La agencia de detectives Método 3 espió al menos a 15 políticos y a 10 empresarios

Método 3, la agencia de detectives que investiga un juzgado de Barcelona por el supuesto espionaje ilegal a la presidenta del PP catalán y diputada autonómica Alicia Sánchez Camacho, trabajó durante al menos los diez últimos años para partidos políticos, instituciones públicas, algún medio de comunicación, empresas de diversos sectores y bufetes de abogados. Elaboró para estos clientes informes variopintos donde se incluían seguimientos a los espiados, información detallada sobre tráfico de llamadas telefónicas, datos patrimoniales, laborales y fiscales, así como análisis basados a veces en recortes de prensa para llegar a conclusiones no verificadas ni confirmadas por investigaciones judiciales o policiales.

Algunas de estas prácticas de espionaje político esconden una disputa entre partidos de la que se libran pocos de ellos. Las principales formaciones catalanas, además del PP y del PSOE, se han enzarzado en acusaciones mutuas de utilizar a detectives para su batalla política a raíz del caso que afecta a Sánchez Camacho.

Francisco Marco, dueño de Método 3, la agencia de detectives a la que se atribuyen estos trabajos relacionados con el espionaje a políticos, está imputado por revelación de secretos en la causa abierta a raíz de la querella que presentó la dirigente popular Sánchez Camacho. La presidenta del PP de Cataluña denunció el caso tras descubrir en febrero pasado que le habían grabado la conversación que mantuvo dos años antes en un restaurante con una exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán.

El PP encargó tres informes sobre borrado de datos en ordenadores del Gobierno de Castilla-La Mancha

Como consecuencia de la denuncia, la policía registró la sede de Método 3, el domicilio de Marco y el de tres de sus colaboradores, y se incautó de documentación relacionada con el caso tras analizarla en las propias oficinas de la agencia en Barcelona. También requisó documentación de la sede de Método 3 en Madrid. Un exempleado de la agencia de detectives llegó a declarar ante la policía que tenía numeroso material sobre los trabajos elaborados durante ese tiempo.

EL PAÍS ha tenido acceso a parte de esos trabajos, supuestamente encargados a Método 3, que incluyen informes sobre al menos 15 dirigentes políticos (alcaldes, diputados, presidentes autonómicos, ex ministros…), una decena de empresarios y varios partidos catalanes de nueva creación.

Algunos de esos trabajos tienen sello de la empresa y la factura correspondiente; otros, como el referido a la dirigente del PP catalán Alicia Sánchez Camacho, simplemente muestran en rojo el encabezado “Muy confidencial”.

En la información que han analizado hasta el momento la policía y el juzgado de Barcelona no se detalla el cliente que encarga los trabajos. En los informes a los que ha tenido acceso EL PAÍS hay al menos media docena de otros casos donde sí figuran facturas o se identifica en el dossier al cliente que pide la investigación.

Según esta documentación, encargaron diversas tareas a Método 3 el Gobierno del PP en la Comunidad de Castilla-La Mancha; un despacho de abogados con sede en Madrid; el PP catalán; una agencia de detectives estadounidense; Unedisa, editora del diario El Mundo y de otros periódicos y revistas; y la empresa Thesan Capital. En alguno de los trabajos se da cuenta de las llamadas realizadas o recibidas por la persona espiada, lo que revela una fuga de información de las compañías telefónicas hacia los detectives.

La policía desarticuló hace más de un año en la denominada Operación Pitiusa una “extensa red criminal” compuesta por al menos 135 miembros con ramificaciones en toda España, cuyo objetivo era “el mercadeo de información y datos reservados de carácter personal y empresarial con ánimo de lucro”. Esa red estaba compuesta por “miembros de agencias de detectives privados (autónomos y dependientes), abogados, empresas dedicadas a elaborar informes comerciales y de solvencia, funcionarios de organismos públicos (Agencia Tributaria, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Sanidad, Inem, Registro de la Propiedad, Catastro) y personal de entes privados (compañías telefónicas)” cuyo objetivo era la obtención, distribución y utilización de datos.

Se espió el teléfono de un periodista para  conocer quién filtró informaciones

La investigación del caso Pitiusa detectó que había un mercadeo de datos telefónicos —entradas y salidas de llamadas en tramos de 15 días— por los que se cobraban 1.500 euros a la persona que lo solicitase.

Entre los trabajos supuestamente encargados a Método 3 por instituciones, la Comunidad de Castilla-La Mancha, bajo el Gobierno del PP, contrató una investigación para determinar si se habían producido borrados de datos en ordenadores de la Consejería de Presidencia y de la Dirección General de Presupuestos antes de que el Gobierno socialista abandonara definitivamente el poder.

Una empresa privada, en este caso la agencia de detectives Método 3 a través de una subcontrata, pudo analizar a conciencia ordenadores de esa Administración pública sin mandato judicial. El Gobierno del PP, que ha admitido este encargo pagado con dinero público, presentó una denuncia que se instruye en un juzgado contra el anterior Ejecutivo socialista por el supuesto borrado de archivos. Las conclusiones de los informes de Método 3 no acreditan prácticas escandalosas ni descubren documentación relevante entre el material supuestamente borrado.

Lo que sigue es un resumen de la ingente documentación que Método 3 acumuló como consecuencia de los trabajos encargados, cuyo objetivo mayoritario era la clase política y, en menor medida, la clase empresarial. Los casos aquí detallados tienen su correspondiente factura, están judicializados o los espiados a los que se refieren han anunciado medidas judiciales contra quienes les investigaron. También hay informes dedicados a los expresidentes autonómicos socialistas José María Barreda, José Bono y José Montilla, aunque ninguno de ellos ha expresado su intención de judicializar esas supuestas investigaciones.

El PP de Cataluña por amenazas terroristas

El Partido Popular de Cataluña contrató en 2007 con la agencia de detectives para averiguar la identidad de una persona que amenazó a sus dirigentes en la comunidad. Los detectives concluyeron que un simpatizante de ERC fue el autor de las amenazas. Este fue posteriormente detenido y procesado por la Audiencia Nacional. El dueño de Método 3 llegó a comparecer ante ese tribunal para ratificar los datos de su investigación.

El alcalde de Peñíscola (PP): “Es todo falso. Me querellaré”

El alcalde de Peñíscola y diputado provincial de turismo de Castellón, Andrés Martínez (PP), ha sido supuestamente objetivo de las pesquisas de Método 3. Los informes analizan la situación de este político y de su entorno familiar durante el llamado boom del ladrillo y en la etapa final de la redacción del plan urbanístico local, que incluía grandes proyectos con campos de golf.

La principal conclusión del informe de ocho páginas realizado en 2006 ha sido radicalmente desmentida por el regidor. Según la agencia, Martínez cobró un “sobresueldo” a través de su entonces esposa, a la que atribuye un salario de la Generalitat sin que estuviera trabajando. Sin embargo, el dirigente del PP asegura que su exmujer, con la que ya no guarda relación, ha sido tan solo auxiliar de clínica en el hospital de Vinaròs que gestiona la administración valenciana. “Es de risa, es totalmente falso”, manifestó Martínez.

El alcalde de Peñíscola calificó el documento de “fraude” y anunció que acudirá a los juzgados para saber quién ordenó la investigación. “Quiero saber quién me ha estado investigando y la finalidad”, apuntó.

De la misma forma se pronuncia el segundo afectado por las investigaciones de Método 3 en Castellón. La oficina de detectives elaboró en 2006 otro informe sobre el empresario Pedro Gimeno (PGP Asociados) y sus supuestas vinculaciones con el expresidente de la diputación, Carlos Fabra. Gimeno explicó a EL PAÍS que se ha personado en la causa para pedir responsabilidades y niega cualquier trato de favor del expresidente del PP. “Carlos Fabra y yo somos amigos desde hace 25 años, pero eso no es ningún delito”, dijo.

La operación Pitiusa destapó el mercadeo de datos confidenciales

Un año antes de la elaboración del informe, la firma PGP protagonizó una guerra abierta con Marina d'Or por la adjudicación del proyecto estrella de Fabra para la provincia: el plan urbanístico Mundo Ilusión, ahora paralizado. No se hizo con el proyecto. En esa época, PGP ya se había embarcado en la construcción del aeropuerto de Castellón. Fue la única sociedad que optó al proyecto que impulsó Carlos Fabra. El tribunal de cuentas valenciano ha destacado en sus informes que PGP recibió indemnizaciones millonarias no justificadas por la empresa pública que gestiona el aeropuerto y que aún preside el político del PP. Un extremo que cita el informe de Método 3.

El documento también se hace eco de que la empresa de Pedro Gimeno alquiló las antiguas atarazanas de Castellón a un grupo para que ubicase un casino. EL PAÍS publicó en su día que la firma de Gimeno recibiría de ese grupo doce veces más de lo que pagaba por el arrendamiento de esta zona.

La operación, que fue votada en el Consejo de Administración del Puerto de Castellón, fue respaldada por Carlos Fabra. Los papeles de Método 3 citan estas y otras operaciones y definen a la empresa PGP como “conseguidora” de la Diputación. Gimeno se defiende: “No tengo ningún contrato público, lo único que hecho ha sido invertir”.

El exconsejero Joaquim Llena. Seguimiento a un periodista de EL PAÍS

El exconsejero de Agricultura de la Generalitat Joaquim Llena (PSC) protagonizó un escándalo urbanístico en 2007 cuando EL PAÍS destapó su intención de transformar un hotel propiedad de su familia en un edificio de apartamentos mediante una operación que aumentaba la edificabilidad en cerca de 5.000 metros cuadrados. La operación tenía que realizarse en el municipio de Alt Àneu, del que Llena había sido alcalde antes de entrar a formar parte del Gobierno autónomo de José Montilla.

La operación inmobiliaria tenía que llevarse a cabo en una zona próxima a la montaña donde la estación de esquí de Baqueira Beret tenía previsto ampliar sus pistas. Precisamente, el proyecto de la ampliación del complejo había sido propiciada también por Llena cuando este era alcalde de Alt Àneu.

El cambio de usos del edificio del político entraba en contradicción con el planeamiento urbanístico del municipio que, para evitar la proliferación de segundas residencias, desiertas la mayor parte del año, fomentaba el mantenimiento de los usos hoteleros. Llena quiso transformar el hotel en 48 apartamentos de lujo en un momento en que el metro cuadrado construido alcanzaba en la zona los 4.500 euros por metro cuadrado. Al dejar la alcaldía, el exdirigente socialista compaginó durante casi cuatro meses su labor como consejero de Agricultura con la de concejal de Alt Àneu. Fue el presidente de la Generalitat José Montilla quien le obligó a renunciar al cargo de concejal para evitar que mezclara los negocios inmobiliarios con su puesto en el Gobierno catalán.

El presunto encargo que alguien hizo a Método 3 fue conocer de dónde procedía la información que acabó con la destitución de Llena, para lo que el informe elaborado por la agencia de detectives detalla el registro de llamadas del periodista de EL PAÍS que firmaba las informaciones, con la identidad de todos sus interlocutores y sus signos políticos cuando se trataba de cargos públicos.

Llena contrató a Método 3 cuando era consejero catalán de Agricultura para que hiciera un informe sobre la avellana, por el que pagó 30.000 euros.

Con informaciones de Miquel Noguer y Lorena Ortega.