El PP habla de “esperpento” judicial y sigue sin aclarar qué entregará a Ruz

El PP prefiere denunciar la “pugna” entre los jueces de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y Javier Gómez Bermúdez por el caso Bárcenas en lugar de aclarar el alcance de la documentación sobre operaciones bancarias que debe entregar al tribunal hoy o mañana. El número tres de la formación, el vicesecretario de Organización y Electoral, Carlos Floriano, calificó ese jueves el conflicto de competencias entre los dos jueces de “situación esperpéntica”. Para el dirigente del partido, se trata de una circunstancia “poco edificante” de la que “solo puede salir beneficiado el presunto delincuente [el extesorero] y que genera la desconfianza de la opinión pública en el sistema judicial”. El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, fue más allá esta semana al comparar a la Audiencia Nacional con un “patio de colegio” y al tildar las exigencias de ambos jueces de “numeritos”

Frente a las duras críticas por la actuación de Bermúdez, hacia quien varios dirigentes confiesan en privado su desconfianza, el PP seguía eludiendo precisar qué datos mostrará a Ruz, una semana después de que el juez exigiera al partido toda la información relacionada con donaciones entre 1990 y 2011.

Pese al silencio oficial, desde el partido se admite que las series de datos que todavía se conservan se remontan en algunos casos hasta 1995 y, de manera detallada, hasta 2004. La investigación interna firmada por la actual tesorera y gerente, Carmen Navarro —cargo de máxima confianza de la secretaria general, María Dolores de Cospedal— reconocía que se tomaba 1995 “como año de partida al no existir series de datos anteriores” y que la “documentación pormenorizada de todas las cuentas” en poder de la dirección del partido se remontaba a 2004.

Floriano, que el pasado 4 de febrero aseguró que una imputación “no es causa objetiva de despido”, este jueves se refirió también, desde un plató de Antena 3, a la indemnización de 229.000 que Génova pactó el miércoles con Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, exalcalde de Pozuelo de Alarcón e imputado en el caso Gürtel. El número tres del partido consideró “sangrante” el pago de esa cifra pactada por su partido al veterano miembro del PP, que tras dimitir en 2009, siguió a sueldo de la formación para realizar informes. El propio Sepúlveda, llegó a decir Floriano, no podía ser despedido porque era “funcionario” de Génova, 13 (sede de los populares), aunque Cospedal desautorizó a este último una semana más tarde y cortó el vínculo laboral.

No obstante, Floriano valoró el acuerdo alcanzado con Sepúlveda en comparación con las posibles consecuencias del fallido acto de conciliación por la demanda por despido improcedente interpuesta por Luis Bárcenas. “La cuestión”, señaló, “sería enfrentarnos a una demanda en magistratura, e intentar resolverla, que es lo que nos está pasando, fíjese si es sangrante, con el señor Bárcenas, que después de haberle estado pagando, ahora resulta que nos reclama todavía casi un millón de euros”.

El dirigente popular se mostró prudente respecto de las posibilidades de éxito del partido en los tribunales: “El otro día, en el acto de conciliación, no conciliamos nada, y lo que vamos a tratar es que nos den la razón, pero puede pasar que algún juez nos diga que tenemos que pagarle casi un milón de euros al señor Bárcenas”, reconoció preocupado.