¿Vuelven los rusos poco recomendables?

La detención de un teniente de alcalde por sus relaciones con un constructor ha dejado de ser noticia de portada hace un tiempo. Que el constructor sea ruso y tenga amigos poco recomendables en Moscú es algo más exótico. Pero si se sospecha que el ruso tiene una estrecha relación con un diputado que ha estado a punto de ser nombrado para un alto cargo en la Consejería de Seguridad, el asunto es más preocupante. Ese es el trasfondo de la Operación Clotilde recién destapada en la localidad de Lloret de Mar (Girona). ¿Siguen las mafias rusas instaladas en España? La pregunta que se hacen los expertos no es esa. Es otra: ¿están regresando ahora que España es un país débil en medio de una crisis económica e institucional?

El constructor ruso en cuestión es el ciudadano Andrei Petrov, un hombre desconocido en medios policiales, con algunos estudios y no demasiado patrimonio personal, que maneja grandes cantidades de dinero que la Fiscalía Anticorrupción entiende que no es suyo, y que ha confesado sin tapujos que daba dinero a los equipos de fútbol y hockey de la localidad para “engrasar” las licencias de algunas de sus obras. El teniente de alcalde detenido es Josep Valls. Y el diputado hacia el que se dirigen todas las miradas es Xavier Crespo, exalcalde de Lloret por Convergencia i Unió en el anterior mandato y candidato en su momento a ser secretario de Seguridad de la Generalitat; es decir, el jefe de los Mossos d’Esquadra. La investigación sobre las relaciones de Petrov ha durado mucho tiempo: no saltó durante la campaña electoral catalana por no causar alboroto en medio del proceso. Según la investigación, alguien puso en conocimiento del presidente Artur Mas lo que estaba sucediendo alrededor de Crespo y el nombramiento no se produjo. Lo sucedido en Lloret de Mar es un caso de manual: un inversor ruso que busca tener influencias. Se rompe así un periodo de calma que duraba cuatro años sin operaciones policiales bajo la sombra de las mafias rusas.

Entre junio de 2005 y junio de 2008 se desarrollaron las operaciones policiales más importantes contra las denominadas mafias rusas en España. Los nombres de Mármol Rojo, Avispa y Troika son un referente internacional en la materia y permitieron a la Fiscalía Anticorrupción y a las fuerzas de seguridad españolas atesorar un conocimiento más preciso de la forma de operar de este tipo de organizaciones criminales y, sobre todo, de hasta dónde llegaban sus vinculaciones con la política y el empresariado. En mayo de 2006, la policía española pudo detener en Dubái a Zhakar Kalashov, un personaje muy importante, un auténtico jefe, convertido desde aquel momento en el preso de mayor relevancia en cárceles españolas. Kalashov fue detenido como consecuencia de la Operación Avispa, juzgado y condenado en España, donde cumplirá condena hasta septiembre de 2015.

La nómina de delincuentes rusos ilustres no era menor: tenían intereses (o sucursales) en España hombres como el citado Kalashov, como Tariel Oniani, Andrei Izguilov, Guenadis Petrov, Ivankov y alguno más todavía no suficientemente acreditado. Lo que estas operaciones policiales demostraban era el grado de infiltración de ciudadanos poco recomendables en nuestra sociedad. No eran turistas, ni refugiados de alto standing como se había dicho tiempo atrás. Su círculo de amistades en España era cada vez más tupido, como su red de influencias. Miembros de la fiscalía rusa comenzaron a visitar España interesados por la información que se estaba acumulando en nuestro suelo, pero también altos representantes del Departamento de Estado norteamericano.

Miembros de la fiscalía rusa y norteamericana han visitado España interesados por la información disponible

Un episodio culminante de todo este largo proceso de exploración fue el interrogatorio al que fue sometido en Moscú, en mayo de 2010, el magnate Oleg Deripaska por un juez y un fiscal españoles por su presunta actividad de blanqueo en una metalúrgica (Vera Metalúrgica) ubicada en Alicante. Los rusos recurrieron a canales diplomáticos del más alto nivel para evitar que el magnate tuviera que venir a España a declarar. Deripaska es dueño de la mayor empresa de aluminio del mundo (Rusail) y la quinta fortuna de Rusia. Por tanto, un personaje muy poderoso. Deripaska negó las acusaciones, pero reconoció ante los funcionarios españoles que “alguna vez” había pagado a criminales para obtener protección. Como consecuencia de las investigaciones realizadas en España, fueron destituidos funcionarios rusos; entre ellos, Igor Soboleski, un alto cargo de la fiscalía. Algunos datos colocaron en situación incómoda a políticos rusos, uno de los cuales, caso del diputado Vladislav Reznik, tenía una residencia de vacaciones en Mallorca muy próxima a la de Petrov.

Otra cuestión ha sido el resultado final de aquellas operaciones policiales. La Operación Mármol Rojo, realizada por la Guardia Civil, no llegó a juicio porque la instrucción terminó fracasando. Tampoco Avispa y Troika han avanzado. El único delincuente ruso realmente juzgado en España es el citado Kalashov, quien debe cumplir una condena de nueve años. Dos de los protagonistas de la Operación Troika (Guenadis Petrov y Leonid Kristoforov) se han fugado de España aprovechando un permiso cuando estaban negociando la conformidad de sus penas. Otro personaje, Vitali Izguilov, permanece en Alicante a la espera de juicio tras haber pagado una fianza de 400.000 euros y haber pasado en la cárcel una temporada. Otro resultado de estas operaciones es frustrante: ningún político ni alto funcionario español ha sido procesado. Los expertos policiales dan por bien empleada la experiencia: se ha hostigado a estas organizaciones y se les ha mandado el mensaje de que España ha dejado de ser un paraíso. Después de la Operación Troika pareció instalarse una calma que se ha roto en el caso de Lloret de Mar.

¿Es Lloret de Mar una anécdota en un paisaje ya despejado? Los expertos que han investigado a estas redes durante los últimos años creen que debe aumentar la vigilancia sobre ciertas operaciones económicas. “Lloret no es un gran caso, pero España no está en su mejor momento. Hay una debilidad económica e institucional. Adquirir empresas o patrimonio es barato. Hay un estado de necesidad. Las instituciones abrazan a cualquier inversor y le abren todas las puertas”. Un escenario ideal para los empresarios sin escrúpulos.