¿Hasta cuándo?

“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles...”. Son las primeras palabras del artículo 2 Constitución Española (CE). La unidad de la Nación se expresa políticamente en la unidad del Estado, articulado jurídicamente por la Constitución. La independencia de una de las “nacionalidades y regiones” que integran España fue excluida por el constituyente de manera radical. La unidad de la Nación española y, como consecuencia de ello, la unidad del Estado está por encima de toda discusión. En esta premisa ha descansado nuestra convivencia en democracia desde el 29 de diciembre de 1978.

Esta es la razón por la que, jurídicamente, la ruptura de la unidad política del Estado mediante la secesión de una nacionalidad o región y su constitución en Estado independiente no puede ser abordada en términos constitucionales. No puede serlo, en mi opinión, ni siquiera mediante la “revisión total” prevista en el artículo 168 CE, pues la revisión total es un procedimiento de reforma y no de destrucción de la Constitución, que es lo que ocurriría con la secesión.

Quiere decirse, pues, que la independencia de Cataluña no puede ser planteada como un problema constitucional, porque no hay respuesta constitucional para el mismo. El Estado español sin Cataluña no sería el Estado de la Constitución de 1978. No sería siquiera el Estado español desde el momento en que sus fronteras han sido reconocidas internacionalmente como tales, es decir, desde hace más de 500 años.

Pero el hecho de que la independencia no pueda ser planteada como un problema constitucional, no quiere decir que no esté planteada como un problema político. Desde el verano de 2010 en Cataluña se viene haciendo visible una voluntad independentista. Se refleja en los estudios de opinión, en el ejercicio del derecho de manifestación, en libros y opiniones expresadas en los diversos medios de comunicación y, últimamente, en declaraciones y resoluciones parlamentarias.

En lo que llevamos de 2013, el Parlament ha aprobado una “Declaración de Soberanía y del Derecho a Decidir del pueblo de Cataluña”, el 23 de enero, y una resolución, el 13 de marzo, instando al Gobierno de la Generalitat a pactar con el Gobierno de la Nación la celebración de una consulta en la que los catalanes decidan su futuro. La declaración fue aprobada con 85 votos a favor y 41 en contra. La resolución ha sido aprobada con 104 a favor y 27 en contra.

En la reclamación de la consulta pactada se ha reconstituido la mayoría de casi el 80% que aprobó la reforma del Estatuto de Autonomía, que después la pactó con las Cortes Generales y que finalmente la aprobó en referéndum, aunque acabó naufragando en el Tribunal Constitucional . Esa mayoría social y política no ha desaparecido, a pesar de la derrota. Sigue estando ahí. Con una diferencia importante. Entonces la Constitución era aceptada como marco para la integración de Cataluña en el Estado y ahora, no.

En estas estamos. La independencia de Cataluña no debería haberse planteado nunca, justamente porque no tenemos una respuesta constitucional para la misma. Debería haberse hecho lo posible para que nunca entrara en el debate político. Pero ocurrió lo contrario. Por eso estamos donde estamos. Si alguien pensó que con la sentencia del Tribunal Constitucional el problema estaba resuelto, estará comprobando hasta qué punto se equivocó.

El Gobierno presidido por Mariano Rajoy no parece dispuesto a aceptar la existencia del problema. Puesto que la Constitución no permite que el problema pueda ser planteado, no se puede aceptar que el problema exista y en el caso de que se insista en ponerlo encima de la mesa, para eso está el Tribunal Constitucional. A esto se ha reducido hasta el momento la posición del Gobierno. No a todo y, en último término, que hable el Tribunal Constitucional.

De ahí la impugnación de la Declaración Soberanista aprobada en enero por el Parlament ante el Tribunal Constitucional, tras haber recabado la opinión del Consejo de Estado. A la declaración de que Cataluña es sujeto soberano se va a responder con las contradeclaraciones de que no lo es, porque la Constitución no lo permite, del Consejo de Estado y del Tribunal Constitucional . Problema resuelto.

¿Hasta cuándo se puede seguir con este proceder? Me temo que nos estamos aproximando a un punto desde el que no va a ser fácil el retorno.