Bermúdez imputa a los 10 grandes empresarios de la lista de Bárcenas

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, presidente del tribunal que juzgó el 11-M, ha admitido a trámite la querella presentada por IU por los papeles de Bárcenas publicados en EL PAÍS y ha citado a declarar entre el 25 y el 27 de marzo a los 15 "querellados", entre los que se encuentran el extesorero del PP, Luis Bárcenas, su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta y los empresarios que figuran como supuestos pagadores en los manuscritos. El magistrado plantea que la Fiscalía escuche a IU antes de sentar su criterio sobre cuál ha de ser el juzgado competente sobre este caso, una vez que el titular del Juzgado Central número 5, Pablo Ruz, también ha asumido los papeles de Bárcenas al hallar una conexión directa con el caso Gürtel. De momento ha citado en calidad de imputados a todos los empresarios (entre ellos responsables de diez grandes firmas) que figuran en los cuadernos como autores de donativos al PP y ha pedido que este partido le remita todas las retenciones en el IRPF de los miembros del partido que han admitido haber recibido las cantidades anotadas en sus cuadernos por el extesorero. La Fiscalía ha comunicado que recurrirá la decisión de Bermúdez.

El juez sostiene en el razonamiento jurídico 19 que el PP podría resultar finalmente responsable civil de los manejos de Bárcenas porque se habría beneficiado de donativos de empresas adjudicatarias de contratos públicos: "Según el relato de la querella [de IU], el Partido Popular, como beneficiario de las donaciones, es indiscutible que se ve afectado por esta investigación y que la sola recepción de fondos procedentes de empresas adjudicatarias de contratos administrativos lo configura, en el mejor de los casos, como tercero partícipe a título lucrativo del artículo 122 del Código Penal". Eso no quiere decir, como aclara el propio juez, que el PP hubiere participado en el posible delito, sino que se habría beneficiado "gratuitamente" del resultado obtenido, por lo que podría acabar teniendo que restituir el daño "en la cuantía de su participación". Por ello ofrece al partido personarse en la causa “para preservar su derecho a la defensa, sin perjuicio del estatuto procesal que pueda corresponderle en el futuro”.

 En el caso de los exdirigentes populares Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo, contra los que también se querelló IU, el juez Bermúdez aprecia que su imputación en este momento procesal "resulta prematura y solo distorsionaría la instrucción". El magistrado no descarta que en el futuro, en función de lo que resulte de los interrogatorios, estos políticos puedan ser encausados.

Con esta decisión, son ya dos jueces los que han reclamado la competencia sobre la contabilidad secreta del PP desvelada en los manuscritos del extesorero, ya que la semana pasada otro juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, asumió las pesquisas al entender que existen vínculos entre los papeles de Bárcenas y el caso Gürtel, que él investiga, después de recibir un informe policial en ese sentido. Además, la Fiscalía Anticorrupción —que hasta la semana pasada investigaba los manuscritos de Bárcenas— ha informado esta misma mañana a Gómez Bermúdez de que, en su opinión, el caso debe llevarlo Ruz, según fuentes de la fiscalía consultadas por Efe. Por tanto, también es favorable Anticorrupción de que la querella de IU la asuma el juez Ruz.

Gómez Bermúdez pide relación de los ingresos

En un auto dictado esta mañana el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 acuerda la apertura de una investigación por estos hechos y ordena a los querellados que "en el improrrogable plazo de siete días aporten copia o relación de los ingresos de los que hayan sido beneficiarios entre 2002 y 2009 por Administraciones gobernadas por el PP". El juez pide las retenciones de Hacienda que hizo el PP de los diversos pagos ya confirmados por este diario y que aparecen registrados en los papeles de Bárcenas, como son las entregas de dinero a Jaime Ignacio del Burgo, Eugenio Nasarre, Santiago Abascal, Pío García Escudero o Jaume Matas. Con igual intención, el auto reclama la entrega por la Fiscalía Anticorrupción de todo lo ya investigado y documentado sobre los papeles de Bárcenas.

La querella, elaborada conjuntamente con la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de Los Verdes, se dirige contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y los que fueran responsables de organización, finanzas y asesoría legal del PP y exministros Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo, por supuestas comisiones irregulares al PP entre los años 2003 y 2008. De los querellados, Bárcenas, Crespo y García Pozuelo están ya imputados en la investigación sobre el caso Gürtel.

En la querella, IU había incluido a ocho directivos de constructoras que presuntamente donaron diversas cantidades al PP entre 2003 y 2008 y al exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo. Se trata del presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, que presuntamente donó a los populares más un millón de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, donante de 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir, expresidente de OHL, que pagó más de medio millón de euros; Luis de Rivero, expresidente Sacyr Vallehermoso, donante de medio millón euros; Alfonso García Pozuelo, de construcciones Hispánica, que pagó entre 250.000 y 300.000 euros; Juan Manuel Fernández, también donante de entre 250.000 y 300.000 euros; José Mayor Oreja, de Construcciones de Fomento y Contratas, que pagó al menos 165.000 euros; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau, que donó al menos 100.000 euros; Adolfo Sánchez, que habría pagado 98.500 euros. Las cifras supuestamente donadas son las que figuran en los cuadernos del extesorero.

A todos ellos los querellantes atribuyen los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación ilícita.

El juez incide en otro campo marcado ya por la sospecha: la fortuna y la vida laboral reciente de Bárcenas. Por un lado, pide al fisco que le informe detalladamente sobre la amnistía fiscal del Gobierno a la que se ha acogido el extesorero a través de una firma pantalla llamada Tesedul y mediante la que ha regularizado 11 de los 38 millones que ocultó en Suiza. También quiere que la Seguridad Social le informe sobre “la vida laboral” de Bárcenas entre 2009 y 2013. Esto último sacaría a la luz quién miente: el extesorero asegura que fue recontratado en 2010 como asesor por el PP mientras que que esta formación se ha jactado públicamente de haberlo despedido como tesorero. Este partido alega que desde tal fecha el extesorero solo ha cobrado un finiquito en diferido, mes a mes y con pago a la Seguridad Social, que ha durado dos años.