El PSOE lleva a Cospedal al Constitucional por la supresión de sueldos a diputados

“Solo el sistema de sueldo permite realizar de forma óptima el principio de igualdad en el acceso a los cargos representativos”. Ese es uno de los argumentos del recurso de amparo que 21 diputados socialistas de Castilla-La Mancha y 50 senadores del PSOE han presentado ante el Tribunal Constitucional para pedir la nulidad del acuerdo por el que se ejecutó la decisión de Dolores de Cospedal de dejar sin sueldo a los diputados autonómicos castellano-manchegos.

En la presentación del recurso, el secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero ha afirmado que "lo que Cospedal pretende es acallar a la oposición, porque busca que solo 3 diputados controlen y hagan oposición a su Gobierno a tiempo completo en una región que tiene 80.000 kilómetros cuadrados”.

En el argumentario, los socialistas sostienen, además, que el sistema de sueldo “implica, por lógica, una mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones parlamentarias, desde una perspectiva individual, especialmente en lo que atañe a la relación entre representantes y representados” y que favorece “una mayor eficacia en el funcionamiento del propio parlamento desde una perspectiva puramente organizativa”.

El recurso también alude a la labor de la oposición y señala que solo el cobro de una retribución fija posibilita el correcto ejercicio de la función de control mientras que el partido en el poder, a través de su control sobre la programación de la actividad parlamentaria y, por tanto, sobre el número de dietas, “tiene en sus manos un importante mecanismo de presión sobre la oposición, con la ventaja de que, además, la oposición nunca se atreverá a quejarse públicamente cuando reciba menos dinero, pues ello sería tremendamente impopular”.

La petición de amparo al Constitucional hace continuas referencias al artículo 23 de la Constitución que señala que los ciudadanos tienen “derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las Leyes”.

Además, sostiene que “la radicalidad de la medida, adoptada sin cautela alguna de transitoriedad”, afecta a las condiciones esenciales del mandato parlamentario que recibieron los representantes autonómicos y viola la igualdad en el acceso, la permanencia y el ejercicio de los cargos públicos representativos.