La gota final

El corresponsal de este periódico en Bruselas, Claudi Pérez, daba cuenta en su crónica del pasado viernes de la perplejidad —prudente y expresada off the record, por supuesto— de nuestros socios europeos ante la reacción del Gobierno español y del PP en el caso Bárcenas y ante la ausencia de dimisiones en relación con el mismo. “En cualquier país del Norte la situación sería diferente”, concluía la anónima fuente. Esa misma perplejidad es lo que expresan de forma clara las respuestas obtenidas en el sondeo de Metroscopia realizado ahora, apenas una semana después de que este asunto estallara.

Probablemente el caso Bárcenas no es necesariamente el más grave del largo rosario de escándalos que han sacudido nuestra vida pública en estos años últimos: la estafa del Palau, el ERE andaluz, el caso Gürtel o el caso Urdangarin, por citar solo unos ejemplos, podrían competir con iguales o mayores méritos por el triste Oscar de la Vergüenza Nacional, si tal galardón existiese. Pero ocurre que el asunto de la presunta contabilidad B ha sido el último en aparecer en escena y ha supuesto la gota final que ha desbordado el ya colmado vaso de la paciencia ciudadana. Así, la reacción de la población ha pasado a ser de cólera y no solo —como hasta hace poco— de decepción, desapego o enfado con el Gobierno y con el PP, pero también, a su través, con toda nuestra clase política. La cosa ha empezado a ponerse alarmantemente seria.

Para empezar, el 96% de los españoles (es decir, la práctica totalidad) no comparte en absoluto la idea de que los papeles Bárcenas sean un documento ignorable y de dudoso interés: por el contrario, piensan que la información que esos apuntes contables contienen es algo que merece ser considerado y estudiado en serio. Como, por cierto, están haciendo jueces y fiscales. En segundo lugar, sigue siendo clamoroso el fracaso de los dirigentes populares en su intento de dar una explicación creíble y convincente sobre el asunto: ahora, como hace una semana, ocho de cada 10 españoles creen que no lo están consiguiendo. Y lo piensan así incluso dos de cada tres votantes del PP (67%). De hecho, la actuación en este tema de nuestros dirigentes políticos más significados es, en conjunto, definida por los españoles como desacertada, lo que proporciona una indicación más de la actual falta global de sintonía y empatía entre representantes y representados. Pero en esto hay matices diferenciales importantes que no conviene ignorar. Cospedal y Rajoy son los líderes cuya actuación y declaraciones en el caso Bárcenas son consideradas desacertadas por un mayor porcentaje de españoles: ni siquiera consiguen el apoyo de sus propios votantes, cuyas opiniones se dividen por mitades. No les va muy a la zaga el principal líder opositor, Alfredo Pérez Rubalcaba, de quien un 58% piensa que ha estado hasta ahora desacertado en este tema (si bien al menos entre sus votantes son algunos más —44% frente a 38%— quienes dicen que ha estado acertado). Rosa Díez y Cayo Lara resultan ser los menos severamente juzgados, pero son también, con diferencia, los que menos españoles entran a evaluar.

Y queda Esperanza Aguirre. Entre el conjunto de la ciudadanía su actuación en este caso es considerada desacertada, pero entre los votantes populares es 18 puntos más alto el porcentaje que considera que ha estado acertada (44%) que el que cree que ha estado desacertada (26%). En otras palabras, lo que estos datos indican es que —polémicas partidistas internas aparte sobre posibles deslealtades u oportunismos— Aguirre ha sabido conectar claramente mejor que los demás líderes de su partido con lo que ahora sienten y piensan quienes son votantes del mismo.

Y como colofón, el que va camino de acabar convirtiéndose en el caso Ana Mato. No parece que la ciudadanía cuestione ni la honorabilidad personal de la actual ministra de Sanidad, ni que desee su persecución penal por hechos, que de haber sido constitutivos de delito, habrían prescrito desde hace ya cinco años. Pero un masivo 83% (incluso un 70% entre los propios votantes del PP) considera que debe dimitir por lo que cabe definir como una cuestión de estética cívica (que no es sino uno de los nombres que cabe dar a esa responsabilidad política de la que tanto se habla y tan poco se practica). Una de las obligaciones de todo cargo público es, sin duda, no poner en situación desairada o bochornosa (aunque sea involuntariamente) ni a quien le ha designado, ni al partido al que pertenece, ni a los electores que le dieron su voto. Y eso es lo que parecen pensar los españoles y por eso piden esa dimisión. Y quizá también para así no tener que seguir —apesadumbradamente— pensando que “en cualquier país del Norte la situación sería diferente”.