“La pelea entre escuela pública y privada lastra el pacto educativo”

"Soy pesimista frente a la posibilidad de un pacto por la educación, porque al final los cálculos políticos se acaban imponiendo y la educación supone muchos votos para todos”, dice José Torreblanca (Toledo, 1938). Así de contundente es la opinión de alguien que se ha reunido y ha hablado cara a cara cientos de veces con todos los actores de la educación española, de todas las ideologías, desde hace cuatro décadas. Torreblanca fue funcionario del Ministerio de Educación en los años setenta, primer delegado federal de Educación del PSOE durante la Transición; subsecretario de Educación con el primer Gobierno de Felipe González y primer presidente del Consejo Escolar del Estado en los ochenta; secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y la Cultura en los noventa... Desde hace algunos años, reflexiona sobre la escuela desde el Colectivo Lorenzo Luzuriaga.

Pregunta. ¿Para qué sirve la escuela?

Respuesta. Es el problema a determinar: ¿Tenemos que formar ciudadanos o formar trabajadores? En realidad hay muy poca conciencia de que exista ese problema, pero siempre está ahí. Por ejemplo, la ley Wert  [la reforma legal que impulsa el ministro de Educación], en su primera redacción se centraba completamente en formar un capital humano imprescindible para el crecimiento económico y se olvidaba de que con ese sistema que se proponía podían salir perfectamente trabajadores racistas, que no les importase absolutamente ningún valor, ni los patrióticos ni los éticos...

Pacto por la educación

La política general sobre enseñanza —y los planes de estudio— no puede ser revisada cada vez que un partido llega al poder. El futuro de las economías avanzadas descansa sobre las estrategias de educación, formación de capital humano e investigación. Hay que sentar las bases que lo garanticen y que establezcan criterios para gestionar recursos, establecer incentivos e introducir controles, independientemente del color político de quienes gobiernen. La enseñanza concertada, que se beneficia de las subvenciones, debe garantizar la igualdad de oportunidades y no ejercer prácticas discriminatorias de sexo o religión. Deben establecerse evaluaciones públicas de los centros de enseñanza, de modo que tengan repercusión en la carrera profesional de sus responsables.

P. Si no te pones de acuerdo en el para qué, ¿cómo te vas a poner de acuerdo en el cómo? Porque esa división sobre la función de la escuela está en la sociedad.

R.Lo que pasa es que, por ejemplo, en Estados Unidos ese aspecto de la ciudadanía está claro, está en la bandera, en la Constitución; en Francia está en la República. Sin embargo, en España no está resuelto: ¿Ciudadanía de qué pertenencia? Con lo cual hay una cierta discreción sobre ese tema, para no tocarlo demasiado...

P. A pesar los logros de las últimas cuatro décadas, existe una insatisfacción creciente con el sistema educativo español, porque no se mejora...

R. Yo creo que sí se ha mejorado. Si lees la memoria económica de la reforma educativa que propone el Gobierno, después de todo lo que ha pasado, después de ocho años en los que se ha repetido una y otra vez que la educación española es un desastre, que no podemos estar peor, se empieza hablando de los grandes logros: la escolarización, el derecho a la educación, los titulados superiores. Y después ya vienen los problemas...

P. Pero lo que cala son los grandes problemas, pues la sociedad parece querer mucho más del sistema. El discurso de los últimos Gobiernos del PSOE también era parecido: hay problemas, pero mira todo lo que sea ha mejorado.

R.No, porque la responsabilidad del transcurso de la educación ha sido más del PSOE que del PP, así que se centraban, por supuesto, en los avances.

P. ¿Siempre va a provocar insatisfacción la escuela?

R. Un aparato tan gigantesco, que abarca tantas demandas y a tanta gente es lógico que siempre implique una demanda mayor y una crítica permanente.

P. ¿Es posible el pacto?

R. Yo soy muy pesimista. Hay palabras que tienen la virtud de que nadie puede oponerse a ellas, porque tienen un significado positivo, como pacto. Pero hasta ahora ha fallado porque tiene que ser un pacto político, un acuerdo parlamentario. Una cosa es que los agentes sociales, los docentes, los padres, los sindicatos vayan acordando, pero la educación tiene un gran impacto político que hace necesario que sean los partidos los que lleguen al acuerdo.

P. ¿A qué tipo de impacto político se refiere? ¿Impacto electoral?

R. Efectivamente. Al final, y esto es una desgracia, el pacto siempre se subordina a una situación política mucho más general, es decir, que a los políticos se les llena la boca al hablar de la importancia de la educación, pero si ese pacto sirve para dar fuelle al Gobierno de turno en ese momento, pues no se firma. Cada vez que se habla de educación, derecha e izquierda se ponen tensos porque ahí se juegan una serie de principios que consideran muy importantes para el futuro nacional y para el futuro de su electorado... Yo propondría que se empezase por pactar, no los programas, sino el diagnóstico, tanto los logros como los problemas. Por ejemplo, de los que habla la memoria económica de la reforma: el abandono escolar (pues claro), la falta de alumnos excelentes (este sería ya más discutible), el paso de ESO al bachillerato o a la FP (esto tampoco está solucionado) y la falta de alumnos en FP de grado medio. ¿Cómo no se ha conseguido todavía hacer una FP atractiva para los alumnos y para los padres? ¿Cómo se puede haber gastado tanto en tantas cosas durante tantos años y no en educación?

P. Eso es justo lo contrario de lo que dice el ministro, que asegura —en un contexto de durísimos recortes, más de 6.300 millones desde 2010— que se ha gastado mucho sin que haya resultados.

R. No tanto si se compara con lo que se ha gastado en autopistas, en el AVE, en centros culturales, en instalaciones deportivas... Y sin embargo, no hay una red de FP como la que hay, sin ir más lejos, en el País Vasco. A la educación se la atendió, se la mantuvo y sí, se dio algo más de dinero, pero yo creo que no ha sido un gran objetivo nacional.

P. ¿Por qué en la Transición y en los primeros años ochenta parecía haber margen para pactar y ahora no? ¿Qué ha cambiado?

Más información

MANUELA CARMENA | “En teoría todos somos iguales ante la ley; en la práctica no”

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ YÁÑEZ | “Hay que imponer por ley primarias y democracia en los partidos”

FRANCISCO RUBIO LLORENTE | “Los acuerdos políticos urgen más que la reforma de la Constitución”

VÍCTOR LAPUENTE | “Es difícil reformar ‘a los tuyos’ si eso implica que pierdan privilegios”

CÉSAR MOLINAS | “Nos hace falta una democracia que se pueda tocar más”

ANA REDONDO | “La reforma federal de España sería un ‘big bang’ constitucional”

JUAN JOSÉ SOLOZÁBAL | “La Corona debería estar incluida en la Ley de Transparencia”

R. Yo creo que en educación nunca ha habido pacto. En los setenta la derecha ya se dio cuenta de que la enseñanza privada era un gran caladero de votos. Si un extraterrestre viera el artículo 27 de la Constitución [sobre la escuela] no entendería nada: la derecha puso la libertad de enseñanza para proteger la privada y la izquierda el derecho a la educación para defender la pública. Cuando creamos el actual sistema de conciertos [con la ley de 1985, la LODE] se creó un statu quo de no agresión y la privada debía respetar la gratuidad y la no selección de alumnos. Pero no se resolvió y aún es un punto que cruje: cada vez que hay una ley se convierte en un punto de fricción.

P. Entonces, ¿cree que la pelea entre pública y privada, que no es un debate estrictamente educativo, está lastrando cualquier pacto de mejora escolar?

R. Sí. Cuando la mayoría de los países esto lo tienen más o menos resuelto, la convivencia entre pública y privada sigue siendo aquí un lastre para el pacto. Hasta ahora, la solución se iba posponiendo gracias a esa especie de statu quo, que no se debía romper privilegiando la escuela concertada por encima de la pública y deteriorando esta. Pero creo que hay peligro claro de ruptura, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid.

P. Si se consiguiera resolver el equilibrio pública-privada, ¿cuáles serían los puntos del pacto?

R. En el Colectivo Lorenzo Luzuriaga estamos buscando cuáles serían los grandes problemas irresueltos de la educación española. Uno sería la pública-privada. Otro, la distribución de competencias dentro del Estado español. Es algo que no funciona, no se sabe si estamos ante un sistema educativo o ante una serie de sistemas, si es un Estado federal o no lo es, no se han establecido unos mecanismos de lealtad entre el ministerio y las comunidades... Otro gran tema es de la FP —que no es imputable a derecha o a izquierda, pues viene arrastrándose desde 1970 y nadie lo ha resuelto—, el de la formación del profesorado y también el currículo, hay que repensar lo que enseña, pararse a ver qué es hoy lo realmente pertinente.