El Gobierno anuncia cambios en los intereses de demora y en la ejecución

El Gobierno anunció este viernes un nuevo paso para intentar restringir los desahucios y para evitar los efectos de los impagos de las hipotecas. Lo hace acuciado por la presión social y, sobre todo, por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que considera injusta la legislación hipotecaria española.

Esta vez, según avanzó la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, se trata de elevar de uno a tres los impagos necesarios para que se proceda al lanzamiento (ejecución del desahucio) y que los intereses de demora no puedan exceder de tres veces el interés oficial del dinero que, en este momento, es del 4%. Además, el Gobierno trabaja para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que se establezcan mecanismos de detección de cláusulas abusivas.

Se trata de reforzar “la capacidad para detectar cláusulas abusivas y evitar que sean incluidas en las escrituras de hipotecas o que, una vez declaradas abusivas por un tribunal, sus efectos sean de todos conocidos”. Esta función de filtro deberán ejercerla los notarios y registradores de la propiedad. La sentencia de Luxemburgo, básicamente, obliga a establecer un mecanismo para que los jueces puedan frenar desahucios si detectan que en el contrato hay cláusulas abusivas, pero no establece qué debe entenderse como tal y solo da pautas genéricas. Por eso, el Gobierno pretende incluir en la ley límites a esas cláusulas como los ya citados sobre el número de impagos y los intereses de demora.

Ahora los bancos tienen posibilidad de instar al lanzamiento desde el primer impago, pero en la práctica prefieren renegociar y esperar a que haya esa reiteración. Respecto a los intereses de demora, el Gobierno admite que no hay datos sobre cómo son los contratos actualmente en vigor. En todo caso, esta reforma legal tendrá efecto retroactivo cuando sea aprobada porque los contratos que incluyan cláusulas como las no permitidas ahora pasarán a ser nulos en esos apartados.

Sobre los plazos de aprobación de la reforma, la vicepresidenta explicó que no está decidido aún si se incluirá en el trámite parlamentario de la ley que está actualmente en el Congreso o si se hará mediante un decreto urgente que lo anticipe. La reforma legal está en fase de enmiendas hasta el jueves. En todo caso, el Gobierno asegura que pretende actuar con la mayor celeridad posible. Para eso, el mismo jueves por la tarde se constituyó una comisión con representantes de los ministerios de Justicia y Economía para estudiar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y buscar salidas legales. La comisión volvió a reunirse este viernes y está convocada de nuevo para el martes.

Sobre este asunto, el Gobierno ha transitado por distintas soluciones en el último año, avanzando por la presión social, pero sin abandonar el temor a que una reforma en profundidad de la ley hipotecaria pueda encarecer los créditos y ser rechazada por los bancos, especialmente los que han recibido inyecciones de dinero público. Hace un año el Gobierno quiso hacer frente al problema con un código de buenas prácticas al que los bancos se fueron sumando voluntariamente y que mantenía la reserva del Ejecutivo a tocar la ley hipotecaria. En noviembre, el Ejecutivo admitió la insuficiencia de ese código e intentó un acuerdo con el PSOE después de que se produjeran varios suicidios vinculados a desahucios pero, tras cuatro días de reuniones maratonianas, no fue posible el pacto y se optó por una demora de dos años para los desahucios.

Ese decreto solo fue convalidado por el PP, pero aceptó tramitarlo como proyecto de ley en el que se pudieran añadir enmiendas. Este pasado febrero hubo otra rectificación cuando el PP terminó aceptando la admisión a trámite de una Iniciativa Legislativa Popular promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca tras anunciar que se rechazaba. El trámite de estas dos normas está aún en vigor y el PP se encargará de unificarlo en estos días. A esos cambios de posición del Gobierno se ha unido ahora la sentencia de Luxemburgo que obliga a nuevas modificaciones. En todo caso, la vicepresidenta rechazó de nuevo la incorporación de la principal reivindicación de la Iniciativa Legislativa Popular, la llamada dación en pago. Su tesis es que su generalización o aplicación de forma retroactiva encarecería los créditos y los restringiría.

El Gobierno anuncia cambios en los intereses de demora y en la ejecución

“La fórmula de la dación en pago encarece el tipo de interés que se paga y reduce el dinero que prestaban las entidades financieras”, aseguró la número dos del Gobierno. Según la vicepresidenta, la fórmula de la dación en pago ya la recoge el derecho español desde hace mucho tiempo pero “no evita el problema del lanzamiento”. “La dación en pago es dejar las llaves y se da por saldada la deuda, pero el inquilino se queda en la calle”, añadió.

Al ser preguntada si esos cambios de opinión le sugieren alguna autocrítica, la vicepresidenta aseguró que “los gobiernos tienen que dar respuesta, y si hay que fortalecerlas no pasa nada, es nuestra obligación. Habida cuenta de la continuación de la crisis se buscó un acuerdo con la oposición en el que el Gobierno planteó alguno de los asuntos que ahora se pretenden adoptar. No se llegó a un acuerdo y por decreto ley aplicamos las medidas más urgentes, como suspender los desahucios de dos años”, explicó.

Sáenz de Santamaría repitió que España es “un país que cumple. Se nos ha venido encima una crisis muy dura y hay gente que ha perdido su empleo y no puede pagar. A la gente que está en situación de necesidad es a la que el Gobierno ha procurado atender”.

El Ejecutivo admite que carece de datos sobre el número de desahucios en marcha y cuántos se han ejecutado. No se puede determinar cuántos se refieren a primeras viviendas, a locales comerciales o a segundas residencias.