Rubalcaba responde a Rajoy con un ‘desnudo total’ de los cargos públicos

El líder del PSOE declara unos ingresos de 67.229 euros netos en 2012 Negocia con los grupos una moción para aumentar el grado de transparencia

"Señor Pérez Rubalcaba, haga usted exactamente el mismo ejercicio de transparencia que he hecho yo con las cuentas de mi partido político y también con las mías. Haga eso. Y, cuando lo haga, a lo mejor tiene autoridad moral para decir algo. Mientras no lo haga, no la tiene”. Solo 24 horas después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lanzara ese reto al líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba compareció ante los periodistas en el Congreso para hacer públicos sus ingresos del año pasado y anunciar una iniciativa: que el desnudo se extienda a todos los partidos acordando una nueva fórmula, más exigente, de publicar los bienes e ingresos.

Hasta este jueves, el PSOE se había resistido a seguir la estela que marcó Rajoy al hacer públicas sus cuentas y sus declaraciones de Hacienda de los últimos 10 años. Los socialistas se resistían a seguir esa vía porque entendían que la iniciativa del presidente era un señuelo para intentar escapar de la presión del caso Bárcenas poniendo el ventilador contra todos. Explicaban, además, que la acusación de recibir dinero negro no se disipa por el hecho de hacer públicas unas declaraciones de la renta en las que, obviamente, no pueden estar incluidos supuestos sobresueldos. Hasta este jueves, el secretario general de los socialistas había aguantado la presión con argumentos como que había que unificar un modelo público de declaración de todos esos datos fiscales que sirviera para todos los grupos parlamentarios.

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Rubalcaba compareció ante los medios para anunciar que ha pedido a Hacienda los certificados de sus declaraciones de los últimos años, para hacerlas públicas, y que, entre tanto, comunicaba que en 2012 ganó 67.229 euros netos como diputado.

En esa cifra están incluidas, dijo, las “dietas” que le paga el Congreso (una cantidad fija mensual, parte del sueldo, pero que no tributa porque está considerada “indemnización por ejercicio del cargo”). Es decir, sin esa parte que no tributa, Rubalcaba cobró 55.849 euros netos: menos de la mitad, subrayó, de los 135.000 euros (sin “dietas”) que Rajoy declaró como líder de la oposición en 2010. La diferencia entre ambos, afirmó el dirigente socialista, reside en lo que sus partidos pagan a cada uno (él no cobra sueldo como secretario general del PSOE) y, en el caso del PP, de dónde sale ese dinero. El PP busca ganar la batalla de la iniciativa y la transparencia, hasta con campañas en Twitter en las que se utiliza la etiqueta #QuelaenseñeRubalcaba. Y el PSOE la de la ejemplaridad en momentos de crisis y sacrificios con ingresos mucho menores.

La tesis de la dirección socialista es que con esos datos queda de manifiesto que el PP paga extraordinariamente bien a sus dirigentes, incluso en momentos de crisis, mientras que Rubalcaba mantiene un sueldo que supera solo ligeramente al de diputados que puedan tener complementos por presidencia de comisión o portavocía. Además de la batalla de la opinión pública inmediata, Rajoy y Rubalcaba sostienen así los escarceos previos al debate sobre el estado de la nación de la próxima semana. El líder del PSOE disipa de forma preventiva el argumento que podría usar ese día el presidente del Gobierno sobre la falta de transparencia de su oponente.

Rubalcaba ya hizo públicas en el BOE sus cuentas cuando era miembro del Gobierno, en cumplimiento de la norma aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero. En aquella declaración hacía constar una herencia que recibió de sus padres. También consta en la web del Congreso su declaración de bienes, que incluyen 397.653 euros en participaciones en fondos de inversión, 87 acciones cotizadas por valor de 1.023 euros y 171.185,90 euros en depósitos. En esa declaración figura que en 2010 pagó 23.825 euros de IRPF y declaraba unos ingresos de 55.374 como vicepresidente.

Pero el PP, después de que Rajoy hiciera públicas sus declaraciones de renta y patrimonio de la última década, exige ahora a Rubalcaba que haga lo mismo: que aporte sus ingresos no solo del año pasado sino de los anteriores. El secretario general del PSOE lo hará “en breve”. Pero antes el PSOE pretende ponerse al frente de la petición de transparencia negociando con los grupos una propuesta para el debate sobre el estado de la nación de la semana próxima que endurezca la exigencia de transparencia a diputados, senadores, miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración central.

Los socialistas quieren que la propuesta tenga la firma de todos los grupos y para eso su portavoz, Soraya Rodríguez, ha enviado un texto al resto de portavoces. La principal novedad sobre lo que ya se aplica es la petición de que las declaraciones de ingresos y bienes —que ahora los cargos públicos simplemente rellenan con los datos que consideran— vayan avaladas con certificaciones de Hacienda, y que se actualicen cada año. En este momento, además, esas declaraciones no pueden ser verificadas por la Comisión del Estatuto del Diputado. De hecho, en la de Rajoy hay un desfase a la baja en los ingresos porque, según La Moncloa, unos se declaran netos y otros brutos.

La propuesta del PSOE ha tenido buena acogida entre el resto de los grupos. Si se aprueba tendrá que ser plasmada en un acuerdo de la Mesa y habrá que buscar la forma de extenderlo a la ley de incompatibilidades. Podría hacerse, según fuentes socialistas, con enmiendas a la Ley de Transparencia. Por otra parte, desde hace dos meses está frenado un acuerdo para publicar el sueldo detallado de cada diputado. En teoría todos los grupos están de acuerdo, pero hay resistencias de quienes, por ejemplo, no quieren que sea público si tienen embargos o si pagan pensiones tras divorcios.

El coordinador de IU, Cayo Lara, comunicó también que recibe un sueldo mensual de 4.500 euros netos como diputado, de los cuales entrega a IU todos los meses 1.400 y dona otra cantidad que no desveló a distintas ONG.

Los socialistas proponen detallar al máximo los bienes y acreditarlos con documentos

Los diputados y senadores están obligados a declarar ante el Parlamento sus bienes, patrimonio y otros ingresos desde 1985, aunque esos datos son públicos (están colgados en las páginas web de las dos Cámaras) solo desde el año 2011. Lo que se publica es un formulario en el que cada diputado declara —sin aportar documentos oficiales que lo acrediten— los bienes que posee, los sueldos o retribuciones de cualquier tipo que percibe (por actividades ajenas a su cargo público) y las deudas que tiene. No está incluido ahí su sueldo como parlamentario (no de forma expresa, aunque sí forma parte de la cuota final de IRPF). Para conocer ese sueldo —que varía de unos a otros— el ciudadano tendría que rastrear pacientemente en la web (informándose de qué cargos ocupa el parlamentario y qué retribución corresponde a cada cargo).

La propuesta de resolución que el PSOE llevará al debate sobre el estado de la nación ampliaría considerablemente el alcance de esas declaraciones, tanto las de parlamentarios como las de miembros del Gobierno (estos las hacen públicas desde 2009) y altos cargos. No tanto por el contenido de lo que habría que declarar —se propone básicamente lo mismo, aunque más detallado— cuanto por la exigencia de aportar documentos oficiales y verificarlos después. Estas son las tres patas de la resolución:

» Certificados oficiales. Se propone publicar "íntegramente" la declaración de IRPF de cada cargo público, el certificado de la Agencia Tributaria sobre rendimientos del trabajo (incluidas dietas y gastos de representación, aunque no tributen) y el documento acreditativo de estar al corriente en el pago de impuestos.

» Bienes en España y en el extranjero. Los bienes y actividades que el cargo público tendría que declarar son los mismos que ahora (bienes muebles e inmuebles, vehículos, acciones o participaciones en empresas, deudas, etcétera) pero con un mayor grado de detalle. Elementos que ya figuran en ciertas normativas autonómicas (más exigentes que la estatal) y que los socialistas han incorporado a su propuesta. Además, hay algunas novedades, como la obligación expresa de declarar los "bienes y depósitos fuera del territorio nacional" (se entiende que los poseídos legalmente y declarados a Hacienda, no las cuentas opacas en Suiza) o la de declarar "cualquier bien mueble cuyo valor supere los 2.500 euros". Ahora el formulario habla de "otros bienes", sin especificar.

» Declaración anual. El PSOE pedirá que esa declaración de bienes y patrimonio se haga anualmente (ahora es obligatoria al inicio y al final de cada legislatura). También propone que la Administración o institución a la que pertenezca el cargo público cree un órgano encargado de "verificar" que lo declarado cuadra con los documentos oficiales aportados.

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