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SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO

El Gobierno responde al ataque del PSOE sobre Bárcenas con la crisis del PSC

Amaiur pide a Rajoy que “trabaje por la paz” y el presidente contesta que ETA se disuelva

No se resignan los grupos parlamentarios a que sus peticiones, sus demandas, muchas de ellas auténticas líneas fundamentales de su proyecto, caigan en el olvido a pesar de haber sido rechazadas. La noche anterior se votaron las resoluciones del debate de la nación y hoy se ha intentado jugar una prórroga aunque el resultado ha sido el mismo. Se ha pedido un cambio radical de la política autonómica, como ha hecho el líder el presidente del Grupo Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba; CiU ha solicitado al presidente del Gobierno que permita a los catalanes decir cuál debe ser su vinculación con el resto de España y, de manera sectorial, se han reproducido las resoluciones que pedían frenar la futura ley de Educación y un cambio radical en la deriva hacia la que va la sanidad con privatización creciente de hospitales y centros de salud. No se dieron tregua PSOE y PP, que se echaron en cara "las mentiras sobre Bárcenas", los primeros, y la división en las filas socialistas. Ambas situaciones cobraron especial relevancia el día anterior por lo que hoy han estado presentes en el arsenal de ataque y contraataque.

“Una mentira tras otra con Bárcenas, cuando le tenían ustedes contratado a 21.000 euros mensuales y qué curiosidad, él les demanda a ustedes, cuando sus servicios jurídicos no terminan de presentar su demanda contra él”, espetó la portavoz socialista Soraya Rodríguez a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. No consiguió el PSOE que durante el debate saliera de la voz del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el nombre del extesorero y tampoco lo ha pronunciado la vicepresidenta; es más, ni respondió al caso ni entró a defenderse cuando la dirigente socialista le dijo que Bárcenas "estaba sentado junto al señor Rajoy, la señora Mato y el señor Montoro".

Nada, ni una palabra. La vicepresidenta se lanzó a por la grieta que horas antes se le había abierto al PSOE con la disensión del PSC que rompió la disciplina de voto."¿Cómo van a controlar al gobierno si han perdido el control de su bancada?", inquirió la vicepresidenta a la portavoz socialista. "Cuando se habla de la unidad de España no debería producirse desunión". Este golpe de la vicepresidenta fue a la línea de flotación del PSOE porque el fuego sigue vivo. Los efectos y las consecuencias de la decisión del PSC de votar con los nacionalistas, frente al PSOE, a favor de abrir un diálogo entre la Generalitat y el gobierno de España para permitir a los catalanes decidir su futuro apresa hoy y por algún tiempo. Con la deriva, además, del paso dado por Carme Chacón de no votar ni con uno ni con otros, aunque con el discurso de que "no puede estar con quienes plantean un proyecto rupturista entre Cataluña y el resto de España". Este pronunciamiento va contra el partido en el que milita, el PSC, ya que el PSOE está en esa tesis, de ahí la discrepancia con el PSC.

Este clima fue del todo favorable para que la vicepresidenta no respondiera a los requerimientos del PSOE sino que se lanzara a resaltar sus problemas. No hubo acritud pero sí un no rotundo a los requerimientos de CiU para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, permita la celebración de un referéndum en Cataluña. "Yo no puedo, aunque tampoco quiero, no cumplir la ley", dijo Rajoy. Sí puede el presidente convocar el referéndum que le piden los nacionalistas pero la ilegalidad que menciona la sitúa en el objeto de la consulta:lLa soberanía es de todo el pueblo español por lo que serían todos los españoles los que deberían opinar sobre Cataluña, no solo esa comunidad autónoma. No será la última vez ni mucho menos que CiU, ERC e ICV le pedirán al Gobierno que convoque la consulta. En el plan de Artur Mas figura el intento de seguir la ruta legal que pasa porque el Gobierno de España ponga en marcha la consulta.

El cupo y el turno de preguntas por grupos parlamentarios permitió que el grupo de Amaiur pudiera plantear al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que el gobierno "dialogue" para conseguir "una paz justa y definitiva" en el País Vasco. Lo pidió el diputado Mikel Errekondo. No hubo excesiva tensión entre el político radical abertzale y Rajoy, pero el desencuentro fue total. Rajoy no se permitió la más mínima licencia de permisividad o mano abierta. Que ETA se disuelva, porque la sociedad "nada le debe a ETA". Le resultó decepcionante al interpelante por lo que insistió a Rajoy que "no pierda la oportunidad" ya que la mayoría de la sociedad vasca apoya ese diálogo para acabar con ETA y, sobre todo, el acercamiento de presos.

No está el Gobierno por dar que hablar sobre los asuntos que no considera pertinentes, como, por ejemplo, la insistencia del Amaiur, y en alguna medida del PNV, por hablar de la política penitenciaria con los presos de ETA. Mikel Errekondo pidió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "no pierda la oportunidad para la paz, que hable, que dialogue, como quieren los ciudadanos vascos", y entre los objetivos del diálogo debe ser el acercamiento de los presos de ETA. Ni la más mínima concesión hizo Rajoy al diputado de Amaiur. "Lo que tiene que hacer ETA es disolverse, pedir perdón a las víctimas y cumplir con la justicia". "No le debemos nada a ETA y no va a obtener ningún beneficio", zanjó el presidente.

Los rescoldos del debate de la nación y de sus resoluciones seguían vivos en varias bandas. La portavoz de UPyD, Rosa Díez, presentó una interpelación al ministro de Justicia para trasladar a las leyes el delito concreto de corrupción de los políticos. Pero estaba aún caliente la votación del día anterior de su grupo, UPYD, junto al PP, CiU, PNV, CC, NC y UPYD en pro de un pacto anticorrupción que ahora hay que trasladar en normas. Sí sirvió esta iniciativa de Díez para exponer un discurso de máxima dureza contra el cargo público que delinca y para que el ministro solicitara una muestra de orgullo colectivo por el nivel de exigencia ética que hay en España. "En España no hay impunidad para los delitos de corrupción", sentenció Gallardón sin mención a nadie, circunstancias o personas.

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