar el rapapolvo de un portavoz, el regidor le llamó “sindicalista” y envió a sus ediles fuera del edificio. Salieron por la ventana.

Este boicot, que explotó esta semana pero lleva propagándose por la provincia desde hace ya un par de meses, contrasta con el civismo del año pasado. Las manifestaciones cruzaban las ciudades, sonaban los pitos, caía algún que otro huevo ante la sucursal de turno y al final la gente se iba a casa. La Xunta pasó meses indecisa, echando la culpa al banco, que nació tocado como fusión de las dos cajas, Caixa Galicia y Caixanova, y languidece ahora en manos del FROB. La entidad decía que los productos financieros se habían vendido sin irregularidades, pese a los testimonios de los afectados. Hasta que empezaron a aflorar las pruebas de casos sangrantes. Contratos firmados por menores de edad, por ancianos ciegos, por analfabetos que estampaban formularios con la huella dactilar. El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo promovió entonces un mecanismo de arbitraje. Los afectados rellenaban una solicitud y esperaban la llamada del Instituto Galego de Consumo para citarlos en una oficina de Santiago con un representante del banco. Se pactaba una cifra y se recuperaba el dinero, descontando parte de los intereses acumulados.

El proceso fue y sigue siendo problemático. No están claros los criterios que empleó el banco para decidir qué clientes podían acceder al sistema, lo que provocó que arreciasen los rumores sobre tratos de favor. Las familias pasaban el día pendientes del teléfono. A algunos les ha afectado a la salud. “Barreno, estoy jodido”, decía la semana pasada de camino a una protesta Jesús, de O Rosal municipio considerado el epicentro de la estafa, con casi un 10% de sus 6.600 habitantes con los ahorros en peligro. La plataforma de Vigo pidió el lunes reunirse con un representante de la Xunta para alertar de los problemas de salud que la desesperación está causando entre sus miembros, cuenta José Manuel Estévez, uno de los portavoces.

Hasta la fecha, el arbitraje ha devuelto el dinero a unas 15.000 personas, según la Xunta, pero a un ritmo desigual. La caída de la velocidad con que se tramitaban las peticiones, que se hizo patente en otoño, enrareció la situación. En unas semanas de octubre el número de laudos registrados pasó de más de 200 diarios a menos de 100. El bajón coincidió con la celebración de las elecciones autonómicas. El PP revalidó su mayoría absoluta, pese a perder unos 120.000 votos.

Muchos afectados vieron aquello como una traición y el enfado provocó un cambio de estrategia. Empezaron a encerrarse en los ayuntamientos. Primero, a principios de diciembre, Gondomar, seguido de O Rosal o Sanxenxo, que se unió tímidamente. Es llamativo el caso de Tui, una villa ya algo mayor, de 17.000 habitantes, donde el salón de plenos está totalmente tomado. El retrato del rey que preside la sala está decorado con pegatinas de la plataforma. Los colchones se almacenan detrás de las sillas de los ediles, que prefieren no pasar por el lugar antes que exponerse al estruendo de los silbatos. Solo aguanta un conserje. El alcalde, Moisés Rodríguez, ya no sabe qué hacer. “No tenemos una varita mágica” se quejaba hace unos días, en que explicaba que los vecinos “necesitan a su administración”. “El PP nos engañó, nos mintieron a la cara”, ruge cada vez que se le pregunta Xulio Vicente, portavoz de la plataforma de O Rosal y una de las caras más visibles de la protesta.

Lo que los afectados reclaman de los alcaldes es una garantía de que su preocupación es genuina, de que presionarán para conseguir una solución política, sin escudarse en las imposiciones de Bruselas. Algo en la línea de lo que ha hecho el alcalde del municipio costero de Oia, Alejandro Rodríguez. El regidor firmó en febrero, con sus ediles, un escrito en el que reconocía que “los líderes políticos” habían engañado a los afectados con sus promesas de un arbitraje rápido, y amenazaba con darse de baja en el PP si no se daba una solución. Desde entonces se deja ver poco. No fue al congreso provincial del partido, celebrado la semana pasada en un recinto blindado por las fuerzas de seguridad. Dijo que tenía que arar su finca y echar estiércol en las cuadras.

La agitación ha revuelto al PP. El presidente provincial, Rafael Louzán, que también lo es de la Diputación, ha apuntado a una supuesta conspiración política contra el partido, orquestada maliciosamente por sindicalistas. En Ponteareas el alcalde llama a la Guardia Civil. En Sanxenxo, la alcaldesa echó a cinco personas que llevaban tres meses encerradas sin dar demasiados problemas porque el pleno de la víspera fue movido. Otros optan por asimilarse a los estafados y se enfundan su camiseta, como en Moaña y Cangas. Ganan tiempo. Pero los perjudicados, un año después, no pueden más.