La acción exterior de las autonomías deberá seguir directrices del Gobierno

El enfrentamiento entre el Gobierno y la Generalitat catalana por la actividad de las comunidades autónomas en el extranjero está servido. “Yo les invito a incorporarse a las oficinas de representación diplomática de España. Me parece una oferta muy razonable. Si no quieren aprovecharla y prefieren cerrar ambulatorios y tener embajaditas fuera, tendrán que explicárselo a sus votantes”, declaró la semana pasada el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo.

“Impedir la política exterior propia es poner puertas al campo. ¿Qué harán? ¿Nos prohibirán viajar? ¿Nos retirarán el pasaporte?”, replicó Francesc Homs, conseller de Presidencia. Homs, mano derecha de Mas, hizo estas declaraciones en la presentación de DiploCat, un difuso proyecto de “diplomacia en red” cuyo objetivo no es solo defender los intereses económicos de Cataluña fuera sino también internacionalizar su proceso soberanista.

El Gobierno no quiere impedir que el presidente catalán viaje ni retirarle el pasaporte, pero sí vigilar de cerca sus pasos para que no se salga de sus competencias.

El anteproyecto de Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior, que hoy debatirá la Comisión de Subsecretarios y el viernes podría ver el Consejo de Ministros, señala que las actividades que las comunidades autónomas y entidades locales en el extranjero “estarán sujetas a las directrices, fines y objetivos de la política exterior fijados por el Gobierno”, a través de la Estrategia de Acción Exterior, con una vigencia de cuatro años.

Las autonomías no podrán asumir la representación del Estado, ni celebrar tratados internacionales, ni generar obligaciones o responsabilidades internacionalmente exigibles al Estado, “ni interferir con la política exterior que dirige el Gobierno”.

Para garantizar que se cumplen estos principios, las comunidades autónomas (pero también el Consejo del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo o los entes locales) deberán informar a Exteriores “de las propuestas sobre viajes, visitas, intercambios y actuaciones con proyección exterior” para que dicho departamento pueda emitir “recomendaciones” sobre su adecuación a las directrices fijadas por el Gobierno. Además, Exteriores informará “con carácter previo” los acuerdos que las autonomías y entes locales “pretendan celebrar” con organismos extranjeros o internacionales para verificar que se adecuan a la ley.

El aspecto más polémico es el referido a las oficinas de las comunidades en el exterior, las llamadas embajadas autonómicas. Las comunidades autónomas deberán informar al Gobierno “con carácter previo a su apertura”, para que Exteriores diga si es compatible con los objetivos de la política exterior y Hacienda informe sobre su adecuación a los principios de eficiencia en el uso de recursos públicos y reparto de competencias. En el borrador distribuido la semana pasada a todos los diplomáticos se dice que el informe de Hacienda “tendrá carácter vinculante cuando se trate de comunidades autónomas que hayan incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria”. Es decir, las autonomías que incumplan su objetivo de déficit (como Cataluña) no podrán abrir oficinas en el extranjero sin el visto bueno de Montoro. Fuentes de Exteriores aseguran, sin embargo, que este punto no figura en el texto que debatirán los subsecretarios.

El proyecto se basa en la jurisprudencia del Constitucional que, si bien reconoce el derecho de las autonomías a abrir delegaciones en el exterior, permite al Gobierno “establecer medidas que regulen o coordinen” dichas actividades, para evitar que perjudiquen la política exterior, competencia exclusiva del Estado.

Según un informe de Exteriores, las autonomías mantienen un total de 166 oficinas en el extranjero. La comunidad con más embajadas es Cataluña (41); y el país que más alberga, China (20). En 2011, el PP cifró su coste total en 150 millones anuales. La oferta de Margallo de integrar dichas oficinas en las sedes diplomáticas españolas se ha plasmado, hasta ahora, en la firma de convenios con La Rioja, la Comunidad Valenciana, Galicia y Asturias. Cataluña lo ha rechazado.