El PP no aclara qué datos entregará a la Audiencia Nacional a 24 horas del plazo

El PP no podrá entregar a Pablo Ruz toda la documentación solicitada por el juez de la Audiencia Nacional, que el viernes exigió al partido la totalidad de las operaciones bancarias relacionadas con donaciones en 21 años —de 1990 a 2011— en el marco de la investigación de los papeles de Bárcenas. En vísperas de que venza el plazo para la presentación de la información, cinco días a partir de la recepción del auto, la dirección nacional del PP no aclaró ayer el alcance de los datos que proporcionará al juez. La gestión del caso la llevan con máxima discreción la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal; la actual tesorera, Carmen Navarro, y el responsable de los servicios jurídicos de la formación, Alberto Duran, por lo que todas las decisiones estratégicas relacionadas con el escándalo dependen de manera directa de la número dos del partido.

En cualquier caso, según el informe sobre la investigación interna presentado durante el Comité Ejecutivo Nacional de febrero, la propia tesorera admitió que acometió una “revisión de las series de datos que se conservan [desde el año 1995 en adelante]” y que, “adicionalmente, está disponible toda la documentación desde el año 2004, convenientemente archivada, que sustenta los datos de este último periodo de tiempo”. En referencia a la auditoría externa, nunca realizada, insistía: “Se toma 1995 como año de partida al no existir series de datos anteriores. La auditoría externa posterior a este estudio tendrá a su servicio, para la revisión de estas cuentas, todos los datos que puedan existir desde el año 1995 así como la documentación pormenorizada de todas las cuentas desde el año 2004”.

El PP, que según sus dirigentes mantiene su voluntad de colaborar con la justicia, no dispone, por tanto, de información detallada anterior a esa fecha, como exige Ruz. Aun así, el Código de Comercio fija para los empresarios la obligación de “conservar los libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a su negocio durante seis años”, por lo que el partido podría escudarse en esa norma en sede judicial.