Los verificadores dan un ultimátum de seis meses a ETA para su desarme

Pese a la expulsión de la dirección política de ETA de Noruega, la Comisión de Verificación Internacional del cese definitivo de la violencia, presidida por Ram Manikkalingam, ha dado a la banda de plazo hasta septiembre para que avance hacia el desarme. En el caso de que no se produzcan avances en la consolidación de ese final, la comisión se disolverá y finalizará su papel verificador y, con ello, previsiblemente, la protección internacional a ETA. Así lo han manifestado portavoces de la comisión a ETA, al lehendakari del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, según ha podido saber EL PAÍS.

La dirección política de ETA, encabezada por Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, había regresado a Noruega, bajo protección internacional, desde que la banda anunció el cese definitivo de la violencia en octubre de 2011. Allí había residido durante el proceso de conversaciones con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2005 y 2007, bajo amparo del Centro Humanitario Henri Dunant, y salió cuando rompió la tregua, en junio de 2007.

La Comisión de Verificación Internacional del cese definitivo, constituida en septiembre de 2011, trató de aprovechar la presencia en Noruega de la dirección de ETA para propiciar un encuentro con el Gobierno de Rajoy que facilitara el desarme de la banda. El rechazo del Gobierno a ese encuentro y el conocimiento público de que la dirección de ETA se encontraba en el país nórdico, reclamada por la justicia española, forzaron a Noruega a expulsarla a mediados de febrero, aunque la noticia se ha conocido en marzo.

La salida de la dirección de ETA de Noruega no implica, por el momento, el final de la Comisión Internacional de Verificación ni de su protección internacional. La Comisión sigue tratando de que ETA avance en tres frentes: en el del desarme; en el reconocimiento del daño causado a las víctimas del terrorismo, y en la asunción de la reinserción individual de sus presos.

Ni en el terreno de los presos —ETA sigue proclamando la amnistía—; ni en el del reconocimiento del daño causado —solo admite el daño a las “víctimas colaterales”— ni en el del desarme, que lo condiciona a un diálogo con el Gobierno, ha habido avances. Tampoco el Ejecutivo ha querido reunirse con ETA. En estas circunstancias, la Comisión de Verificación, cuyo objetivo principal es lograr el desarme de ETA, ha dado un ultimátum para septiembre. De no producirse avances, se disolverá tras el verano.

Aunque el Gobierno y el PP vasco han rehuido hablar con la Comisión Internacional, Mariano Rajoy está al tanto de sus pasos y de los de ETA, a través del lehendakari Iñigo Urkullu, del PNV, que se ha reunido en las últimas semanas dos veces con el presidente de la comisión, Manikkalingam, y mantiene un hilo caliente en política antiterrorista con el jefe del Gobierno.

Urkullu cree útil el trabajo de la comisión en favor del desarme de ETA, aunque su principal apuesta en la consolidación del final del terrorismo se asienta en el Plan de Paz y Convivencia 2013-16, cuyas líneas generales ha presentado esta semana en el Parlamento vasco su responsable recién nombrado, Jonan Fernández —una persona de la total confianza del lehendakari—, y que materializará en julio.

El plan supone la toma de iniciativa del Gobierno vasco en la consolidación del final del terrorismo, y su importancia radica en su ambición de consenso parlamentario, de Sortu al PP y UPyD. Fernández —fundador de Elkarri, con gran experiencia en resolución de conflictos— ha presentado el plan después de haber recogido sugerencias de todos los partidos y abarca todas las vertientes para consolidar el fin de ETA: víctimas, presos y desarme.

Además de la elaboración de un “mapa de sufrimiento” de los últimos 50 años en el País Vasco —donde se recogerán los 850 asesinatos de ETA y los 175 de la guerra sucia y los abusos policiales—, avanza, también, un calendario. Así, plantea de forma urgente el desarme de ETA y reclama al Gobierno de Rajoy la búsqueda de “soluciones humanitarias” para los presos enfermos de ETA, así como medidas de “sentido común” para presos condenados por actividades políticas, antes ilegalizadas, como es el caso de Arnaldo Otegi. También está recogida la propuesta de acercamiento de presos y la reclamación del traspaso de prisiones al País Vasco.

La búsqueda de un consenso desde Sortu al PP y UPyD para adaptar la política penitenciaria a la situación creada con el cese definitivo de ETA es otro objetivo de la comisión, así como el relanzamiento de las reuniones entre víctimas y victimarios.

Fernández se muestra satisfecho de la respuesta de todos los partidos, incluidos el PP y Sortu, a la oferta de consenso parlamentario. El PP pretende evitar que de la comisión surja una memoria que rebaje la responsabilidad de ETA por sus asesinatos. Pero todo apunta que se incorporará a la misma. Lo mismo sucederá con Sortu.

Este plan se implementará por la vía de recomendaciones y las resoluciones de la Mesa del Parlamento vasco o del plenario. Fernández elegirá las fórmulas pertinentes después de acordarlas con los partidos. La clave estará en el acuerdo. “Es más importante ir todos juntos que ir más rápido”, dice Fernández. Su pretensión es que un amplio acuerdo en Euskadi sirva para contrarrestar las presiones que Mariano Rajoy sufre desde los sectores más radicales de la derecha.

Si la apuesta del Gobierno vasco y la mayoría de los partidos para consolidar el fin de ETA es la vía parlamentaria, la de Sortu, que no va a renunciar a participar en la comisión de paz y convivencia, sigue siendo la de la internacionalización, en línea con la Declaración de Aiete del 17 de octubre de 2011.

Así, Sortu va a apoyar las jornadas que ha organizado la próxima semana Lokarri en San Sebastián y Pamplona, con amplia presencia de expertos internacionales en desarme, presos y derechos humanos. También apoya la actividad del abogado sudafricano, Brian Currin, impulsor de la Declaración de Bruselas de marzo de 2010, que mantiene discretos contactos políticos con los partidos vascos.