La clave: ¿dónde está el dinero?

Tras las sucesivas crisis industriales de mediados de los años noventa (Astilleros, Santana, Puleva...) que dejaron a miles de trabajadores en la calle y fueron uno de los factores que hicieron tambalear entonces la hegemonía del PSOE en Andalucía, el Gobierno de Manuel Chaves puso en marcha el llamado fondo de los ERE. Esta partida nace en 2001 con el fin de garantizar la paz social en la comunidad y permitir a la Administración autonómica actuar de forma rápida, dinero en mano, ante conflictos laborales.

La Consejería de Empleo decidió utilizar un procedimiento administrativo (la transferencia de financiación) que proporciona esa celeridad, sí, pero a costa de introducir opacidad, discrecionalidad y nepotismo en el uso del dinero público. En definitiva, se buscó un atajo para pagar los ERE y se acabó inoculando el virus de la corrupción, que sobrevivió ¡una década! en Empleo sin que nadie lo remediase.

Es verdad que Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo y principal implicado en el caso, hizo y deshizo a su antojo en sus nueve años como alto cargo, pero con el consentimiento o la pasividad de los dos consejeros que tuvo en su etapa: José Antonio Viera (diputado del PSOE en el Congreso, que está en el punto de mira de las pesquisas judiciales) y Antonio Fernández, en libertad bajo fianza.

El procedimiento de Empleo para dar las ayudas era opaco y discrecional

Las cifras del fondo de los ERE apabullan. Hasta el momento, la Junta ha desembolsado 721 millones de euros, pero cuando acaben los compromisos adquiridos, habrá pagado 1.217 millones.

Y de la misma manera que se trata de un caso de corrupción que repugna, es incierta la brocha gorda que sostiene que se han “robado” más de 1.000 millones de euros de los parados andaluces, como demuestran los datos que se conocen de la investigación judicial, que tiene estos cuatro pilares:

1. Los intrusos. Personas que percibieron una prejubilación por una empresa en la que nunca trabajaron. Se han detectado 126 casos de un total de más de 6.000 trabajadores que accedieron legalmente a la prejubilación. El fraude en este punto asciende a 12,3 millones de euros.

2. Las ayudas directas a empresas sin ningún tipo de control ni justificación. Buena parte de este dinero se concentró en la Sierra Norte de Sevilla, de donde es Guerrero. La Cámara de Cuentas cifró en 73 millones de euros el dinero que Empleo dio indebidamente a los empresarios beneficiados, entre ellos varios exconcejales del PSOE.

3. Las comisiones abusivas que se cobraron por tramitar los ERE y de las que se han lucrado consultoras, intermediarios o bufetes de abogados. La Guardia Civil ha estimado que el dinero desviado en sobrecomisiones asciende a 50 millones de euros.

4. Los informes de la Intervención de la Junta que, desde 2005, alertaron de que la Consejería de Empleo prescindía “de forma absoluta del procedimiento administrativo previsto en la ley” al pagar los ERE mediante la transferencia de financiación. Esta es la parte más delicada para el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que era consejero de Economía y Hacienda cuando la Intervención elaboró los documentos. El presidente andaluz siempre ha argumentado que desconocía estos informes y la actual titular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, entonces viceconsejera, asumió públicamente que no había comunicado las advertencias a Griñán. Además, este ha recalcado que la Intervención nunca hizo el llamado “informe de actuación”, que es el que habría alertado del menoscabo de fondos públicos y que sí le habría llegado directamente a él. Esta explicación levantó las iras del exinterventor general, Manuel Gómez, quien replicó que ya entonces había motivos suficientes para que saltasen las alarmas.

La juez Alaya también ha investigado las modificaciones presupuestarias para aumentar el fondo de los ERE que Griñán aprobó como consejero. Estas modificaciones, que llevaban el visto bueno del interventor, son habituales en la Administración y, en cualquier caso, no implicarían el conocimiento del inmenso fraude que se realizaba en Empleo.

Tras meses de empeño, parece que Alaya ha ralentizado esta vía de investigación y se ha centrado en la clave: ¿Dónde está el dinero defraudado de los ERE?