El jefe policial del ‘caso Palau’ niega el borrador fantasma sobre Mas y Pujol

El jefe policial del caso Palau negó ayer, ante el juez, la existencia del borrador fantasma que acusaba al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a su antecesor, Jordi Pujol, de cobrar comisiones procedentes del expolio del Palau de la Música, institución emblemática de la cultura catalana. El presunto informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía fue publicado por El Mundo el pasado noviembre, en plena campaña electoral catalana, y desató una tormenta política. Pujol se querelló por injurias y calumnias contra el diario y ayer declararon en sede judicial tanto el jefe policial como uno de los periodistas que elaboró la información, Eduardo Inda.

El inspector del Cuerpo Nacional de Policía que declaró ayer es el jefe del grupo de la UDEF que ha investigado, por orden del juez, el presunto pago de comisiones de la empresa Ferrovial a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través del Palau capitaneado por sus saqueadores confesos, Fèlix Millet y Jordi Montull. Esos indicios fueron recogidos en un informe oficial entregado al juez en mayo de 2012 y fueron la base para que el magistrado acordara exigir una fianza de 3,2 millones al partido nacionalista. Desde entonces, el grupo “no ha vuelto a actuar” en relación con el caso Palau, según el acta de su declaración del inspector, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

El agente dice que en sus pesquisas no se ha investigado a Mas ni a Pujol

Sobre el supuesto nuevo borrador de informe, el mando policial afirmó que lo conoce “por la prensa” y que “no tiene conocimiento de que nadie de su unidad tenga algo que ver con él”. El inspector, jefe del grupo 24, opinó que el documento “no tiene validez porque no ha sido elaborado por su grupo ni bajo su conocimiento por nadie”. Además, tras examinar el informe en el juzgado precisó que “el membrete sale directamente del ordenador y el escudo no suele estar ubicado ahí”.

El inspector añadió que él es el agente de la UDEF que tiene “más conocimiento de la investigación del caso Palau” y que en esas pesquisas nunca se ha investigado a Mas ni a Pujol. Lo único que puede precisar, dijo, es que hay “cantidades importantes de dinero que se han perdido”, en alusión a los 18 millones de euros desviados del Palau cuyo destino se ignora, ya que fueron cobrados en cheques al portador en distintos bancos.

Dos días antes de la jornada electoral, el sindicato policial SUP distribuyó el citado informe con un añadido: una nota manuscrita en la que se mencionaba una reunión de policías con el fiscal del caso, en la que se daba a entender que ni el juez ni el ministerio público pretendían indagar las cuentas de Pujol y Mas. Preguntado por ese extremo, el policía afirmó que todas las diligencias pedidas por su grupo han sido “acordadas” por el juez y que no le consta que el juzgado “no estuviera por la labor de investigar”. El inspector añadió que el “borrador” como “figura policial no existe”, sino que hay “documentos de trabajo” que se van actualizando

El pasado diciembre, el comisario jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, ya negó que su unidad hubiese elaborado el informe, por lo que “no puede ser validado”. Asuntos Internos abrió una investigación, para esclarecer el caso, que no ha dado resultados.

En su declaración, el periodista Eduardo Inda —coautor de las informaciones— dijo que la noticia se basa “en un borrador de la UDEF”, así como “en las declaraciones” del empresario Javier de la Rosa y de Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola. Ambos, sin embargo, declararon ante la policía después de que se publicara el informe. Inda argumentó que ambos llevaban “bastantes meses colaborando con la policía”, en concreto con “agentes de la UDEF”, para que “se hiciera justicia”. Este extremo le fue confirmado por “funcionarios y altos cargos” a los que da “total credibilidad”.

Inda se acogió a su derecho a no revelar la fuente que le proporcionó el informe, pero defendió que el contenido estaba confirmado por “6 o 7 fuentes distintas”. A preguntas de su abogado, dijo que él y su compañero contactaron con “varios miembros de la UDEF y altos cargos de Interior” para verificar su existencia. Tras la publicación del documento anónimo, el Ministerio del Interior sostuvo que desconocía el informe, pero le dio verosimilitud y afirmó que algunos datos que contenía estaban judicializados.

Inda restó importancia a las declaraciones de los responsables de la UDEF en el sentido de negar la existencia del informe. Esas afirmaciones, según él, “obedecen posiblemente al temor de una acusación por revelación de secretos”.