Rajoy se prepara para cambiar la ley “con la mayor celeridad posible”

Pese a que la sentencia era esperada hace tiempo, el Gobierno mantuvo hasta el último minuto su discurso de que no quería cambiar la ley hipotecaria. Soraya Sáenz de Santamaría, la principal responsable de las políticas de choque contra los desahucios que el Gobierno presentó en noviembre, y el propio Mariano Rajoy, insistía hasta el mismo miércoles, en la sesión de control en el Congreso, en que tocar la ley hipotecaria era arriesgado porque podría encarecer los créditos en España. Fue eso, la negativa a cambiar la ley, lo que alegó el PSOE —que tampoco tocó la ley mientras gobernó— para no sumarse al pacto antidesahucios. Mientras, la patronal bancaria presionaba para no variarla y concentrarse en moratorias sobre los desahucios y ayudas a las familias con más problemas.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Justicia europeo cambió de un plumazo el discurso del Ejecutivo. El presidente, en una muestra más de su gran capacidad para adaptar su mensaje a las circunstancias sin alterar un músculo, respondió rápidamente al varapalo. Con tono calmado, como si nada hubiera pasado, aseguró que cumplirá la sentencia e incluso admitió que la propia ley, tan criticada por diversos colectivos sociales, es ya muy antigua, algo que hasta ahora nadie del Ejecutivo destacaba.

“Estamos estudiando la sentencia”, aseguró nada más llegar a Bruselas en una breve comparecencia ante la prensa con tres preguntas. “Me dicen que hay problemas de procedimiento que intentaremos subsanar, es una ley que data ya desde hace muchos años. Leeremos la sentencia, y aprovechando que hay una tramitación en el Congreso procuraremos adecuarlo a lo que allí se nos pide”; explicó el presidente. Por la noche añadió:"Es una ley que data de tiempo inmemorial y el Gobierno debe tomar una decisión que respete la sentencia y la seguridad jurídica. Tomaremos una decisión a la mayor celeridad posible".

Ante la insistencia de la prensa, Rajoy remató: “No quiero hablar sin tener absoluto conocimiento de causa, y aún no lo tengo, pero nosotros cumpliremos lo que nos diga la sentencia”.

El Gobierno trasladó también por otros portavoces que está dispuesto a cumplir la sentencia rápidamente, pero en todo momento trató de minimizar la importancia del varapalo. Tanto en el Ejecutivo como el Grupo Popular insistieron en que estaban esperando a este fallo para seguir adelante con la tramitación de la reforma que precisamente en este momento está en el Congreso, y que no incluía ni de lejos nada parecido a lo que ahora reclama la justicia europea. El PP incorporará como enmiendas las reformas ahora exigidas. Pero en privado nadie se animaba a negar el impacto de la imagen de un Tribunal de Justicia europeo declarando ilegal la norma hipotecaria y sobre todo forzando una reforma que ni el PSOE en sus ocho años de Gobierno ni el PP en sus 14 meses, en plena oleada de desahucios, se han atrevido a acometer por presiones de la banca.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, admitió también con claridad que habrá que reformar la ley. “Asumimos ya el compromiso de que todos los aspectos que haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos”, declaró en los pasillos del Congreso.

El cambio de posición del Ejecutivo queda patente. Aún así, el Gobierno sigue descartando, como hizo el propio presidente el pasado miércoles en el Congreso, aprobar la dación en pago con carácter retroactivo, que es una de las medidas principales que reclama la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Ante la presión social, el Gobierno y el PP han ido cambiando su discurso sobre la ley hipotecaria y los desahucios. Primero aceleraron las reformas en noviembre, en especial tras el escándalo causado por una sucesión de suicidios. Después llegó al Congreso la iniciativa legislativa popular de la PAH, con casi un millón de firmas. El PP anunció que votaría en contra de su toma en consideración, y esa fue su posición hasta el último minuto. Un nuevo suicidio y más presiones llevaron al Gobierno a cambiar radicalmente y a última hora votó sí a la tramitación de la ILP. Sin embargo, todo parece indicar que esa iniciativa quedará en nada.

El Gobierno esperaba esta sentencia para seguir con la tramitación de las reformas —pese a que en su día la consideró muy urgente— y ahora se concentrará en lo que le exige el tribunal europeo, pero es poco probable que atienda a las peticiones más profundas de la PAH, que sin embargo vivió la sentencia de ayer como un gran éxito de la presión social.