Las autonomías destruyen 5.863 empleos con la eliminación de entes públicos

El proceso iniciado en 2010 para reducir el tamaño del sector público haciendo que las comunidades autónomas eliminen sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios, ha cumplido en un 90% con los objetivos marcados. Al menos es lo que asegura un informe del Ministerio de Hacienda que se discute esta tarde en el Consejo de Política Fiscal que se celebra en Madrid. El estudio muestra que las autonomías se han comprometido con la supresión de sus empresas satélite: “Han cesado la actividad 477 entidades autonómicas de las 525 que se han comprometido a cerrar”. Con datos hasta octubre de 2012, “esto supone que el 90% de las entidades están ya disueltas o en fase previa de su extinción y, por tanto, sin actividad”. La mitad de esas 477 están “en proceso de extinción”, y 91 de “baja efectiva”. Otras 59 están en “proceso de liquidación o disolución”, y cerca de cien han cesado su actividad. Los funcionarios que trabajaban en esas empresas han sido trasladados a la administración y 5.863 trabajadores no funcionarios han visto rescindidos sus contratos. El ahorro en nóminas es, según el Gobierno, de 130 millones de euros anuales. Con todo, supoen una pequeña parte de lo que el Gobierno asegura que se va a dejar de gastar en estas empresas: 1.500 millones en el periodo 2011-2013.

El objetivo del Gobierno pasa por eliminar o recortar el presupuesto que estas empresas manejan

Castilla-La Mancha y Galicia han sido las dos comunidades más activas a la hora de recortar lo que se llegó a calificar como “chiringuitos”. Ambas han conseguido adelgazar la administración en 70 entes. En el otro extremo está Aragón, que ha creado dos empresas aunque tiene ocho en proceso de extinción de las 16 que se marcó reducir. Andalucía, cuyo objetivo era eliminar 111 entes, asegura que ya no participa en 95 de las 96 en proceso de extinción. Baleares, que se había comprometido a suprimir 93 empresas, cuenta con 79 en este proceso y ha eliminado de manera efectiva 14.

Más allá del número, el objetivo del Gobierno pasa por eliminar o recortar el presupuesto que estas empresas manejan. Según los datos facilitados esta tarde, los entes públicos de las Comunidades Autónomas que se están suprimiendo gestionan 6.810 millones de euros y tienen una plantilla de 25.580 personas. La deuda de los entes públicos, aunque se ha rebajado considerablemente en estos dos últimos años, todavía supera los 10.779 millones de euros, según las cifras del Banco de España.