Cumbre catalana anticorrupción con CiU bajo sospecha

Artur Mas intentará hoy calmar las aguas dentro y fuera de su partido justo en el momento de máximo apogeo de los casos de corrupción que llevan salpicando a Convergència i Unió desde hace meses y que ayer mismo derivaron en la apertura de una nueva investigación sobre los negocios del exalcalde y empresario vinculado a CiU, Ramon Bagó. Mas se reúne en el Palau de la Generalitat a los responsables de todos los organismos de control que trabajan en Cataluña en un intento de propagar la imagen de que el Gobierno catalán busca cortar de raíz los casos de corrupción.

Concretamente, Mas se encuentra con la presidenta del Parlament de Cataluña, Núria de Gispert; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno; el fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol; el síndico mayor de Cuentas, Jaume Amat; el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. El propio Mas tiene previsto comparecer ante la prensa después para informar del resultado del encuentro. No se esperan grandes conclusiones, y tanto Mas como el consejero de la Presidencia, Francesc Homs, han avisado de que la mayor parte de posibles medidas a tomar para atajar la corrupción, como el trato que se debe dar a los cargos públicos imputados, debe ser fruto de un acuerdo entre partidos. Con este objetivo, De Gispert ha convocado a los partidos el jueves para tratar los contenidos de la reunión.

La reunión de llega en un momento de máxima tensión. Las costuras en Convergència están tensadas ante la probable imputación de su secretario general, Oriol Pujol, por el caso de presunta adjudicación irregular de estaciones de ITV. Este caso se solapa con la reciente sentencia de la Audiencia de Barcelona que certifica que Unió se financió irregularmente, además de la investigación sobre el diputado de CiU y exalcalde de Lloret, Xavier Crespo, por sus presuntas relaciones con la mafia rusa. Ayer, la fiscalía dio otro susto a la formación al abrir la investigación sobre los negocios de Ramon Bagó por las adjudicaciones millonarias que sus empresas podrían haber conseguido por su posición dentro del Consorcio de Salud de Cataluña.

Los nacionalistas, pendientes de la imputación de Pujol y Crespo

Pese a todo esto, los dirigentes de CiU y del Gobierno catalán siguen insistiendo en que la imputación de altos cargos no debe derivar forzosamente en su cese. Ayer fue Francesc Homs quien volvió a defender esta tesis. Y lo hizo poniendo como ejemplo el caso del alcalde de Alpicat (Lleida), que fue absuelto en segunda instancia tras ser condenado por un delito urbanístico. “Habríamos hecho el ridículo si lo hubiéramos apartado del cargo”, dijo Homs. El también portavoz del Gobierno catalán aseguró que lo mismo vale para el alcalde de CiU con tres imputaciones por delitos urbanísticos que, además de permanecer en el cargo, ha sido ascendido esta semana a vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona. Se trata de Ferran Civil, edil de Cercs (Barcelona).

En un intento de mostrarse neutral, Homs evitó ayer sumarse a la denuncia que el secretario general de CDC, Oriol Pujol, lanzó el lunes al insinuar que la investigación que pesa sobre su persona es fruto de una operación para frenar la ofensiva soberanista de los nacionalistas. “Pujol no dijo eso”, se limitó a decir Homs.

La reunión para encontrar una vía común de lucha contra la corrupción llega en plena oleada de imputaciones, que afectan principalmente a los dos principales partidos, CiU y PSC. La federación nacionalista, pendiente de la imputación de Pujol y Crespo, tiene un diputado inculpado por presunto cobro de comisiones en el caso Adigsa, Ferran Falcó. Además, el expresidente de la Diputación de Girona, Jaume Torramadé, fue elegido primera autoridad provincial pese a estar imputado por un delito urbanístico. Torramadé dimitió del ente provincial por un caso de presunto acoso sexual, pero sigue como alcalde de Salt (Gironès). También están imputados exconsejeros de distintos Gobiernos de Jordi Pujol (Macià Alavedra y Lluís Prenafeta) en el marco del caso Pretoria. En ese sumario de corrupción está imputado el exalcalde socialista de Santa Coloma (Barcelona) Bartomeu Muñoz, que abandonó la alcaldía tras ser encarcelado provisionalmente. Siguen en su puesto la alcaldesa de Montcada, Maria Elena Pérez, y el de Sabadell, Manuel Bustos, ambos socialistas e imputados en el caso mercurio. El PSC también está pendiente de la imputación de su secretario de Organización, apartado temporalmente de ese cargo, y diputado, Daniel Fernández. El PP catalán tiene imputado al alcalde de Badalona, Xavier García-Albiol, por un presunto delito de incitación al odio.