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COLUMNA

Corrupciones

Mi primer contacto con la corrupción financiera en España fue fugaz y rentable. Una vez despedido de la preparación de un programa histórico en TVE hacia 1982, el juez me asignó una indemnización de un millón de pesetas. ¿Qué podía hacer con el regalo? Como en medios universitarios escaseaban los asesores económicos, acudí al joven marido de una conocida, quien trabajaba en una sociedad de inversiones, primera etapa de una brillante carrera futura en la gestión de fondos de alto riesgo. Me recomendó que adquiriera un bono del tesoro en su sociedad, para luego rescatarlo poco antes de cumplirse el año, con una leve pérdida, de sobra compensada por quedar al margen del pago de impuestos. La sociedad me proporcionó un vale, con el cual acudí a la entrada trasera del Banco de España por la calle marqués de Cubas. Al ofrecer yo el DNI, el señor de la ventanilla lo rechazó y me hizo el pago. Comenté el episodio con un par de amigos del PCE, uno de ellos José Sandoval, quienes no prestaron atención a mi historia. Obviamente no reincidí. Recientemente he sabido que mi enlace femenino de entonces hizo público por imperativo legal un patrimonio de más de mil millones de las antiguas pesetas.

A mediados de los 90 impartí una conferencia en Pamplona sobre historia de la corrupción. Al salir una secretaria sacó del bolso setenta y cinco mil pesetas para pagarme. “¿Dónde se firma?”, pregunté. “No; aquí no se firma”, fue la respuesta. Repliqué sonriendo que debían invitarme a dar otra conferencia, con un título a elegir entre “corrupción en Navarra” o “la corrupción es Navarra”. No hubo invitación, pero sí pude comprobar en futuras visitas a Pamplona, ya en el nuevo siglo, que todo funcionaba en regla.

Ni PP ni PSOE abordarán la imprescindible depuración de responsabilidades propias

En ambos casos, la intervención de instituciones públicas en los mecanismos de corrupción no era nada nuevo en España, como no es nueva, salvo en las dimensiones y en los protagonistas, la oleada de prácticas corruptas que estamos viviendo. Una y otra vez, el enriquecimiento mediante el fraude tiene lugar aplicando la fábula de las moscas que acuden al panal, y lo que es más importante, bajo el amparo de políticos destacados que acaban protagonizando la operación. La gran estafa que supuso la concesión del contrato a la Trasatlántica del marqués de Comillas por el gobierno Sagasta puso a prueba en el Congreso la capacidad de los hombres de la Restauración para machacar a los ciudadanos en beneficio de los propios bolsillos. Y lo mismo cabe decir entre 1905 y 1928 del episodio en que notables de la época, con Antonio Maura a la cabeza, bloquean la construcción de embalses para abastecer de agua a Madrid con tal de defender un supuesto privilegio del marqués de Santillana.

Nada tiene de extraño que la historiografía se haya mostrado clemente con la corrupción pretérita, sobre la base de que tanto en el plano político como en el económico existía en otros países. Solo que una cosa era la presencia de corrupción en un sistema, y otra que el sistema fuera la corrupción (el gobierno hace las elecciones). La última recuperación en este sentido corresponde a la figura de Juan March, al parecer hombre de negocios sin ley, con asombrosa capacidad de hacer dinero “cosa que nunca ha estado bien vista en España” (sic). Las justificaciones se suceden para el Smugglers’ King del Mediterráneo, así llamado por los servicios diplomáticos ingleses, que sobornaba a todas las organizaciones políticas de Mallorca, salvo a los liberales de Weyler. Antes de financiar el 18 de julio. Una extensa investigación sin franquear los archivos del biografiado hace posible el lavado de imagen.

El hecho es que gracias a la sucesión de voraces creadores de riqueza propia a costa de intereses públicos hemos llegado a la situación actual, sobre cuya génesis habría que ir más allá del ladrillo, hasta esa vertiente hispana del fraude financiero de patrocinio público que solo emerge con los grandes escándalos. Nos falta un Inside Job. El PP y su Gürtel encabezan la clasificación, con ventaja abrumadora, pero no hay que olvidar los tiempos de desregulación bajo Zapatero —aquellos inexplicables elogios a la Banca de Elena Salgado— ni los ERE (hasta pequeñas miserias actuales: Fundación Ideas). Sobre todo para destacar que ni PP ni PSOE abordarán la imprescindible depuración de responsabilidades propias. Insistamos: únicamente una Comisión Nacional encargada de un Libro Blanco de la corrupción puede sacarnos del barro. Trabajos como los de Fernando Jiménez y Vicente Carbona marcan la pauta.