El acusado de ordenar los espionajes lo niega a la juez

Miguel Castaño, policía nacional y ex subdirector general de Seguridad de la Comunidad de Madrid cuando desde ese departamento se ordenaron servicios de espionaje político a supuestos adversarios de la ex presidenta Esperanza Aguirre dentro del PP, negó ayer ante la juez que conociese, amparase o dirigiese dichos seguimientos.

José Oreja, uno de los agentes que participó en esos trabajos, pese a que se quejó al entonces consejero de Interior, Francisco Granados, por considerarlos ilegales, había acusado a Castaño de ser, junto a su jefe Sergio Gamón, exdirector general de Seguridad, quién les reunía para marcarle los objetivos a seguir. Oreja asegura que en esas reuniones les explicaron que el entonces vicepresidente y hoy presidente de la Comunidad, Ignacio González, tenía especial interés en conocer los movimientos de Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia; Manuel Cobo, que era vicealcalde de Madrid —a los que realmente siguieron allá donde iban entre abril y mayo de 2008— y de Alberto Ruiz Gallardón, hoy ministro de Justicia; o Cristina Cifuentes, hoy delegada del Gobierno en Madrid, todos del PP. De estos dos últimos seguimientos no hay constancia en la investigación judicial sobre el espionaje político en la Comunidad de Madrid. Castaño aseguró que apenas conocía a José Oreja, el agente que ha denunciado esta trama, con el que había hablado sólo una vez en los años en que trabajo en ese departamento.

Imposición de silencio

La juez que instruye el caso prohibió a las partes hablar con nadie sobre lo que ocurre dentro del juzgado y anunció que dictaría una resolución sobre esa circunstancia.

Ramón González Bosch, el abogado defensor de Oreja, considera “un tanto extraña” la orden de la juez, que se produce en un momento de la investigación donde se apunta a la posible responsabilidad de altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y va a estudiar su legalidad. “Cuando sólo se hablaba de los agentes imputados y no había políticos de por medio, no hubo ninguna orden de este tipo”, señaló.

González Bosch volverá a pedir a través de un escrito que la juez de este caso se inhiba en favor del Tribunal Supremo, dado que uno de los supuestos implicados en esta trama, el que era consejero de Interior, Francisco Granado, es hoy senador y por tanto está aforado.